Los tiempos de la Justicia. Hablamos de los 10 años que transcurrieron entre la denuncia de presuntas maniobras defraudatorias en el IOMA, planteadas desde el Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos de esa obra social, y la radicación de la causa en el Tribunal Oral V de La Plata, que tendrá a su cargo el debate oral con 11 exdirectivos sentados en el banquillo de los acusados. Los jueces serán Ezequiel Augusto Medrano, Carmen Rosa Palacios Arias y Lucas Massaccesi.
La imputación es muy grave, ya que los cargos endilgados a quienes están sospechados de enriquecerse con prácticas ilegales es en orden a los delitos de “defraudación por administración fraudulenta - Art. 173 inc. 7º del C.P.; fraude en perjuicio dela administración pública - Art. 174 inc. 5º del C.P.; asociación ilícita - Art. 210 del C.P.; peculado de caudales o efectos - Art. 261 del C.P.; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas - Art. 265 del C.P. y uso de documento o certificado falso o adulterado -Art. 296 del C.P.”.
De acuerdo a lo que se entendió probado hasta el momento, “(...) al menos entre mediados del año 2013 y fines del año 2015, dieciocho personas que laboraban en el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), con la colaboración necesaria de al menos otras dos personas que conducían un grupo de hecho de cinco empresas compuesto por Domisalud S.A., Intergemed S.R.L., Juntos en Casa S.R.L., Sistemas Operativos Salud S.A. y Cerca Salud S.A., crearon un circuito paralelo en relación al trámite del servicio de internación domiciliaria con el fin de beneficiar a éstas, toda vez que direccionaron, autorizaron y abonaron el mencionado servicio por un valor aproximado en aquel entonces de seiscientos cincuenta millones de pesos”.
Como se verá, la lista de personas señaladas en medio de estas maniobras eran muchas más de las que finalmente llegarán a debate. Es que en estos 10 años de proceso fueron innumerables los planteos defensistas, muchos de los cuales encontraron favorable acogida en las instancias de impugnación. Por eso la lista de acusados, según surge de la documentación oficial, quedó reducida a las siguientes personas: Antonio Atilio La Scaleia por aquel entonces presidente de la entidad; Roberto Jorge Passo (vicepresidente); Daniel Burgos (asesor de presidencia); Humberto Jorge Pumo (vocal del Directorio); Nicolás Vitale (director general de prestaciones); Sandra Sabattini (médica auditora); José Daniel Rodríguez (liquidador); Bernardo Julio Rodríguez (director de finanzas); Diego Osvaldo Giovanetti (subdirector contable); Gustavo Fernando Baldachis (empresario) y Ricardo Adrián Bianchimano (empresario).
La resolución que confirmó quiénes iban a juicio y quiénes no, llevó la firma de los camaristas de la Sala III de nuestra ciudad, Juan Benavides, Fernando Mateos y Raúl Dalto.
Precisamente, al analizar el contexto de la figura típica se expresaron así: “En este caso, no solo se advierte complejidad y múltiples agentes; sino, un modus operandi que refleja un esquema paralelo de gestión de solicitudes de internación domiciliaria, que incluye un trato preferencial a sociedades que conforman, bajo el velo societario, un grupo económico; la falta de auditarías de terreno; el uso de liquidaciones manuales de excepción; la falta de controles, el dictado de resoluciones y registros a medida de las empresas; la falta de registro adecuado; las irregularidades en el trato con afiliados y su captación directa por las empresas”.
“El contraste entre la facturación, las prestaciones efectivas declaradas por los afiliados y las planillas de conformidad y consentimiento de internación domiciliaria presentadas por las empresas (con el acreditado desconocimiento de firmas y delos profesionales prestatarios), revela un sistema coordinado, gobernado y asegurado -a cubierto-, desde adentro del IOMA (Presidencia, Directores y funcionarios del área de programas específicos -internación domiciliaria-), que demanda permanencia en el tiempo, no sólo para la organización y coordinación de una estructura paralela que centralice, direccione y controle (asegure) el caudal de ingresos; sino para la consecución de la finalidad delictiva típica propuesta”, agregaron.
En el fallo de Cámara, se hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensora oficial, doctora Mariela Porcel de Peralta, y los defensores particulares Juan Ángel Di Nardo y Javier Percow (actualmente representado legalmente por el doctor Juan Manuel Jordan Chelin), por lo que se revocó la resolución dictada por el juez a quo y se decidió sobreseer a Luis Angel Pérez, Patricia Viviana Nisembaum, Gustavo Fernando Seva y Jorge Héctor Giordano.
Cabe recordar que el SUPTT-IOMA, bajo la presidencia del médico Idelmar Raúl Seillant, acumula más de 47 causas en la UFI de Delitos Complejos. Y en este caso fue el que sacó a la luz los aparentes negociados en el IOMA, de los que después se hizo eco la legisladora Elisa Carrio.
