Por estos días, el Fuero Penal de La Plata concentra buena parte de la atención pública. Una serie de casos resonantes, con historias atravesadas por hechos de extrema gravedad y decisiones judiciales de alto impacto, llegan a distintas instancias de debate y despiertan un fuerte interés social.
Juicios, audiencias, presentaciones y resoluciones, se suceden en una agenda cargada de situaciones controvertidas, que mantienen a víctimas, familiares, abogados y, a la comunidad en general, pendientes de lo que ocurre puertas adentro de la sede judicial.
Con causas que por distintos motivos tomaron estado público y se instalaron en boca de todos, las miradas vuelven a posarse sobre los órganos jurisdiccionales del Palacio que funciona sobre las calles 7 y 8, entre 56 y 57, a la espera de definiciones clave.
Por ejemplo, hoy debía comenzar el debate oral contra el empresario de medios, Agustín Raimondo, acusado por una serie de incumplimientos de medidas cautelares, más lesiones en contexto de género. La denunciante es su ex pareja, Florencia Mascioli, quien ya soportó dos suspensiones del proceso y llega a esta instancia con una marcada carga psicológica.
Sin embargo, de acuerdo a información exclusiva de HyD, se supo que el imputado acaba de revocarle el mandato a su abogado Marcelo Peña, por lo que se quedó sin asistencia letrada para el proceso. ¿Qué significa esta situación? Si bien la jueza a cargo de la audiencia, Cecilia Inés Sanucci, debería convocar de inmediato a un letrado oficial, el que corresponda por turno, nadie sin acceso ni conocimiento del expediente puede sostener una representación técnica que garantice el ejercicio del derecho de defensa en juicio.
Por eso es muy probable que nuevamente se suspenda todo, con el consabido riesgo que la Justicia intentaba evitar: la prescripción de algunos cargos que pesan sobre Raimondo, con fecha de caducidad en el ya inminente mes de septiembre.
En medio de estas idas y vueltas, cabe recordar que primero los padres del imputado y, después el propio hoy ex abogado defensor Marcelo Peña, cargaron con duros términos contra la magistrada, sobre quien depositaron sospechas de parcialidad. Los primeros inclusos, le interpusieron una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados exigiendo la llamada "igualdad de armas".
Por trascendidos, la decisión de Raimondo obedece a los temores sobre la postura que tiene la jueza en el caso -cree que ya tendría redactada la condena- y más a partir de los cruces con Peña. "Por eso tomó la decisión de correrlo", indicó un vocero a HyD.
A continuación el escrito que hizo Raimondo de puño y letra expresando los motivos de su decisión:
OTROS CASOS EN LA AGENDA JUDICIAL
Familiares de Yanina Correa, cuyo cuerpo descuartizado apareció a principios de año en Abasto, solicitaron el apartamiento del fiscal del caso por “graves irregularidades” y “parálisis” en la investigación.
Patrocinados por la Asociación Civil Miguel Bru, denunciaron que la fiscalía y la policía de La Plata contaminaron la escena, instalaron la hipótesis de una sobredosis sin pruebas y desestimaron amenazas de la fuerza de seguridad. Germán, Patricia y Nahir Correa, hermanos de Yanina Correa -hallada sin vida en circunstancias violentas-, presentaron un enérgico pedido ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de La Plata para reemplazar de inmediato al titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6, Patricio Barraza.
De acuerdo a lo que pudo saber este diario, la familia denunció una “pérdida evidente de objetividad” y el freno total del expediente tras varios meses sin avances. Los hermanos afirmaron haber recibido presiones y amenazas por parte de efectivos estatales para evitar que declaren bajo reserva de identidad.
A pesar de alertar al fiscal que personal de la fuerza de la zona podría estar implicado, el funcionario respaldó ese accionar. Al día de la fecha, y debido a lo que califican como un “desvío deliberado de la investigación”, la familia denunció que todavía se desconocen las circunstancias de tiempo, modo, lugar y autoría de la muerte de Yanina.
Por tal motivo, solicitó formalmente el apartamiento del fiscal y la urgente designación de un nuevo instructor para garantizar la transparencia del proceso.
VERÓNICA DESSIO
Respecto del asesinato de la abogada Verónica Dessio, que ocurrió hace casi seis años, sus familiares y allegados volverán a movilizarse para reclamar que, después de las reiteradas postergaciones y los recursos planteados por la defensa durante los últimos meses, finalmente pueda comenzar el juicio oral.
El debate está previsto, en principio, para el próximo 25 de septiembre. La nueva convocatoria fue realizada para este miércoles 2 de septiembre a las 12, frente al Palacio de Tribunales de La Plata, ubicado en avenida 13 entre 47 y 48.
El pedido de la familia es concreto: que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar que las audiencias puedan desarrollarse en las fechas establecidas y evitar una nueva demora en el proceso.
La movilización llega después de meses de incertidumbre para los allegados a Dessio, quienes vienen reclamando públicamente que se fije y respete una fecha definitiva para el debate oral.
La defensa de una de las acusadas presentó distintos recursos y planteos que terminaron obstaculizando el inicio del proceso, que originalmente estaba previsto para junio.
CÉSAR MELAZO
Por último, el ex juez de garantías César Ricardo Melazo se presentará nuevamente en los tribunales penales platenses. En esta oportunidad, ocupará el lugar de particular damnificado dentro de un proceso judicial enfocado en esclarecer presuntas maniobras de inteligencia ilícita.
Las autoridades del Tribunal Oral Criminal II de La Plata decidieron reprogramar el cronograma original y adelantaron las audiencias para los días 6, 7, 8 y 9 del próximo mes de octubre de 2026.
La Justicia siempre es objeto de fuertes reclamos por fallos justos y en plazos razonables En el banquillo de los acusados estarán Guillermo Berra y Rosario Sardiña. Ambos exfuncionarios trabajaron en la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense durante el mandato de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y del ex ministro Cristian Ritondo.
La Justicia los procesó por los delitos de peculado y abuso de autoridad. La génesis de este expediente se remonta al 23 de octubre de 2019, fecha del allanamiento a la sede de Asuntos Internos bajo las directivas de la fiscal Cecilia Corfield.
Durante la inspección, los peritos secuestraron múltiples documentos y hallaron un registro de personas investigadas a nivel patrimonial sin el aval de un juez. El análisis de estas pruebas determinó la existencia de más de 1.400 consultas en bases de datos privadas para extraer información de magistrados, dirigentes sociales, actores políticos, empresas y organismos estatales. La defensa estará a cargo del letrado Marcelo Peña.
