El juez Diego Slupsky dispuso que Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, siga detenido. El magistrado rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa oficial del acusado, en línea con lo dictaminado por la fiscal Silvana Russi.
La fiscalía valoró el “alto grado de violencia” que García Gómez ejerció sobre la ex cantante de Bandana durante la relación, situación que fue ratificada por un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual advirtió un “alto riesgo” para la víctima y destacó el poder de influencia que el imputado mantiene sobre ella.
García Gómez está imputado por privación ilegal de la libertad y lesiones, ambos delitos cometidos en un contexto de violencia de género. Durante su declaración indagatoria, el acusado sostuvo que Lourdes se encontraba en su departamento de Palermo “por su propia voluntad”.
Al rechazar la excarcelación, el juez Slupsky consideró que existen riesgos procesales de fuga, especialmente por los antecedentes penales del acusado. En abril de 2022, García Gómez fue condenado a dos años y seis meses de prisión por amenazas coactivas, pena que se unificó en tres años por otros hechos.
Además, el magistrado valoró la gravedad del caso y la situación de vulnerabilidad de Lourdes, de acuerdo con los informes de los especialistas que la evaluaron.
“ENTRAMPAMIENTO VINCULAR" Y ALTO RIESGO
El informe interdisciplinario de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la CSJN señaló la existencia de “indicativos de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria” por parte de la víctima, vinculada a la naturalización de la violencia.
Los profesionales describieron la situación como un caso de “entrampamiento vincular atravesado por una violencia de género de larga data”. Asimismo, el documento también hizo referencia a factores agravantes como la codependencia emocional, vulnerabilidades psicosociales, y la falta de contención especializada.
Además, se mencionaron conductas compulsivas y consumo abusivo de sustancias psicoactivas por parte del denunciado, así como patrones violentos repetidos en parejas previas, todos ellos considerados indicadores de riesgo.
“Nos encontramos frente a un caso de violencia contra la mujer, cuestión que se impone por parte del Estado Nacional la obligación de velar especialmente por la seguridad de la víctima, y en este sentido se deben adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar sus derechos”, enfatizó la fiscal Russi en su dictamen.
