Una mujer de 47 años que denunció haber sido blanco de abusos en el seno familiar desde que tenía 7 está dando una doble pelea: contra su drama y contra el paso del tiempo, que amenaza a su necesidad de lograr justicia. Es que el instituto de la prescripción se torna en una especie de daga, que provoca que el daño pueda ser aún mayor.
Se trata de Mariela Beatriz Ruiz (47 ) pudo contar su verdad después de muchos años, involucrando a su padre y al hermano mayor, quienes respondieron con un planteo prescriptivo, que ahora está para resolver en el juzgado de Federico Guillermo Atencio. En la causa interviene el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien llamó a indagatoria a los sospechosos y acaba de responder el traslado corrido por la defensa.
En primer lugar, el titular de la UFIJ N° 3 de La Plata dijo no coincidir con la pretensión prescriptiva por “la particular del ilícito del que se trata: abuso sexual infantil”.
También pidió la declaración de inconstitucionalidad del artículo 63 del Código Penal, que es el que establece cuándo comienza a operar la prescripción.
La norma dice, textualmente: “La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuese continuo, en que cesó de cometerse”. Para el fiscal Petit Bosnic, tal planteo choca de frente contra los preceptos que emanan de la Constitución Nacional y los pactos internacionales a los que adhirió el país en materia de los derechos del Niño.
“La prescripción de la acción, en casos de abuso sexual infantil no puede computarse, sino a partir de la realización de la denuncia efectuada por la víctima o quien la represente”, expresó el funcionario judicial, que advirtió el riesgo de comprometer, de no aplicarse este criterio, la responsabilidad del Estado Argentino.
El fiscal citó fallos y refirió que “velar por el interés superior del niño impone una tutela especial, así como garantizar el derecho a ser oído y acceder a la Justicia”. Siguió, luego de profundizar el análisis dogmático: “El caso que aquí se discute tiene lugar en un estadio previo, y nada tiene que ver con la función garantizadora de la prescripción atada al plazo razonable (para ser juzgado y superar el estado de sospecha), en tanto se trata de supuestos en donde las víctimas de abuso sexual en momentos de su infancia, no logran anoticiar los sucesos padecidos sino ya en su adultez, cuando han transcurrido muchos años desde la comisión del abuso. Que hasta el momento en que se efectúa esa denuncia, la persona que se encuentra denunciada nunca ha estado sometida al proceso judicial y por ello, mal podría argüirse en su beneficio que lo
ampara el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas”.
“Aquella dilación en la concreción de la denuncia en rigor, no es en el caso el resultado de una falta de intención de la víctima de exponer judicialmente los hechos padecidos, sino, por el contrario, ello obedece al propio tiempo que le llevó poder expresar los episodios vividos luego de muchos años de tratamiento”, acotó. Al describir el episodio investigado, Petit Bosnic explicó que un niño abusado no tiene ninguna posibilidad de acceder a la Justicia, sino cuando adquiere la madurez y logra desapegarse del propio contexto padecido.
El fiscal cerró su argumentación de la siguiente manera: “Descartado el posible anclaje constitucional de la prescripción contabilizada en los términos cuestionados, lo que hay es una falta de correspondencia de una norma de derecho interno, con principios de naturaleza constitucional, cuya primacía es necesario validar”.
Sebastián Oscar Medina, representante letrado de la denunciante, también se opuso al planteo defensista. En su escrito, el abogado hizo una pintura descriptiva del hecho: “El abuso sexual con acceso carnal fue proferido contra la denunciante en su más temprana edad y con los serios agravantes establecidos por el artículo 119 del Código Penal, incisos a, b y f, todo ello por haber sido cometido contra una menor de edad aprovechando la convivencia preexistente, con grave daño a la salud física y mental de la víctima y, nada más y nada menos, que por haber sido proferidos por su progenitor (padre biológico) y el hermano mayor”.
