Por Alejandra Castillo
Argentina fue el país que tuvo la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil. Se promulgó el 23 de septiembre de 1913, por impulso del diputado socialista Alfredo Palacios, y la magnitud de tal medida la calibra el hecho de que, desde 1999, ése es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.
Aunque 111 años y decenas de miles de historias hayan pasado desde entonces, la problemática y sus consecuencias se mantienen inalterables.
El 26 de agosto pasado, el coordinador general de la ONG La Plata Solidaria, Pablo Pérez, radicó una gravísima denuncia que recayó, por temática, en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 18, a cargo de Hugo Tesón, creada en mayo de 2020 para concentrar las investigaciones sobre narcotráfico, pornografía en red y pedofilia.
En la presentación exponían que, “de manera reiterada”, recibían “relatos de referentes de comedores y merenderos”, dando cuenta “de una serie de casos de prostitución infanto juvenil relacionada al narcomenudeo. ‘Punteros’ que utilizan a jóvenes para distribuir droga y a la vez prostitución de estas mismas jóvenes para consumo. La edad de las implicadas varía entre los 14 y 16 años”. Por la información recabada hasta entonces, señalaron que los delincuentes operaban en “El Mercadito, la Megatoma de Los Hornos y sectores de Villa Alba y El Palihue”.
La Investigación Penal Preparatoria (IPP) recibió el número 06-00-048726-24/00, con intervención del Juzgado de Garantías J.G. N° 4, encabezado por Juan Pablo Masi y la calificación de “importancia alta”. Sin embargo, a casi dos semanas de la presentación, los denunciantes aseguran no haber obtenido respuestas.
Por eso, en las últimas horas presentaron una nota dirigida al Fiscal General, Héctor Vogliolo, lamentando “la demora en la actuación”, por entender que “una denuncia que hace referencia a este tipo de delitos no puede esperar dos semanas. Cada día que pasa es la posibilidad concreta de que un joven de nuestra ciudad sufra lo que relatamos a
priori. No es un delito ‘normal’, si los hubiera. Es un delito, un accionar que produce daños irreparables y que cuando encontramos mamás y papás dispuestos a ‘contar’ no podemos dilatar esta posibilidad concreta de avanzar sobre el narcomenudeo y su modus operandi. Es ahora. Ya.”
El propio Pérez detalla en su denuncia que la organización que coordina se dedica a actividades solidarias, no a impulsar investigaciones penales, aunque, se cuestiona, “¿cómo callar y mirar para un costado cuando en los barrios más miserables de La Plata nuestros jóvenes de edades cada vez más tempranas se pierden en la droga y sus circunstancias?”.
“Por eso la denuncia y también por eso, estas escuetas líneas, para manifestarles que perdieron una gran oportunidad de hace honor a los cargos que ostentan. Las madres y padres esperan, se cansan, se agotan, recorren y peregrinan por cuanto lugar es posible para salvar a sus hijos y la respuesta es siempre la misma: No hay respuesta”, resaltaron.
Así las cosas, resolvieron “no exponer a nadie”, porque, dicen, “han quebrado la confianza que podíamos depositar en ustedes. La denuncia es la que está. Y no haremos absolutamente ningún aporte, que estábamos dispuestos a hacer por supuesto en tiempo y forma, cuidando la integridad de quienes día a día en la periferia profunda de la ciudad conviven con estas situaciones. Es su turno, investiguen, trabajen o hagan lo que crean conveniente.”
En la primera exposición, que, evidentemente, no avanzó, los denunciantes aclaraban que no parecía tratarse de “redes de pedofilia organizadas”, aunque sí pusieron el foco en una modalidad que parece estar creciendo en las zonas donde el narcomenudeo hizo pie desde hace rato.
