La Secretaria de Justicia de la Municipalidad de La Plata, Marina Mongiardino, que actualmente ocupa también la presidencia del Colegio de la Abogacía local, interpuso una denuncia penal contra la anterior administración comunal, la que encabezó Julio Garro, a la que acusó por presuntas irregularidades para la autorización y facilitación de urbanizaciones privadas dentro del distrito. En concreto, se habla de supuestos delitos como "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal argentino)", "Incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 249 del Código Penal argentino)" y hasta de un "Enriquecimiento ilícito (Art. 268 del Código Penal) o Cohecho (Art. 256 del Código Penal argentino)".
Sobre este último punto, la presentación, a la que tuvo acceso en forma exclusiva HyD, dice: "... considerando la existencia de ganancias estimadas en U$D1.500.000.000 (mil quinientos millones de dólares) por los loteos con servicios en violación de la normativa provincial y desoyendo las reiteradas objeciones del gobierno provincial, se podría presumir la comisión de delitos de corrupción que permitieron el avance desenfrenado de urbanizaciones ilegales en zonas donde no se contemplaba -ni se permitía- la creación de estos".
"También, y en consideración de lo expresado respecto a la obligación generada en cabeza del municipio local que conllevaría la erogación de -ni más ni menos- que de $700.000 millones de pesos -el equivalente al presupuesto municipal destinado a obra pública de 22 años-, y lo que se pudo haber erogado hasta el momento, entiendo que el accionar desplegado por dichos funcionarios merece ser investigado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del estado (art. 174, inc. 5 del Código Penal Argentino)", agregó.
Por si fuera poco, en la denuncia Mongiardino también pide que se investiga la posible comisión de delitos ambientales, por cuanto "el avance de urbanizaciones ilegales sobre zonas rurales que no amparaban la urbanización, valga la redundancia, de las mismas entre las cuales podemos encontrar zonas frutihortícolas con la zona más fértil de Latinoamérica, deberá investigarse también la posible comisión Delitos Ambientales, en violación a la ley 12.076, también conocido como Código de Faltas Ambientales – que establece sanciones y multas para aquellos que realicen actividades que perjudiquen el medio ambiente, tales como el vertido de sustancias peligrosas, la tala ilegal de árboles, la contaminación del agua o del aire, y otras conductas que puedan degradar el entorno natural de la provincia-, como así también la violación a la ley 11.723 que es uno de los pilares de la protección del medio ambiente en la Provincia de Buenos Aires, regulando aspectos como la
preservación de los recursos naturales, la calidad ambiental y el uso sustentable del territorio".
Según el documento, que ya ingresó en la esfera de la Justicia Penal de La Plata, "en su momento como vecinos de la Ciudad, y hoy como gestión gobernante, hemos podido notar la creciente -y desproporcionada- construcción de los denominados Barrios Cerrados, Semi Cerrados y Abiertos".
"Ahora bien, justamente a partir de las diversas irregularidades detectadas en la aprobación anormal e inaudita de loteos con servicios que se han plasmado en informes, dictámenes y auditorías que se acompañan a la presente, como así también de las observaciones y objeciones realizadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el marco de los expedientes administrativos, se ha podido constatar la existencia de un plan de gobierno estratégicamente desarrollado y ejecutado para la creación indiscriminada de urbanizaciones ilegales, es decir, por fuera de la normativa vigente, mas precisamente el Decreto Ley 8912/77 y la Ordenanza Municipal 10703/10", completó.
La ordenanza 10703 es la que regula el desarrollo de estos emprendimientos urbanísticos privados y busca garantizar que los proyectos de gran escala respeten los parámetros urbanísticos y ambientales locales, con el fin de tutelar el interés urbano-ambiental, preservando el equilibrio entre la expansión urbana y la calidad de vida de los ciudadanos platenses.
Por eso, sostuvo la secretaria de Justicia Municipal que "El hecho de que estos desarrollos se hayan realizado sin cumplir con las disposiciones normativas aludidas no solo genera una infracción a la normativa local, sino que también pone en peligro el correcto ordenamiento territorial y la equidad en el acceso al suelo".
Se habló de una "omisión deliberada" de obtener los avales administrativos correspondientes para permitir el avance de las obras. Y entrelíneas plantea que esa conducta no se habría hecho gratis.
"En consecuencia, el Ejecutivo Municipal otorgó por entonces factibilidades urbanísticas, permisos de obra, autorizaciones para publicitar loteos y aprobaciones a la faz geométrica de subdivisiones, además de visar planos de subdivisión, cobrar plusvalías y crear nuevas normativas, todo ello sin la intervención ni el consentimiento -obligatorio, reitero- de la Provincia -cuya función, entre otras, es la de verificar el apego de la propuesta local al marco normativo provincial- lo que generó una cadena de tramitaciones ilícitas con graves consecuencias territoriales", apuntó.
Por eso entendió que "abarcando una extensión aproximada de 200 kilómetros cuadrados, los proyectos derivados de estas ordenanzas afectaron a miles de vecinos, poniendo en jaque el equilibrio urbano y ambiental de la región. A efectos de dimensionar la extensión de los proyectos ejecutados de forma ilegal por la gestión anterior, actualmente la zona urbanizada y urbanizable TOTAL de la Ciudad de La Plata es de 250 kilómetros cuadrados, es decir, conllevó una extensión de casi un cien por ciento del total. Y como contrapunto, podemos estimar que las inversiones y ganancias generadas por estos mega emprendimientos de loteos ronda los U$D1.500.000.000 (mil quinientos millones de dólares)".
"Pero no solo ello, sino que además -como se acredita con el informe que aquí se acompaña-, el accionar de los funcionarios públicos que gestionaban el ejecutivo municipal colocaría -de continuarse con el criterio asumido por la gestión anterior- al Estado Municipal bajo la responsabilidad de incurrir en costos de infraestructura y servicios estimado en un total estimado $700 mil millones de pesos, cifra equivalente al presupuesto municipal de obra pública para los próximos 22 años, lo que sin lugar a dudas ocasiona un grave y serio perjuicio a las arcas de este municipio, y en definitiva, a los vecinos platenses que lo sustentan mediante el pago de tributos", se indicó.
Ya en el cierre de la denuncia se estableció: "La conducta mencionada y ejecutada por los más altos funcionarios del gobierno municipal anterior, no solo refleja un claro desapego al orden legal y el bienestar comunitario, sino que además dio luz verde a un esquema de acción que atenta directamente contra el interés público, con un impacto económico, social y ambiental de proporciones preocupantes".
Y concluyó: "El accionar irresponsable e ilegal de los funcionarios de aquella gestión no fue propio de un obrar negligente, sino que por el contrario se trató, reitero, de un plan sistemático de gobierno mediante la urbanización desmedida, arbitraria e ilegal en miras de obtener un rédito económico por parte de quienes tenían en su momento la facultad de aprobación o no de dichos loteos".
