La polémica está instalada desde el último 21 de mayo, cuando un grupo de abogados de La Plata se anotició de que la Comuna estaría detrás de un cobro millonario al Colegio Departamental en concepto de la tasa SUM (Servcios Urbanos Municipales).
La situación saltó a la luz en la última reunión del Consejo Directivo, donde se mencionó que las más altas autoridades de la institución habrían mostrado su interés de cancelar una vieja deuda que se mantenía con el Palacio de calle 12.
A pesar de que el Colegio de Abogados es una entidad de bien público sin fines de lucro, lo que implicaría tener ciertos beneficios fiscales, entre ellos la exención de pago de las tasas municipales, en este caso la idea de quienes manejan la entidad de avenida 13 igualmente sería la de desembolsar 15 millones de pesos (así de redondo, lo que también llamó mucho la atención) para dejar la cuenta en 0.
En este punto, no pasó por alto la estrecha conexión que existe entre la Municipalidad y quienes comandan el Colegio Departamental, por lo que el caso motivó incluso la presentación de una nota con un pedido de explicaciones.
En ese documento, al que tuvo acceso HyD, se consignó que "el Colegio no persigue fines de lucro ni desarrolla actividades económicas que generen una obligación tributaria de este tipo. Su objeto está vinculado a la formación, representación institucional, defensa y asistencia profesionales de las abogados y abogados, además de su importante rol social para todas las ciudades del departamento judicial, lo cual no genera base imponible para tasas como la SUM".
"La naturaleza de nuestro Colegio, dada la ley provincial, no ha cambiado con los años, por tanto, no hay posibilidad alguna que se plantee una deuda a su cargo con este concepto", agregaron.
Además, como en el Colegio Departamental estaba dando la vuelta la idea de saldar el rojo sumando a la Caja de Previsión Social para Abogados, al ser cotitulares de las partidas inmobiliarias, eso encendió otra señal de alarma, porque estaría implicando el uso de fondos derivados de los aportes de los letrados.
Para los presentantes, la incorporación al Presupuesto 2025 (que se debate el viernes) de estos conceptos como "deudas" no guardan fundamentación técnica, jurídica y económica, atenta contra la transparencia, la historia institucional y la defensa del patrimonio de todas y todos los matriculados del Colegio.
Por eso solicitaron "que se agoten todas las alternativas previas al pago, sean administrativas o judiciales, previo a convalidar, sin más, compromisos que al primer análisis, resultan infundados".
