El dinero que se mueve detrás de los cinemómetros, aquellos dispositivos diseñados para medir en tiempo real la velocidad del tránsito, activó las alarmas. Estos equipos están por todos lados y representan una fuente inagotable de recursos para las provincias, los municipios y las empresas que brindan el servicio. Se trata de cifras escandalosas, cuyo manejo es objeto de distintas investigaciones judiciales. Es que en torno a este millonario negocio hay un entramado complejo que -se cree- ha sido orquestado de esa manera para dificultar los controles.
Las mayores sospechas aparecen cuando entran a tallar actores externos en el mercado de las infracciones viales. Apuntan a las universidades y las fundaciones que se crean dentro de su ámbito de incumbencia, porque son las que terminan recibiendo una buena porción de esos ingresos.
En La Plata, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3, a cargo de Ernesto Kreplak, por la secretaría de Pablo Schapiro, avanza con una causa que intenta desentrañar la posible existencia de una “caja negra” presuntamente relacionada con la UTN (Universidad Tecnológica Nacional). Es por el período 2012/2015.
Este expediente se desprendió de otro que terminó con el por entonces rector de esa alta casa de estudios, Carlos Fantini, procesado por una presunta malversación con la contratación de los ingenieros responsables de controlar el plan “Argentina Trabaja”, correspondiente al Ministerio de Acción Social, entre los años 2009 y 2015. Hoy Fantini está esperando el juicio oral por ese caso, junto a varios imputados más. Interviene el Tribunal Oral en lo Federal I de nuestra ciudad, que todavía no designó fecha de debate, aunque hubo una reciente prórroga de las medidas cautelares dictadas en el marco de ese proceso, según confirmaron a este diario calificadas fuentes judiciales.
Volviendo a la denuncia de los aparentes desmanejos de la UTN vinculados a las fotomultas, que tenía al menos 13 contrataciones para desarrollar la actividad en General Pueyrredón, Lezama, Tigre, Dolores, Madariaga, Tordillo, Pergamino, San Nicolás, Campana, San Fernando, La Plata, Chascomús y Lavalle, hubo un redireccionamiento de la pesquisa a partir de un aporte del fiscal federal Guillermo Marijuan, al que le había llegado información de interés y que puso a disposición del juez Kreplak.
En principio, se comprobó la existencia de un convenio marco suscripto por las autoridades del Gobierno provincial de aquel entonces, que tenía a la UTN como único prestador posible. “Las comunas que querían instalar equipos de registro de infracciones viales, debían sí o sí hablar con la UTN, que a su vez había subcontratado a CECAITRA para la faz operativa”, aportó un vocero.
Se trata de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina, que agrupa a distintas empresas del rubro, aunque puede por sí aportar el equipamiento y el software que permite el desarrollo del servicio. Por todo esto, a fines de 2023 personal de Gendarmería ejecutó una orden de presentación de efectos requerida por el Juzgado Federal 3 de La Plata, en la UTN y en CECAITRA, que permitió recopilar importante documentación.
Al parecer, el ingreso de la Fundación UTN se debió a que, como la universidad es un organismo del ámbito nacional, no podía recibir fondos de la provincia derivados de las fotomultas. Por eso la cuenta bancaria la aportó su ONG a poco de la rúbrica del convenio marco. Se habla de más de 10 millones de pesos recaudados, calculados al 2013, que hoy representarían una suma descomunal.
El juez Kreplak intenta determinar qué se hizo con ese dinero, aunque la sospecha es que pudo existir una suerte de ruta ilegal para sacar un porcentaje de lo ingresado hacia un destino aún desconocido. Demás está decir que las autoridades de la universidad y, los miembros encumbrados de la fundación, con actividad al momento de los hechos, están bajo la lupa. Los informantes indicaron que hoy la UTN ya no tendría más injerencia en el tema de las infracciones viales, porque “con todo el ruido de la causa madre y, esta que apareció después, a medida que fueron venciendo los contratos con los municipios, estos no se renovaron. Fueron en busca de otros prestadores”.
MATRIZ
Se sabe que hay otras investigaciones judiciales en curso, donde el objeto procesal es idéntico al descripto con la UTN. En Tres de Febrero, por caso, el juez federal Juan Manuel Culotta tiene abierta la causa 910/2024 caratulada “UNSAN y/o s/ delitos a determinar”.
En todos los casos, se presume de la posible existencia de un corrimiento de fondos con fines ilegales o, en la hipótesis de mínima, para no hacerlos pasibles del pago de tributos, lo que también tendría impacto en las arcas oficiales. Las fundaciones, se sabe, tienen exenciones impositivas, por lo que resultan muy tentadoras para evitar quitas o percepciones.
Por ejemplo, se sabe que una ciudad de la Costa atlántica recaudó en 2024 más de 650 millones de pesos netos por infracciones viales, que debería distribuir: 24 por ciento el municipio, 20 por ciento la Provincia y 56 por ciento una fundación vinculada a la prestadora.
Es casi el mismo patrón de reparto que hay en un distrito del Conurbano profundo, que en el año obtuvo arriba de 3.500 millones de pesos netos y solo se llevó el 24 por ciento. El resto, 20 por ciento para la Provincia, 17 por ciento para una fundación y 39 por ciento para la prestadora. Por último, en otro distrito del norte provincial, de los 450 millones de pesos netos recaudados, 16 por ciento quedó en la Comuna, 20 por ciento se llevó la Provincia, 19.2 por ciento una fundación y el 44.8 por ciento la prestadora.
