El juez federal Martín Poderti, actual integrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, quedó a un paso del juicio oral y público luego de que la Sala II de la Cámara Federal de San Martín confirmó su procesamiento por el delito de malversación de caudales públicos en un caso que investiga la misteriosa desaparición de 144 monedas de oro, valuadas en 200.000 dólares.
Las valiosas piezas habían sido incautadas en el marco de una causa de narcotráfico y depositadas en una caja de seguridad del Banco Nación. En aquel entonces, Poderti se desempeñaba como secretario penal del Juzgado Federal N°2 de San Isidro y tenía acceso exclusivo a dicha caja. La resolución de la Cámara Federal, integrada por los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones, considera que las pruebas reunidas hasta el momento son suficientes para mantener el procesamiento del juez.
"El Tribunal aprecia que los elementos de juicio colectados hasta el momento del dictado del interlocutorio cuestionado y allí valorados, son suficientes para convalidar el procesamiento de Poderti", señala el fallo.
El millonario faltante se descubrió el pasado 9 de abril, cuando Poderti ya ejercía sus funciones en Mar del Plata. Como secretario penal en San Isidro bajo la órbita del juez Lino Mirabelli, era el responsable de las llaves y la autorización para ingresar a la caja de seguridad donde se custodiaban las monedas, las cuales debían ser restituidas a su propietario tras su absolución en la causa original.
La investigación reveló, a través de los registros bancarios y grabaciones, que Poderti ingresó en 19 oportunidades al sector de cajas de seguridad de la sucursal del Banco Nación en San Isidro. Durante su gestión como secretario, fue la única persona con acceso registrado a la caja en cuestión.
La pesquisa inicial estuvo a cargo del entonces fiscal federal Paul Starc, hoy titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). Hace aproximadamente tres semanas, la Cámara Federal escuchó los argumentos de las partes involucradas.
Poderti estuvo representado por sus abogados Gastón Marano y Alejandro Bisbal, mientras que el propietario de las monedas sustraídas, Rodolfo Tamborini, fue patrocinado por Marcelo Rocchetti. El Ministerio Público estuvo a cargo del fiscal general Carlos Cearras.
La defensa de Poderti apeló el procesamiento alegando una instrucción irregular que impidió la presentación de pruebas que demostrarían su inocencia. Argumentaron que no se tomaron en cuenta sus descargos y que se limitó su derecho de defensa, orientando la investigación únicamente hacia la hipótesis de la acusación.
Sin embargo, los jueces Lugones y Barral rechazaron estos argumentos en su resolución. Subrayaron que era un hecho "fuera de toda controversia" que Poderti, en su rol de secretario judicial, era el custodio de los valores y tenía la llave y la autorización para acceder a la caja de seguridad.
"A pesar de las frustradas suspicacias que se pretenden radicar en derredor a los accesos a la caja de seguridad, es que el único ingresante desde el paso de la caja de seguridad en favor del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro, lo cierto es que fue el encausado Martín Poderti y, por tanto, único autor posible de la sustracción de las cosas faltantes", afirmaron los magistrados en su fallo, allanando el camino para que el juez Poderti sea juzgado por la desaparición de las valiosas monedas de oro.
