La Municipalidad de La Plata presentó una denuncia ante la Justicia frente al uso ilegal de tierras en el humedal del arroyo El Pescado. También instauró una acción penal contra quienes violaron las clausuras impuestas por el Juzgado de Faltas.
Según se informó desde la Comuna, la presentación busca la suspensión inmediata de todas las construcciones que se encuentran actualmente en ejecución en la zona de Parque Sicardi declarada como “preservación patrimonial” de acuerdo a la normativa vigente.
Asimismo, pide que se le haga saber a cualquier persona con intereses sobre dichos inmuebles que “deberán abstenerse de realizar todo tipo de actos sobre el mismo” y peticiona tanto la restitución de los predios como la inmediata remoción de los trabajos.
Por otro lado, solicita el libramiento de oficio a la Policía para que custodie el lugar e intervenga en caso de que se reanuden los intentos de ocupación irregular, y también a la empresa EDELAP, para que se abstenga de suministrar el servicio de energía a los fines de evitar asentamientos ilegítimos.
De acuerdo a lo que reza la presentación judicial, los infractores fueron identificados tanto a raíz de denuncias vecinales como de controles y operativos ejecutados por el Municipio de La Plata. Las ocupaciones se encuentran ubicadas desde la calle 18 hasta la 20 entre 670 y 671 y también de 18 a 19 bis entre 670 y 671.
“Las obras, ocupaciones y tareas realizadas por terceras personas son irregulares, lo que acarrea su inmediata paralización, suspensión como remoción de lo construido y/o modificado en la zona/área bajo su exclusiva responsabilidad y costo”, dice el texto presentado por la Secretaría Legal y Técnica.
“No podemos dejar pasar por alto que el humedal del arroyo El Pescado tiene una valoración patrimonial de suma importancia para esta Comuna, ya que obedece a cuestiones ambientales como así también recreativas y educativas de vital importancia para todos los vecinos de la ciudad”, añade.
DENUNCIA POR DESOBEDIENCIA
La Municipalidad de La Plata también presentó una denuncia penal por desobediencia contra quienes violaron las clausuras dispuestas por la Justicia de Faltas, un delito penal cuya sanción va hasta el año de prisión.
“Si bien fueron anoticiados de su conducta irregular, siguieron los avances”, figura en la presentación, y agrega: “De estas inspecciones se pudo confirmar obras ejecutadas en un 100% y habitadas sin los permisos correspondientes”.
