La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires sacó a la luz un nuevo documento para alertar por "la preocupante situación de las jubiladas y jubilados judiciales", además de resaltar la insistencia en la "defensa de la independencia del Poder Judicial, como principio fundamental para la vigencia del estado constitucional de derecho".
"La Red no se constituyó como una entidad gremial o profesional, en sentido típico, ni persigue fines corporativos", aclararon, aunque "en varias ocasiones fue necesario caracterizar la naturaleza del trabajo judicial para contrarrestar campañas destinadas a desprestigiarlo", explica el documento.
Según detallan en otro documento de 2022, "los jueces y funcionarios judiciales somos trabajadores en relación de dependencia que, en compensación por nuestro desempeño profesional, prestado con exclusividad y durante todos los días del año, recibimos un salario mensual que –a los fines tributarios– no puede reputarse como ganancia. Si bien los sueldos de los magistrados del Poder Judicial son, en promedio, superiores a los percibidos por otros trabajadores del sector público, es preciso resaltar que los jueces y funcionarios estamos sometidos a un riguroso sistema de incompatibilidades, por el cual la función judicial debe realizarse con exclusión de cualquier otra actividad laboral o ejercicio profesional, salvo la docencia, que pudiera representar un estipendio adicional, engrosando la retribución salarial”.
En cuanto a la situación previsional, salieron a desmentir que los magistrados cobren “jubilaciones de privilegio”.
Ya en 2019 salieron a explicar que "los aportes de cada juez provincial al Instituto de Previsión Social (IPS), son cuantitativa y porcentualmente superiores a los de cualquier otro agente del Poder Judicial, incluida la administración pública bonaerense". Tiempo después, con lo que calificaron un "creciente deterioro de las remuneraciones de nuestros jubilados y pensionados, tras 30, 35 o 40 años de trabajo en los tribunales bonaerenses", expusieron:
“Advertimos con sostenida inquietud que la Acordada Nº 4.093 de la Suprema Corte de Justicia, del 19 de diciembre de 2022, a la par que establece un reescalafonamiento dentro del Poder Judicial, introduce, en forma implícita, variaciones en el régimen previsional de la judicatura, con afectación de la movilidad jubilatoria regulada por el art. 7 del decreto-ley 7.918".
"Lejos de reformular los cambios necesarios reclamados por La Red, en defensa del imperio de la citada ley que establece el derecho a la movilidad jubilatoria, así como por los cientos de jubilados y pensionados que iniciaron acciones procesales en el fuero contencioso administrativo – lamentablemente sin obtener sentencias definitivas, hasta la fecha–, la Suprema Corte profundizó las directrices generales de la Acordada 4.093, a través de la Ac. 4.191 (del 20 de junio de 2025). Tan lesiva la una como la otra, de los derechos legítimamente adquiridos por todos aquellos que hicieron sus aportes previsionales, durante toda su carrera judicial, en función de los términos de la ley 7.918, aún vigente", advirtieron.
En el mismo documento reclaman que "los haberes de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial bonaerense –es decir, de quienes seguimos en actividad y, con igual o mayor razón, de nuestros jubilados– han sufrido un manifiesto deterioro en los últimos años, máxime si se los coteja con las retribuciones que perciben quienes ejercen idénticas responsabilidades en otros estados provinciales".
Según la Red, del total de las jurisdicciones locales (son veinticuatro, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), los sueldos de la justicia bonaerense ocupan "uno de los últimos lugares, siendo el estado provincial con la mayor conflictividad judicial del país".
Pusieron el foco también en que persisten "centenares de cargos vacantes en el Poder Judicial bonaerense, obligando a que casi todos los magistrados, de los distintos fueros, deban desdoblarse en sus cotidianas responsabilidades para ejercer prolongadas subrogancias".
"Ni qué decir del atraso remunerativo respecto de los sueldos de los agentes, secretarios, miembros del Ministerio Público y jueces de las diversas instancias del fuero federal, donde la brecha salarial tiene ribetes históricos. Esa diferencia es abismal y, en gran medida, viene provocando un éxodo de la justicia provincial hacia el fuero federal, sobre todo en el Conurbano. No es un dato desdeñable de la realidad que calificados funcionarios y jueces provinciales no sólo han migrado a otros poderes judiciales, sino también al ejercicio de la actividad privada".
Por eso, resaltaron, "no se trata de una simple cuestión salarial, sino de una significativa afectación a la independencia del Poder Judicial, que requiere también de la debida preservación de los miembros que fueron formándose en el quehacer judicial a través de muchos años y que el señalado éxodo – tanto a otros poderes judiciales con retribuciones sensiblemente superiores, cuanto al ejercicio profesional de la abogacía– indudablemente menoscaba".
