Ayer se realizó un allanamiento solicitado por la Fiscalía PCyF N° 34 -titular Dra. Adriana Bellavigna (interinamente a cargo de la Dra. Celsa Ramírez)-, en un local dedicado a la venta y recarga de matafuegos en el barrio de Flores, en CABA. Como resultado se pudo constatar que la mayoría de los matafuegos se encontraban con documentación apócrifa, ya que las obleas de seguridad al ser escaneadas redireccionaban hacia páginas ajenas a la Agencia Gubernamental de Control, el organismo competente.
La causa se inició por denuncias de una empresa recargadora oficial habilitada legalmente. Las mismas referían que en el local inspeccionado se comercializaban los matafuegos que contaban con obleas de certificación apócrifas.
Por tal motivo, la fiscalía solicitó un allanamiento en el establecimiento en cuestión, que fue autorizado por el Juzgado PCyF N° 11. El procedimiento fue realizado por la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la Agencia Gubernamental del Control.
Durante el operativo, se logró determinar que efectivamente los matafuegos tenían documentación apócrifa, con etiquetas falsificadas impresas que no coincidían con los números grabados en los matafuegos. Además, se estableció que los responsables del comercio no aceptaban matafuegos vacíos, de modo de evitar la recarga real, indicando a los clientes que debían comprar los artefactos nuevos.
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Ante tales hechos, la fiscalía dispuso el secuestro de 73 matafuegos con las obleas de la AGC impresas apócrifas, 54 stickers para ser colocadas, 110 etiquetas supuestamente de la Provincia de Buenos Aires y un matafuego con fecha de fabricación diciembre de 2022. Asimismo, se secuestraron 4 celulares, 1 impresora para la producción de los autoadhesivos, 68 marbetes (el anillo plástico que certifica que el extintor fue cargado), precintos de diferentes colores, pegamento instantáneo y documentación relevante para la investigación.
Además, se imputó a los responsables del lugar por los delitos de falsificación de documentos públicos y uso de documento o certificado adulterado, según los artículos 292 y 296 del Código Penal.
