En medio del escándalo de las fotomultas, con todo el sistema tensionado y bajo sospecha, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, fue el primero en actuar y suspender el convenio que unía a su distrito con dos universidades, que tenían a su cargo el manejo de varios cinemómetros.
Como se sabe, en distintas jurisdicciones y fueros, la Justicia tiene en la mira a varias empresas (CECAITRA, SECUTRANS, TRÁNSITO SEGURO y TNG Group), todas proveedoras tanto de equipos automáticos de detección de infracciones viales, como el software para su procesamiento.
El escándalo crece día a día, por lo que el jefe comunal sanisidrense tomó una decisión clave: suspender por decreto los contratos con la Universidad Nacional de General San Martín y, la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, a las que intimó a detener todo procesamiento de fotomultas desde el 23 de abril. Es por 180 días hábiles, prorrogables.
Esta drástica medida en San Isidro se tomó en medio de las investigaciones judiciales, que apuntan a determinar si existe una red de recaudación ilegal entre municipios, universidades y empresas privadas. La sospecha es que se habría montado un esquema para emitir multas de forma irregular, con radares no autorizados y sin control administrativo real.
Recordemos que por pedido del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, la Gendarmería allanó la semana pasada la sede de la UTN - Facultad Regional La Plata, por contratos cruzados con CECAITRA y la Justicia Federal de Tres de Febrero investiga a 11 municipios, entre ellos La Matanza, Morón, Junín, General Pueyrredón, Zárate y San Isidro, por posibles irregularidades en el cobro de fotomultas.
Así, los jueces federales Juan Manuel Culotta y Ernesto Kreplak indagan sobre una red opaca de recaudación millonaria con fondos de dudoso destino.
En su sitio web oficial, el Municipio de San Isidro informó que "suspendió por 180 días el sistema de fotomultas, tras encontrar inconsistencias en la ejecución de los convenios firmados en 2020 y 2022 con universidades públicas, que tercerizarían funciones y responsabilidades en empresas privadas, y a los efectos de que éstas brinden las explicaciones correspondientes. Mientras dure la suspensión, se reforzarán los operativos de seguridad vial con el cuerpo de Agentes de Tránsito local".
La decisión la tomó Lanús "hasta que el Municipio pueda garantizar que la ejecución del sistema de fotomultas se ajuste a la normativa vigente y se oriente a la reducción de la siniestralidad vial y no a fines recaudatorios, mucho menos en beneficio de terceros, como debería haber sido su propósito siempre", se indicó.
“Las fotomultas deberían ser una herramienta para cuidar la seguridad vial, no pueden nunca perseguir un fin recaudatorio. Queremos garantizar que el sistema de fotomultas esté de verdad orientado a reducir accidentes y salvar vidas, no a sacarle plata al vecino, y mucho menos para beneficiar a empresas y/o funcionarios políticos escondidas detrás de convenios oscuros. Ese debería haber sido el propósito desde el primer día. No lo fue. Por eso, lo frenamos”, agregó el jefe comunal.
Al mismo tiempo, se intimó a las dos universidades con las que la anterior gestión municipal suscribió los convenios, la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO), a que en un plazo de 15 días respondan los requerimientos de información para aclarar las ambigüedades y contradicciones presentadas hasta el momento en respuesta a los reiterados requerimientos que hizo el Municipio. Entre ellas, por ejemplo, la falta de precisión sobre el rol de terceros que supuestamente tienen a su cargo parte del proceso y un desconocimiento del marco jurídico aplicable al sistema.
El plazo de suspensión de las fotomultas rige desde el 23 de abril inclusive. Durante el período en que se encuentra suspendido el sistema, el Municipio llevará a cabo diversos operativos a cargo del cuerpo de Agentes de Tránsito municipal, tanto fijos como móviles, asegurando se respeten las velocidades permitidas, los semáforos y los cruces peatonales, controlando el tránsito y cuidando la seguridad vial.
“En San Isidro nos encontramos con un sistema de fotomultas opaco. En todos estos meses estuvimos reconstruyendo la información y los procesos, con reiterados pedidos a las universidades y al resto de los actores intervinientes. Al día de hoy la información sigue siendo inconsistente, con ambigüedades y contradicciones, y llegamos a este punto de tener que suspender el sistema hasta asegurarnos que los procesos son los correctos”, concluyó Lanús.
EL CASO DE LA PLATA
En la ciudad de La Plata, actualmente operaría TNG Group S.A., una empresa que viene funcionando desde la gestión de Julio Garro y cuyo contrato habría sido renovado por la actual administración comunal.
Esta firma también tuvo inconvenientes en Cañuelas, donde se detectaron errores graves en actas de infracción, que llevaron a la anulación de multas sobre la Ruta 205. Se habló incluso de un aparente “corrimiento de tablas”, que impactaba en los datos de los infractores: patentes, DNI, nombres y domicilios mal asignados.
TNG Group S.A. tercerizó parte del servicio a Smart Vial S.A., cuyo titular es Matías Germán Trejo, un exempleado de CECAITRA que figura como socio, asesor o apoderado en varias empresas del sector, incluida Tránsito Seguro SA, a quien la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional procesó y embargó.
Ese fallo menciona específicamente a TNG Group S.A., que ganó una licitación para instalar cámaras y que habría tercerizado el servicio, entregando equipamiento a Smart Vial.
Las cámaras TruCam, servidores y oficinas, operaban bajo esta estructura sospechada.
Recordemos que todas las partes se encuentran involucradas en el caso seguido en nuestra ciudad por el fiscal Álvaro Garganta, en donde todos los actores se confunden y cambian de roles con las otras causas, en donde pasan de denunciantes y testigos a denunciados.
A todo esto, mientras el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires también estaría investigando el manejo de esos fondos municipales y las contrataciones, desde el Ministerio de Transporte provincial, del que tuvo que ser eyectado Jorge D´Onofrio, no se han pronunciado oficialmente, al margen de ese anuncio ya lejano del desembarco de la Universidad Nacional de La Plata para las tareas de auditoría.
Es que los contribuyentes siguen costeando infracciones de tránsito, sin saber si realmente son válidas o no.
Por eso el ejemplo de San Isidro demuestra que hay herramientas legales para replantear el escenario y que urge tomar medidas globales antes de que el daño sea irreparable.
