La muerte del soldado voluntario Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, expuso con crudeza una realidad que la Justicia y el Gobierno vienen advirtiendo desde hace años: el delito no muere dentro de las cárceles, sino que muchas veces se fortalece y se profesionaliza. El militar, oriundo de Formosa y integrante del Ejército Argentino, fue hallado muerto de un disparo en la cabeza el 16 de diciembre pasado en la garita de la Quinta de Olivos, donde cumplía funciones de seguridad. Si bien la autopsia confirmó que se quitó la vida, la investigación federal determinó que detrás de su muerte hubo una compleja maniobra de extorsión digital de contenido sexual organizada desde penales bonaerenses.
Ayer, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que siete presos habrían participado de la extorsión que sufrió el joven soldado. Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, detalló que los implicados se contactaron con la víctima a través de una aplicación de citas mediante un perfil falso bajo el nombre “Julieta Ayelén Cardozo”.
La jueza Arroyo Salgado explicó que la organización operaba principalmente desde la Unidad N° 36 de Magdalena, donde se realizaron allanamientos, además de operativos en domicilios de Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande. El objetivo fue desarticular una estructura que no solo habría actuado contra Gómez, sino también contra otras víctimas.
“Un celular en la mano es, efectivamente, permitirle tener un arma en una celda. No se les puede permitir tener una pyme del delito dentro de la cárcel”, sostuvo Adorni durante la presentación oficial. En la misma línea, Arroyo Salgado advirtió que “no es un hecho novedoso”, y recordó que existen numerosos antecedentes de delitos graves cometidos desde penales gracias al uso irrestricto de teléfonos móviles, que “pueden convertirse en armas letales”.
La trama comenzó a reconstruirse cuando la magistrada ordenó a la División Homicidios de la Policía Federal Argentina una investigación exhaustiva. Así se determinó que Gómez fue víctima de un engaño clásico del mundo del hampa: fue contactado en la app Evermatch por un falso perfil femenino y, tras ganar su confianza, recibió llamados de supuestos policías que lo acusaban de mantener contacto con una menor de edad inexistente.
La banda incluso llegó a usurpar la identidad de un efectivo de la Policía de la Ciudad. El propio líder del grupo, Tomás Francavilla, preso en Magdalena, le envió audios simulando ser la madre de la menor y anunciando una inminente denuncia penal. En ese contexto comenzó la extorsión.
Francavilla, de 22 años y oriundo de San Justo, había sido condenado en 2024 a tres años y diez meses de prisión por robo a mano armada, con antecedentes previos por el mismo delito. Según la causa, fue uno de los jefes de la organización que operaba tras las rejas junto a su compañero de celda, Mauricio Duarte, otro preso con un extenso prontuario.
En las horas previas a su muerte, Gómez transfirió alrededor de 1,4 millones de pesos en cuatro operaciones a distintas billeteras virtuales. Una de ellas habría sido manejada por Iara Cosentino, pareja de Francavilla, detenida como presunta cobradora, mientras que otra parte de la logística estaba a cargo de Karen Cufré, pareja de Duarte, con destino actual en una celda.
Los allanamientos realizados por la PFA culminaron con siete detenidos, incluidos presos alojados en las unidades de Magdalena y Olmos. Además, los investigadores detectaron otras posibles víctimas, por lo que la banda podría ser imputada como una asociación ilícita dedicada a estafas reiteradas.
El caso Gómez dejó al descubierto un sistema delictivo que se mantiene activo pese al encierro, alimentado por celulares, billeteras virtuales y redes externas. Un engranaje criminal que, lejos de apagarse tras las rejas, terminó empujando a un joven soldado a una muerte evitable.
LOS AUDIOS DEL TERROR
"Degenerado! ¿Quién te pensás que sos para mandarle eso a mi hija? ¡Ya me estoy yendo a hacer la denuncia! Diecisiete años tiene mi hija. ¡Ya, me voy a hacer la denuncia!” Los investigadores identificaron este mensaje como el “audio del terror”, diseñado para generar pánico inmediato y bloquear cualquier reacción racional. En segundos, la víctima pasaba de una conversación privada a la convicción de estar involucrada en un delito gravísimo.
No había madre, hija, ni denuncia alguna: era una escena montada desde una celda. Minutos después, llegó el segundo golpe. Otro audio, esta vez de un hombre que se presentó como funcionario policial. “Me presento, acá habla Matías Nicolás Conti, subteniente a cargo del Servicio de Investigaciones contra Pedofilia Infantil Cibernética y Trata de Personas. Tengo a la madre de una menor radicándome una denuncia en tu contra.” La voz transmitía seguridad, utilizaba terminología técnica y afirmaba disponer de pruebas, conversaciones almacenadas y archivos recuperados. Advertía que, si no había contacto inmediato, el caso sería remitido a la fiscalía.
El análisis de otra grabación, correspondiente a una víctima diferente pero con idéntica modalidad, permitió reconstruir el mecanismo completo. Allí, el falso policía enumeraba delitos como pedofilia, trata de personas y delitos informáticos, mencionaba prisión efectiva y repetía que tenía “todas las pruebas” frente a sí. Luego instalaba la urgencia: “Tengo a la madre en la otra oficina haciendo un quilombo bárbaro. En 24 horas vas a quedar retenido.” Si la víctima intentaba defenderse, la interrumpía: “No me tomés el pelo. Tengo el dispositivo en la mano.” Finalmente, ofrecía una supuesta salida: “Yo te puedo sacar limpio de esta, pero va a tener un costo económico.” Y lanzaba la frase central: “¿Para vos cuánto vale tu libertad?”.
Mientras tanto, la familia Gómez sigue quebrada por el dolor y reclamando justicia.