“Estamos ante un ilícito aberrante, imperdonable y merecedor de la más alta pena judicial y repudio social”, agregó, además de citar jurisprudencia y doctrina aplicable, en idéntico sentido que el fiscal Petit Bosnic: “No sería razonable que quien cometió y perpetuó un aberrante delito, como en el caso serían los investigados, sobre la base del seguro silencio de la indefensa víctima, quien era abusada nada más y nada menos que por su padre y hermano mayor, luego estos se vean beneficiados por el instituto de prescripción de la acción penal por el solo transcurso del tiempo".
Para el abogado, "resolver lo contrario sería un acto grave del funcionario que debe, por los fundamentos antes esgrimidos, proteger, amparar y velar por los derechos del más vulnerable contra los victimarios”. Medina habló de sentimientos de culpa, desdén, alienación y revictimización. Y, yendo al caso concreto, dijo: “No hay dudas de que Mariela Ruiz, recién al tiempo de la denuncia, empezó a liberar sus fantasmas, lo que le permitió poder expresar el calvario que había vivido durante tantísimos años, desde su más remota infancia y hasta su adolescencia. Vale destacar que recién ese hecho trascendente en su historia fue el puntapié, su principio de sanación, el que todos sabemos nunca se cura, pero que se intenta sanar, superar y atravesar de la mejor forma”.
Por eso, se opuso al éxito de la pretensión de los denunciados. En declaraciones periodísticas, la víctima contó que las agresiones contra su intimidad se extendieron desde su infancia hasta los 18 años. En esa época ya estaba de novia y pudo hacerle frente a su padre. El relato es desgarrador.
“Cuando terminábamos de cenar empezó a decirme andá a mi cama, así la tengo calentita. Todo delante de mi mamá, que jamás hizo nada”. “Ahí empezaron los tocamientos”, aclaró y después “la agresión fue escalando hasta lo peor”, recordó.
Con los abusos como moneda corriente, siempre en base a la declaración que Mariela hizo ante este diario, “a los 12 años me descompuse y mis padres me mandaron a Misiones, donde teníamos una pariente. No sabía por qué, pero terminé en una camilla, en un sucucho, donde apareció un extraño con una espátula. Al rato me dieron un par de inyecciones. Recuerdo que me dolía la panza, a la altura de los ovarios”.
“Eso pasó alrededor de 1988 o 1989 y me quedé en esa provincia hasta el año siguiente. Fue por marzo, que me pasaron a buscar y regresé a Magdalena con todos”, agregó.
Mariela indicó que, pese a lo que había ocurrido, "los abusos no cesaron. Y también empezaron los golpes, porque me fui poniendo más grande y mostraba resistencia”.
“Tuve crisis de pánico, ideas suicidas y anorexia nerviosa. Hice terapia, pero jamás conté nada. Me sentía culpable. Sentía que era un desastre. Me casé a los 19 años y así y todo, cuando mi papá me iba a visitar, me susurraba cosas al oído y me tocaba la espalda, la cola”, aclaró.
En 2010 se dio el corte definitivo en la relación con su familia de origen, pero no por eso a Mariela se le solucionó la vida. Todo lo contrario. Los recuerdos la atormentaban y el terror se apoderó de cada uno de sus espacios. “No podía hacer nada. Estaba presa en mi propia realidad, perseguida. No podía ir ni a hacer un mandado. Me ahogaba, estaba irritada, le contestaba mal a mi esposo y sin ninguna razón”, comentó.
Por eso, en 2021, decidió retomar terapia y empezó a soltar esa angustia que la abrumaba. Incluso hubo un episodio que obró como un clic. Ese fue el comienzo del final”.
Además aseguró que “mi hermano mayor me violó cuando tenía 17 años. Él estaba alcoholizado. Me dijo `yo sé cómo tratar a las puti...”.
Hoy Ruiz está de pie, fortificada, sacando a relucir su doloroso pasado, para intentar convivir con él, pero sabiendo a lo que se enfrenta: para llevar a juicio a quienes denunció, necesita que el expediente siga con vida.
