Por Marcelo Romero
Abogado - Ex fiscal del Ministerio Público
El caso del policía que dio muerte a un asaltante en la localidad de La Reja, partido de Moreno, ha generado múltiples reacciones y pulsiones en la comunidad toda.
Opiniones diversas, expresiones extremas, análisis apresurados, conclusiones prematuras. Todo, en el breve -brevísimo- lapso de 24 hs. desde que se produjo el hecho.
No abriremos juicio de valor alguno respecto de los acontecimientos motivo de investigación por respeto a los magistrados judiciales que se encuentran abocados a la pesquisa. Tampoco podríamos hacerlo a esta altura de la instrucción penal porque -indefectiblemente- restan medidas probatorias por realizar.
El fiscal a cargo de la investigación resolvió, con fundamento legal, no requerir la detención preventiva del único imputado en la causa, el oficial de policía que efectuó los disparos mortales.
Ahora bien, estas breves reflexiones intentan discurrir sobre el sistema penal del Estado o "aparato represivo", como se dice en el lenguaje de moda.
Todo efectivo policial o de fuerzas de seguridad sabe y comprende que, al producirse un intercambio de disparos con resultado lesiones o muerte, se inician sumarios administrativos y penales. También sabe y comprende que deberá entregar su arma, tal vez su credencial oficial o placa. Es posible, muy posible, que se restrinja su libertad durante los primeros pasos de la investigación. Si el resultado es la muerte de otro ser humano, la calificación legal original será "homicidio calificado por el uso de arma". El efectivo lo sabe y lo comprende. Él no se indignará. No pedirá ser ascendido ni reclamará medallas. Estará angustiado, claro. Conmocionado. Seguramente, llorará en privado o en compañía de sus afectos. No le será indiferente haber matado a una persona. Necesitará apoyo psicológico o psiquiátrico, no siempre brindado por la institución policial. No gritará "¡Uno menos!". Tampoco hará posteos de triunfo en las redes sociales. Su único consuelo será el apoyo de familiares y la seguridad de haber cumplido con su deber.
Haber dejado de integrar el Ministerio Público Fiscal hace algunas semanas, no autoriza a hacernos los distraídos respecto de las deficiencias del sistema penal y las magras respuestas que brindamos a la comunidad que nos sostiene. De hecho, estos defectos son la causa eficiente de las reacciones de las últimas horas en torno a este caso.
40 años de abolicionismo-minimalismo-buenismo penal no fueron gratis para el sistema penal del Estado. Jueces y fiscales agnósticos de la pena. Policías despojados de su autoridad por los mismos gobiernos que los comandaron.
Delincuentes elevados a la categoría de "héroes del margen" por una pseudo intelectualidad snob que colonizó todo. Etcétera. Sin embargo, los sucesos de La Reja, más allá de los resultados de la investigación y del eventual juicio oral, deben llamarnos a una profunda reflexión.
El Derecho Penal no es una serie de retos maternales para travesuras de niños. Es la rama del Derecho más severa, más "represiva" (aunque espante el término al progresismo). El delincuente no es una víctima del sistema, sino un individuo que por su libre albedrío decidió violar la ley. La Policía y las fuerzas de seguridad no son maestras jardineras que ordenan "a guardar, a guardar, cada cosa en su lugar". El proceso penal no es un voucher para DisneyLand...
Debemos exigir que los magistrados judiciales ejerzan su función con "energía jurisdiccional", expresión que le debemos al maestro constitucionalista Jorge Vanossi. Sin temores y desoyendo presiones espurias (la única presión que puede admitir un magistrado es la de su conciencia). No debe temblar el pulso ni para detener ni para liberar. Ni para sobreseer ni para procesar. Ni para condenar ni para absolver. No deben llorar corporativamente frente a críticas de la prensa o de otros profesionales del Derecho. Honrando el juramento prestado al asumir el cargo, se volverá a la senda correcta.
Pero, bajo ningún concepto, ninguno de nosotros podemos apartarnos de la Constitución y de la Ley. Ni siquiera en las reflexiones y opiniones públicas. Ser respetuoso de la ley no significa ser "blando". Significa ser civilizado. Eso nos diferencia de aquellos que optaron por delinquir.
Ojalá aprendamos, aunque sea tardíamente, la lección.