“Nos llamó la atención que los soldaditos”, esos pibes que se dedican a avisar si viene la policía o hacer las veces de “mandaderos” del dealer, trocaron en “soldaditas” porque “parece que la policía las persigue menos”, cuenta Pérez. Toda esta información proviene de padres y madres -sobre todo mujeres- que están a diario en el territorio, ayudando en merenderos, a adolescentes atravesados por el consumo problemático de drogas (muchas veces sus propios hijos) y hasta en parroquias. Ellas mismas ha grabado videos que registran a pibas de no más de 16 años en condiciones de vulnerabilidad absoluta. Carne de cañón de todo tipo de delitos.
Este diario consultó al fiscal Tesón por el estado de la denuncia, pero no obtuvo respuesta.
ESTADÍSTICAS
Según el informe anual sobre Delitos Conexos a la Trata de Personas, elaborado por el ministerio Público de la Provincia con cifras de 2022 (es el más reciente), de las 367 IPP iniciadas ese año, el 83,72 por ciento están vinculadas con la explotación sexual. De ese total, el 11,44% se abrieron por el artículo 125, de promoción y facilitación de corrupción de menores. Y el 87,21 % de las víctimas son mujeres.
¿Cuáles son los distritos más complicados? A juzgar por las estadísticas de los departamentos judiciales en el año 2022, Avellaneda-Lanús, Mar del Plata, Mercedes, Morón, San Martín y Zárate Campana, “incrementaron la cantidad de IPP iniciadas respecto del 2021”. Los de San Martín (51), Quilmes (50), La Matanza (44), San Isidro (43) y Lomas de Zamora (41), “son los que más causas abrieron en el año 2022 sumando”, refiere el relevamiento.
A juzgar por estos datos, en el departamento judicial La Plata la problemática no existe: según el relevamiento oficial, no hay una sola causa iniciada por estos delitos entre 2021 y 2022. Ni una. O, por lo menos, no figuran en el sitio.
“Si yo estoy enojado y cansado, cómo estarán las madres, los padres y los que nos dijeron que querían seguir avanzado”, reflexiona Pérez; “esto no es una causa por desarmaderos o cuatrerismo, que pueden esperar para investigarlas mejor. En esto se nos va la vida de un pibe”, insiste, entre otras cosas porque la droga que consumen suele ser el residuo de la cocaína.
DENUNCIA Y AMENAZA
Tampoco resulta fácil para el que denuncia. Puede dar cuenta de ello Sebastián, un vecino de la Megatoma de Los Hornos que viene exponiendo desde hace meses la ruta del narcomenudeo que conectaría a la ocupación ilegal con la Zona Roja, con taxistas y travestis que se ocupan de llevar y traer la droga.
También contó que dentro de ese predio donde abundan casillas de madera y casas de dos pisos que se levantan en 15 días, funcionaría un prostíbulo con posibles situaciones de trata de personas. Según Sebastián, supo del local por los dichos de “caseros que vienen a cuidar las casas por la noche. Tienen un grupo de whatsapp y hacen publicidad
en los estados”.
En una de esas “promociones” anunciaban: “Hoy tenemos para servirse bife, silpancho, milanesa de carne, salchipapas, pollo broaster y alitas a la parrilla. Esperamos a todos los clientes, fieles e infieles...”, y prometían la presencia de “las cariñositas”, mencionando sus nombres.
Sebastián no está seguro de que el prostíbulo siga funcionando por estos días, pero sí puede dar fe de que tenían buenas “conexiones”. Con la sospecha de que en el lugar podía haber menores “traídas de provincias de norte” del país, en noviembre del año pasado Sebastián decidió hacer una denuncia anónima a la línea 0800-888-8804, de Gendarmería Nacional. Le dieron el número 4425 y le pidieron que enviara fotos. Al otro día, recibió la poco amigable “visita” de un muchacho fornido, que le “sugirió” a través del alambrado de su casa que “dejara de hacer denuncias, si no quería que me hicieran mierda”, recuerda.
“Sólo llamé a Gendarmería y lo único que tenían era mi número de teléfono. Obviamente no denuncié más”, cierra.
La Megatoma, de más está decirlo, goza de buena salud.
