Un escándalo que involucra a la Dirección de Control Urbano de La Plata sumó un nuevo capítulo en las últimas horas: a pedido de la fiscal Virginia Bravo -y con la autorización de la jueza Marcela Garmendia-, fue nuevamente detenida María de las Mercedes Belén Cufré, la inspectora municipal imputada por tentativa de extorsión, confirmaron fuentes judiciales.
Cufré había recuperado la libertad tras pagar una caución de $500.000. La medida se produjo en el marco de la misma investigación penal, que continúa sumando pruebas. Según los voceros consultados, personal de la DDI La Plata concretó dos allanamientos simultáneos en Altos de San Lorenzo y Los Hornos, donde fueron arrestadas Cufré y su presunta cómplice, Brenda Luján.
Actualmente la causa está caratulada como “Extorsión - Exacciones ilegales - Falsificación o adulteración ideológica de documentos”.
De esta forma, ambas mujeres quedaron alojadas en la sede de la DDI y enfrentan cargos por exacciones ilegales y falsificación ideológica de documentación pública. De acuerdo a la fiscal Bravo, se incorporaron nuevas evidencias que refuerzan la hipótesis de una estructura organizada para cobrar coimas y adulterar documentos en el ejercicio de la función pública.
Cufré, de 45 años, ya había sido detenida a fines de mayo, cuando la sorprendieron exigiendo $200.000 a una comerciante de Lisandro Olmos a cambio de evitar la clausura un autoservicio ubicado sobre 197. En ese momento vestía el uniforme de Control Urbano, pero no llevaba credencial oficial, lo que despertó sospechas.
La comerciante, de 28 años, denunció que la implicada le solicitó la habilitación municipal del local, y que -ante la falta del trámite (el local había abierto hace apenas dos meses), le exigió $200.000 parapermitirle seguir operando y evitar la clausura. En los días posteriores, surgieron más testimonios que complicaron su situación.
Incluso apareció un video de una cámara que contradice un acta labrada por la inspectora, lo que incrementó las dudas sobre su actuación. Pese a haber recuperado la libertad por decisión de la jueza Garmendia, que consideró su falta de antecedentes y arraigo domiciliario, la incorporación de nuevas pruebas y el riesgo de entorpecimiento de la investigación motivaron la revocación del beneficio y su nueva detención.
Desde la Comuna, que se constituyó como parte damnificada en el expediente, no realizaron declaraciones tras esta última medida.
