La Justicia platense sumó a un nuevo procesado en el marco de la investigación penal que rastrea movimientos financieros ilícitos por una suma aproximada de 27 mil millones de pesos provenientes del juego clandestino online. Se trata de Cristian Alejandro Scigliano, quien fue detenido días atrás en uno de los seis allanamientos realizados en Mar del Plata y ahora quedó formalmente ligado a la causa tras su negativa a brindar declaración frente a la fiscal Betina Lacki.
Con este avance, el expediente acumula un total de cuatro personas bajo arresto, mientras las fuerzas de seguridad continúan la búsqueda intensiva de otros dos prófugos: Juan Ignacio Campoli Sillero y Catriel Taubenschlag, también marplatenses.
La hipótesis principal del Ministerio Público apunta a desarticular un grupo delictivo dedicado a crear perfiles en billeteras virtuales con información de terceros. Los investigadores sostienen que la organización captaba a ciudadanos en situación de vulnerabilidad y les ofrecía dinero a cambio de documentación personal y registros biométricos, como escaneos oculares.
Posteriormente, los delincuentes utilizaban esas identidades digitales para recibir y transferir dinero originado en el juego clandestino en línea, con el claro objetivo de ocultar la ruta de los fondos.
El expediente había comenzado a partir de la denuncia de una empleada de maestranza del Poder Judicial en La Plata. La mujer contó que le ofrecieron dinero para abrir una billetera virtual a su nombre. Tiempo después, perdió un subsidio porque esa cuenta registraba movimientos sospechosos.
A partir de esa denuncia, la fiscalía detectó que solo en esa cuenta se habían movilizado 172 millones de pesos. Luego aparecieron otras operaciones y nombres vinculados a una estructura que habría usado cuentas de terceros para mover dinero en pequeñas cantidades.
El primer capítulo fuerte de la causa llegó en agosto, cuando la investigación derivó en allanamientos en tres gimnasios de Mar del Plata y en la detención de Mauro Perotta, señalado como dueño de la cadena Red Line.
Luego cayeron Albertina Mangini, vinculada a la Procuración General bonaerense, e Ignacio Marchioni, un financista de Quilmes. En aquella instancia, Perotta y Mangini se negaron a declarar, mientras que Marchioni fue el único que aceptó responder preguntas.
