El abogado de La Plata Diego Lacki es uno de los apuntados en las denuncias por fraude y administración fraudulenta a partir de su intervención en la desarrolladora inmobiliaria ABES S.R.L. Si bien la firma ya tiene nuevos propietarios, que intentarán recomponer la grave situación planteada por los atrasos en la construcción de distintos edificios, en algunos casos, y la falta de ejecución de obras, en tantos otros, el pasado reciente ya está siendo analizado en la Justicia. Concretamente, las presentaciones penales aseguran que Lacki, junto al menos dos personas, siguió comercializando proyectos y desarrollos premium a sabiendas de que la firma estaba en cesación de pagos.
Sin embargo, en un escrito de descargo, el letrado ejerció su derecho de defensa. Lo hizo en la UFI N° 3 del fiscal Gonzalo Petit Bosnic y, en respuesta a las graves acusaciones de la viuda del anterior titular de la compañía, quien motorizó un expediente para que se investigue la ruta del dinero y si hubo desvíos hacia cuentas en el país y/o en el exterior.
Sobre esa cuestión, Lacki expresó que en 2020, durante la pandemia, fue convocado profesionalmente por Carlos Gustavo Tejada Ibáñez, por entonces el único responsable de la empresa, quien padecía una enfermedad incurable y buscaba ordenar su situación patrimonial, societaria y familiar.
A partir de ese proceso, explicó, se constituyó el fideicomiso testamentario y de administración “Romeopet”, debidamente instrumentado por escritura pública y posteriormente declarado válido por el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de nuestra ciudad.
En dicho fideicomiso, siempre a decir de la nota de descargo, se incorporaron todas las participaciones societarias del grupo empresario de Tejada Ibáñez, designándose como única fiduciaria y administradora a la esposa, hoy denunciante. En consecuencia, agregó, ella concentró la totalidad del poder decisorio sobre las sociedades del grupo (Nimrod, Plaza San Martín SRL, Enki SRL, Lazulli SA y Abes Desarrolladora SRL), siendo además socia mayoritaria de Abes con el 57% del capital social, lo que le otorgaba control absoluto de la gestión.
El autor remarca que su rol fue siempre estrictamente limitado: actuó como albacea, asesor jurídico externo y socio minoritario sin facultades de administración ni gestión. Declaró que nunca administró fondos, tuvo firma bancaria, dispuso de dinero, dio órdenes a empleados ni tomó decisiones comerciales o financieras. Y que su intervención fue exclusivamente jurídica y consultiva.
Desde el punto de vista legal, Lacki sostiene que, conforme a la Ley General de Sociedades, la responsabilidad por la administración y representación de una SRL recae únicamente en los gerentes, excluyendo cualquier responsabilidad del autor como socio no administrador.
Asimismo, destaca que la denunciante tenía pleno conocimiento de la situación económica y de la gestión de la empresa, participaba de reuniones societarias, aprobaba decisiones y asumió compromisos patrimoniales que luego no cumplió, los cuales constan en actas del fideicomiso, especialmente en el Acta Nº 6 de RomeoPet.
En cuanto a su rol como albacea, aclara que fue aceptado con facultades limitadas, sin administración de bienes ni manejo de fondos, con dispensa de rendición de cuentas, y que aun así rindió cuentas judicialmente sin impugnaciones por parte de la denunciante.
Finalmente, concluye que no existe ningún fundamento fáctico ni jurídico para atribuirle responsabilidad en este ámbito, ya que su conducta no encuadra en ningún tipo penal. Cualquier eventual controversia sería de naturaleza civil o societaria, ámbito en el cual la denunciante nunca cuestionó su accionar, por lo que considera la denuncia como infundada y malintencionada.
A todo evento, cabe destacar que ya se presentó con un defensor, Juan Di Nardo, quien ejercitará su representación ante todos los reclamos que pudieran afectarlo.
LAS DENUNCIAS
Son muchas y mantienen un mismo patrón imputativo: desde ABES, a sabiendas de que no iban a poder cumplir con ningún contrato, continuaron captando clientes e inversores, que colocaron importantes sumas de dinero, sin recibir nada a cambio.
A la conocida denuncia del ex entrenador de Gimnasia, Pedro Troglio, patrocinado por Miguel Molina, se conoció que la mamá de un fiscal platense es una de las aportantes en espera. Incluso el funcionario tuvo que excusarse de intervenir en una denuncia al considerar que no iba a poder desarrollar su labor con la objetividad que su cargo requiere.
En ese sentido, mencionó que "mi progenitora (...) ha sido firmante el día 10 de julio de 2024 de un fideicomiso correspondiente al Edificio Elipsis sito en calle 54 entre 4 y 5 de esta ciudad, (inmueble este que se encuentra en la actualidad en construcción, paralizada) el cual pertenece a la empresa aquí denunciada ABES, encontrándose mi madre notoriamente afectada en la actualidad, tanto en lo patrimonial como en lo emocional, por las circunstancias que emergen de la denuncia que diera inicio a la presente".
