La Corte Suprema de Justicia dejó firme una condena de 30 años de prisión contra un pastor evangélico acusado de cometer aberrantes delitos sexuales contra una adolescente en la localidad bonaerense de Tapalqué. El caso, que conmocionó a la comunidad y a la provincia, incluyó delitos de abuso sexual agravado, privación ilegítima de la libertad y actos de extrema violencia física y psicológica.
El condenado es Jorge Antonio Torres, un hombre que durante años fue parte de una congregación religiosa y que utilizó su posición como referente espiritual para acercarse a su víctima. Según pudo reconstruirse en el marco de una extensa investigación judicial, el pastor comenzó a vincularse con la joven en 2011, cuando ambos participaban de reuniones de los Testigos de Jehová.
Torres ganó la confianza de la adolescente, quien por entonces tenía 18, y terminó ejerciendo sobre ella un poder coercitivo que derivó en su secuestro y posterior sometimiento sexual sistemático. El calvario para la chica comenzó en diciembre de ese año y se extendió por más de dos años, hasta que la víctima logró escapar en 2013.
Durante ese período, la joven fue mantenida cautiva por el imputado en una vivienda ubicada sobre la calle Marmisolle al 200, en Tapalqué. Allí, según consta en el expediente judicial, fue víctima de múltiples violaciones y vejaciones. Entre los hechos más graves acreditados en el juicio, se incluyó que Torres la obligaba a mantener relaciones sexuales con animales y la ofrecía a terceros para ser abusada. Además, la golpeaba con frecuencia y le provocaba cortes en distintas partes del cuerpo con objetos punzantes.
El caso tomó estado público tras la huida de la víctima, quien logró escapar del lugar donde era retenida y denunció los abusos ante la policía. A partir de su testimonio, se inició una investigación penal que incluyó allanamientos, pericias y declaraciones de testigos.
El juicio se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Azul, que en su momento condenó a Torres por los delitos de “abuso sexual agravado por acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada, corrupción de menores, lesiones y tenencia de estupefacientes”.
La pena impuesta fue revisada por la Sala III del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, que confirmó parcialmente la sentencia, aunque devolvió el expediente al tribunal de origen para que se fijara un nuevo monto de pena. En esta instancia, los jueces del tribunal de Azul dictaron finalmente una condena de 30 años.
