Desde hace un tiempo a la fecha, el procesamiento de cobro por infracciones de tránsito, a través de los cinemómetros, radares o las llamadas camaritas, que aparecen en las rutas y en las principales vías de circulación del país, está atravesado por los escándalos. Hay denuncias en distintas jurisdicciones, algunas de ellas cruzadas, y mucha polémica. Es que hay tanto dinero en juego, que son varios los actores interesados en formar parte del negocio.
En La Plata, por ejemplo, la fiscalía 11 de Álvaro Garganta investiga una presentación sobre una aparente defraudación al erario público, a partir del funcionamiento de una supuesta red de funcionarios provinciales y gestores para la resolución de multas.
En concreto, se dice que un importante universo de actas es retirado del sistema para su liquidación irregular, evitando así que una buena porción del dinero ingrese a las arcas oficiales y a las empresas que brindan el servicio.
No menos ruido ha generado la aparición de universidades y fundaciones en el mercado vial, hacia las cuales los prestadores, por convenios privados, transfieren sumas millonarias y sin demasiados controles.
Ahora fue la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, al receptar una causa que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, la que hace pocos días revocó un sobreseimiento y resolvió procesar a un empresario del rubro, al que además le trabó un embargo millonario. Fue con la firma de los jueces Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich.
En concreto, de acuerdo a calificadas fuentes judiciales, el fallo establece que “la firma ‘TN Group S.A.’ ganó una licitación para instalar cámaras de filmación que detectan el exceso de velocidad de los vehículos en determinados lugares de la Provincia de Buenos Aires, y tercerizó dicho servicio en la firma ‘Smart Vial S.A.’ (…). En este contexto, la primera entregó a esta última seis videocámaras ‘TruCam’ y los servidores correspondientes para que explotara el servicio, y alquilaron las oficinas ubicadas en la calle Bragado 5740 de esta ciudad, las que pusieron a disposición de ‘Smart Vial S.A.’ para que desempeñaran el trabajo”.
El que aparece mencionado en este resolutorio es “Matías Germán Trejo”, titular de Smart Vial S.A., que también tendría equipos colocados en La Plata.
Según los mismos voceros, "Trejo trabajó para CECAITRA (la Cámara que agrupa a los prestadores, pero que está habilitada para ofrecer el servicio), de la que al tiempo terminó desvinculado".
“Ahí pasó a TN Group S.A., desde donde crearon a Smart Vial S.A. También participaría como asesor en Secutrans S.A.”, explicaron.
Volviendo a lo dictaminado por la Cámara Nacional de Apelaciones de CABA, “se atribuyó a Matías Germán Trejo haber retenido indebidamente, en su carácter de propietario de la firma ‘Smart Vial S.A.’, seis cinemómetros ‘TruCam’ y la información contenida en los servidores y discos rígidos entregados a dicha empresa, y no haberlos devuelto a su debido tiempo a la firma ‘TN Group S.A.’, pese a haber sido fehacientemente intimado a ello, toda vez que el apoderado de esta última remitió al efecto la carta documento N° 203358747, el 13 de julio de 2022”.
En ese marco, explicaron los magistrados, “se firmó un acuerdo entre las empresas donde el aquí imputado se comprometía a entregar las videocámaras y la información correspondiente a las infracciones de tránsito, en un encuentro que se llevaría a cabo en las oficinas del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, en tal ocasión, Trejo se negó a devolver las cámaras y la información existente en el servidor. Finalmente, el Dr. Diego Peisajovich en su calidad de apoderado de ‘TN Group S.A.’, envió una intimación mediante carta documento a Matías Germán Trejo para que, en el plazo de 48 horas, cesara en la retención indebida de los seis cinemómetros ’TruCAM’ y de la información que contienen los servidores y discos rígidos entregados oportunamente, misiva que no tuvo respuesta, por lo que los elementos no fueron devueltos”.
Al fundar su voto, el doctor Cicciario -a lo que posteriormente adhirió su colega- sostuvo: “Considero que los elementos probatorios reunidos resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del episodio atribuido al imputado y su intervención, motivo por el cual corresponde revocar la resolución apelada y dictar el procesamiento de Matías Germán Trejo, en los términos del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación”.
“Al conservar Trejo en su poder los cinemómetros y -de forma parcial la información respecto de las infracciones-, tales circunstancias permiten acreditar la existencia de un perjuicio patrimonial a la firma ´TN Group´, en tanto se la ha privado de su libre disposición”, destacó el magistrado preopinante.
La imputación es en orden al delito de “defraudación por retención indebida, en calidad de autor (artículos 45 y 173, inciso 2°, del Código Penal)”.
Por último, cabe destacar que, con la orden de procesamiento -sin prisión preventiva- se ordenó un embargo por “la suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000)”, que los jueces consideraron “adecuada para satisfacer la indemnización que pudiere corresponder en atención a la valuación de los seis cinemómetros móviles de acuerdo con la fecha en que fueron adquiridos y la variación económica que debe valorarse y las costas procesales, que incluyen el pago de la tasa de justicia, los honorarios de los letrados particulares y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa (artículo 533 del mismo texto legal)”.
NUEVO SISTEMA CON APORTE DE LA UNLP
En medio de tanto revuelo, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó que avanzará antes de fin de año con un nuevo sistema de infracciones de tránsito que se desarrollará con la colaboración de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para darle mayor trazabilidad al sistema financiero del cobro de multas.
Fue el propio titular del área, Jorge D'Onofrio, quien explicó las dificultades que lo llevaron a impulsar estos cambios: "El grave problema que tenemos con este sistema es que no tiene posibilidades de autodepurarse ni de controlar algunas cuestiones que nosotros queremos que queden mucho más transparentadas", dijo.
Según comentaron desde la cartera de Transporte bonaerense, para controlar mejor los destinos del dinero recaudado por el pago de las infracciones firmaron un convenio con las facultades de Económicas y de Informática de la UNLP con el objetivo de implementar una auditoría permanente sobre estos fondos.
En correlato, la investigación del fiscal Garganta, en La Plata, se encuentra en fase de investigación.
La denuncia corre bajo la IPP 06-00-056058-23/00, a raíz de una denuncia que radicó Leandro Camani, presidente de la empresa Secutrans S.A., que resultaría proveedora tanto de equipos automáticos de detección de infracciones viales, como del sistema para procesar dichas faltas, en la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país.