"Lo alegado puede ser -razonablemente- vehículo de suspicacias de falta de objetividad por parte del suscripto del lado de otros involucrados en el proceso penal, por lo cual, entiendo, asoma como prudente -y necesario- el planteo de la cuestión", indicó.
"Si de alguna manera puede presumirse por razones legítimas que el magistrado genera dudas acerca de su objetividad frente al tema a decidir, debe ser apartado de su tratamiento, para preservar la confianza de los ciudadanos y sobre todo de los imputados en la administración de justicia, que constituye un pilar del sistema democrático", indicó en su planteo, que encontró favorable recepción por parte del juez de garantías Pablo Raele y motivó que la causa recale ante el citado Petit Bosnic, quien probablemente sea el que acumule todas las presentaciones y desarrolle la pesquisa.
También estarían en la larga lista de damnificados el dueño de una heladería con productos de alto valor de mercado, el dueño de una casa de electricidad, un ex árbitro, un socio de rugby del Club San Luis y la Caja de Seguridad Social de los Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires, que reclama un perjuicio actualizado de casi 8 millones de dólares.
Sobre este último pedido, en la denuncia, con la asistencia letrado de Alfredo Gascón, se indicó que "entre los años 2018 a 2020, la Caja que represento realizó inversiones en la firma ABES Desarrolladora de Negocios SRL, reconocido emprendedor de la Ciudad. Entre ellas un mutuo de fecha 25.10.2019, donde la desarrolladora ejecutó la cláusula séptima del convenio de mutuo y aplicó unilateralmente su amortización a una inversión inmobiliaria en el edificio ABES CROMO, ubicado en la calle 2 e/ 56 y 57 de La Plata. El mutuo que dio origen a la relación fue del orden de los U$S 1.890.625, a un interés anual del 8%, con plazo de devolución en 24 meses, con una cláusula de asignación de unidades habitacionales a voluntad/opción ABES –la ya referida cláusula séptima- acordando un valor de U$S 2.180 el m2 para dicha opción, en caso de entregarse metros construidos".
"Por escritura Nº 315 de fecha 27.11.2020, ABES representada por su apoderada Macarena Nuñez ejecutó la opción de entrega de metros cuadrados, adjudicando a la Caja 867,26 mt2., correspondiente a 15 departamentos en el edificio Abes Cromo, con un valor de U$S 2.179,99 por m2, edificio cuya construcción se había iniciado en 2017 y en ejecución, es decir se canjeó a un precio mayor que el estipulado en esa misma cláusula que para un edificio en pozo, defraudando los intereses de mi representada", continuó el relato.
"Se deja aclarado que a la fecha todavía no se entregó unidad alguna y el edificio sigue en etapa constructiva, hoy incluso paralizada", puntualizaron.
Sobre los interlocutores, desde la Caja manifestaron que "los representantes legales y directivos mantuvieron varias reuniones con el Dr. Diego Lacki, quien se presentaba como administrador y/o titular de ABES, quien estaba en total conocimiento de la operación, reconoció las demoras constructivas y nos ofrecía distintas variantes en compensación por el incumplimiento, ninguna de las cuales resultaba conducente ni viable. De hecho ofreció suscribir un convenio en el que ABES se comprometía a entregar los departamentos terminados para mediados de 2026 y una contraprestación mensual a modo de alquiler, a cambio de que renunciáramos a cualquier reclamo judicial".
"En las condiciones que nos proponía eran inaceptables y más bien se trataba de una burda y falaz maniobra de dilación, rayana con la estafa puesto que nunca iban a cumplirla, para que no continuemos con nuestros reclamos. Lacki fue requerido de rendir cuentas de los fondos afectados a ese fideicomiso en el que su representada ABES es la fiduciaria, y solo se obtuvieron respuestas esquivas, dejándonos la fundada sospecha -siempre según los dichos de Lacki en las reuniones- de que los fondos de ese fideicomiso se habrían aplicado a otras inversiones en las que ABES es fiduciaria. Como colofón de esta situación, noticias periodísticas dan cuenta de que ABES estaría pasando por una situación crítica, con las obras paralizadas y con un futuro incierto para la millonaria inversión que efectuara la Caja. Es evidente que los administradores que identificamos como Macarena Nuñez -quien figura como socia gerente- y Diego Lacki, quien se presenta como titular y responsable de la empresa, han tomado decisiones sobre la aplicación de los fondos sin respetar la individualidad de cada fideicomiso, convirtiéndose así en administradores infieles de los dineros de los inversores. Solicitamos se investigue la conducta de ambos gerenciadores", concluyeron.
