Los abogados están en llamas, preocupados y en alerta. También preparados para accionar contra la intentona del Gobierno Nacional de llevar a la práctica el divorcio exprés en sede administrativa, el cual no necesitaría de ningún letrado para disolver la sociedad conyugal. Un día las partes se levantan y, si están de acuerdo, se presentan en el Registro de las Personas de su jurisdicción y dicen "queremos poner fin al vínculo". Eso, explican los que impulsan este proyecto, tendría un costo 0 frente a los miles de pesos que puede costar el método tradicional. Pero nada resultaría tan lineal ni sencillo en una sociedad compleja como la actual. Siempre hay derechos vinculados, situaciones de poder y otras cuestiones, que tranquilamente podrían quedar sepultadas detrás de la desregulación del trámite. Al menos eso entienden muchos profesionales del derecho.
Las tensiones crecieron después de que el Gobierno Nacional enviara al Congreso un proyecto de ley con el que apunta a simplificar el trámite de divorcio, ofreciendo a los cónyuges la posibilidad de disolver el matrimonio por la vía administrativa y sin pasar por la Justicia.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, autor además de la Ley Hojarasca (que deroga normativas obsoletas) y de otra propuesta centrada en la modernización, digitalización y desburocratización judicial.
En cuanto a la separación exprés, el texto firmado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el Presidente, Javier Milei, propone “implementar un divorcio simplificado, con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esta manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica”.
Concretamente, lo que se hace es modificar el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo el divorcio en sede administrativa como una de las causales de disolución del matrimonio.
En la normativa vigente, los motivos de separación legal comprendían la muerte de uno de los cónyuges o la presunción de fallecimiento a través de una sentencia judicial y el divorcio declarado judicialmente. Ahora se busca equiparar el “divorcio en sede administrativa” con el declarado en sede judicial y para cerrar el proceso solo bastaría con “un simple trámite administrativo”, iniciado de mutuo acuerdo entre los cónyuges ante el oficial público encargado del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Ya en 2015, una reforma del Código Civil permitió agilizar el proceso de divorcio, al establecer que el único requerimiento para disolver el matrimonio es la voluntad de al menos uno de los miembros de la pareja. También se eliminó la necesidad de justificar los motivos para separarse.
La nueva propuesta da un paso más en ese sentido, al contemplar que la finalización del vínculo nupcial pueda hacerse de la misma forma en la que se inició, con apenas un trámite.
“Los divorcios judiciales demandan tiempo y dinero. Conlleva el gasto de sumas de dinero sustanciales por el costo del proceso y todo lo que ello implica. Además, el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes que durante ese período de tiempo no podrán disponer de algunos de sus bienes con entera libertad”, se lee en uno de los fundamentos del proyecto que pretende otorgar “una mayor libertad a las partes para decidir cambios en su vida”, la par que apunta a “aliviar la carga sobre el sistema judicial”.
UNA MIRADA CRÍTICA
Sobre el tema en análisis, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra (foto), reiteró su enfático rechazo al proyecto de ley sobre divorcios administrativos del Poder Ejecutivo. “Modernizar y simplificar los procedimientos no puede hacerse a costa de los derechos”, alertó el ex camarista que juzgó y encarceló a los comandantes de la última dictadura.
No se puede, bajo el pretexto de simplificar los trámites, poner en riesgo muchos de los derechos de los contrayentes”, sostuvo el titular de la entidad que agrupa a los abogados porteños. “Una vez más, queda en evidencia el desconocimiento de nuestro Código Civil en cuanto a la necesidad de considerar integralmente todos los efectos del divorcio para garantizar la protección de la parte más vulnerable”.
Desde la entidad se subrayó el compromiso de defender la necesaria intervención profesional de las abogadas y abogados en cualquier situación que implique la aplicación del derecho. “Creemos insustituible la presencia del juez para garantizar de la mejor manera los derechos en juego”, aseguró Gil Lavedra.
