A 34 años de uno de los casos más impactantes de la historia criminal argentina, la casona que se destaca entre todas las de 48 entre 11 y 12, en La Plata, sigue siendo escenario de una disputa judicial. Esta vez, el conflicto no gira alrededor de la masacre cometida por Ricardo Barreda, sino del dinero que el Estado bonaerense deberá pagar por el inmueble que fue expropiado para convertirlo en un espacio de prevención y asistencia a víctimas de violencia de género.
El expediente lleva más de 13 años de trámite y todavía tiene pendiente una cuestión central: determinar el monto de la indemnización que corresponde por la propiedad. Mientras la Provincia pretende abonar el valor de la valuación fiscal, los herederos reconocidos reclaman que se tome como referencia el precio de mercado.
En ese contexto, el 24 de septiembre pasado, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata dictó una resolución que modificó la composición de quienes participan del litigio. Los jueces excluyeron del expediente de expropiación a Mariana y Emilio Tomás Arreche, sobrinos de Gladys McDonald, la esposa de Barreda.
Es que los herederos avalados por la justicia son los sobrinos directos de Elena Arreche, la suegra de Barreda, y, probablemente, la persona que él más odiaba en su círculo familiar directo. "Justicia poética", resumió un cronista judicial que conoce el expediente judicial como pocos.

El tribunal revocó una decisión anterior y respaldó la postura del Fisco bonaerense al considerar que el grado de parentesco de ambos excede el límite previsto por la legislación para heredar los bienes. De esta manera, quedaron fuera de la discusión patrimonial.
Por su parte, los herederos que continúan reconocidos en el proceso solicitaron recientemente la apertura de la causa a prueba, un paso que busca avanzar hacia la determinación del valor del inmueble y, eventualmente, destrabar una controversia que lleva más de una década.
La disputa tiene como trasfondo una particularidad jurídica: Barreda fue declarado indigno para suceder a sus víctimas, por lo que quedó impedido de recibir los bienes de su esposa, sus hijas y su suegra como consecuencia de los asesinatos que cometió.
Sin embargo, la cuestión sucesoria no terminó allí. Un testamento ológrafo fechado el 19 de mayo de 2015, en el que el propio odontólogo declaró como sus legítimos sucesores al psicólogo Alejandro Juan Clara y al abogado Eduardo Luis Gutiérrez, también abrió interrogantes y motivó un pedido de información adicional (ver aparte).
La propiedad de calle 48 había permanecido durante años abandonada y deteriorada. Finalmente, fue declarada de utilidad pública y expropiada en agosto de 2021, con el objetivo de destinarla a un centro de prevención y asistencia integral para víctimas de violencia de género.
Así, mientras el destino institucional de la casona quedó definido, su situación patrimonial todavía espera una resolución judicial. La discusión por la indemnización mantiene abierto un capítulo que comenzó mucho antes de la expropiación y que continúa vinculado a los efectos civiles de aquella masacre.
LA MASACRE
El 15 de noviembre de 1992, un domingo al mediodía, Ricardo Barreda asesinó a escopetazos a su esposa, Gladys McDonald, de 57 años; a sus hijas Cecilia, de 26, y Adriana, de 24; y a su suegra, Elena Arreche, de 86.

Los cuatro crímenes ocurrieron dentro de la vivienda familiar de la calle 48, en la zona de los tribunales platenses. Según se reconstruyó en la investigación judicial, todo comenzó después de una discusión doméstica.
Barreda tomó una escopeta Víctor Sarrasqueta calibre 16 y disparó primero contra su esposa y su hija menor, que se encontraban en la cocina. Luego subió a la planta alta y mató a su suegra. Finalmente, asesinó a Cecilia cuando bajaba por las escaleras.
Después de la masacre, intentó simular que se había producido un robo en la vivienda, pero la investigación permitió establecer su responsabilidad.
En 1995 fue condenado a prisión perpetua. En 2008, al superar los 70 años, obtuvo el beneficio del arresto domiciliario y, en 2016, accedió a la libertad plena.
Sus últimos años estuvieron atravesados por problemas de salud y dificultades habitacionales. Terminó internado en un geriátrico de José C. Paz, donde murió el 25 de mayo de 2020, a los 83 años.
Con el paso del tiempo, Barreda se convirtió en una figura de amplia exposición pública, que incluso llegó a ser objeto de producciones audiovisuales. Una notoriedad que también alimentó la trivialización de un crimen que tuvo como víctimas a cuatro mujeres de una misma familia.