Una serie de conversaciones entre empleados del laboratorio HLB Pharma y Laboratorio Ramallo SA, involucrados en la producción de fentanilo adulterado que causó 96 muertes, revela prácticas irregulares y peligrosas en la fabricación de medicamentos.
Estas comunicaciones, incorporadas a la acusación fiscal, muestran cómo los trabajadores escondieron reactivos vencidos antes de una inspección de la ANMAT, exponiéndolos a condiciones ambientales adversas.
En un intercambio fechado el 8 de marzo de 2025, uno de los técnicos expresó: “Pudo haber explotado eso tranquilamente”, refiriéndose a los reactivos mal almacenados y expuestos a la intemperie. Esta conversación, acompañada de una fotografía que muestra los productos químicos al aire libre, evidencia el riesgo de explosión debido a la manipulación inadecuada de sustancias peligrosas.
Además de los riesgos químicos, los chats también detallan la falta de mantenimiento en las instalaciones, como la ausencia de pintura y la imposibilidad de producir medicamentos debido a la falta de reactivos.
Un mensaje señala: “Escondieron todos los reactivos vencidos así que no tengo para preparar la fase móvil”. Estas revelaciones subrayan la gravedad de las irregularidades en la producción farmacéutica y la falta de control en los laboratorios involucrados, lo que ha llevado a la detención de diez personas, incluyendo a la familia García Furfaro, directores técnicos y personal de mantenimiento.
Como se indicó, los chats no fueron filtrados por una fuente desconocida sino que forman parte de la acusación que realizó el Ministerio Público Fiscal, a través del cual se le solicitó al magistrado la detención de diez personas, entre ellos la familia García Furfaro, directores técnicos y personal de mantenimiento.
Los chats también describen la falta de pintura, la imposibilidad de producir medicamentos porque escondieron drogas (reactivos) vencidas, su exposición al sol y la lluvia, y el riesgo de explosión:
• “Escondieron todos los reactivos vencidos así que no tengo para preparar la fase móvil”.
• “¿Usted sabía que dejaron todos los reactivos afuera abajo de la lluvia?”.
• “Y el sol que estuvo haciendo”.
• “Pudo haber explotado eso tranquilamente”.
• “Y con el agua capaz la mitad de las cosas se echen a perder”.
• “Lo de la pintada no avisaron nada, son de terror...”
• “Pintaron hasta la puerta de control”.
Lo de la pintura era porque se enteraron que llegaría una inspección del INAME y “el piso está descascarado, hay que pintar todo”. Una vez más, el personal describe la improvisación y falta de previsión para tareas de control ambiental y de insumos, como el ocultamiento de sustancias vencidas y los riesgos derivados de las malas prácticas.
LA DECLARACIÓN DE GARCÍA FURFARO
"Estoy acá para que me corten la cabeza”. Con esa frase, el empresario acusado, Ariel García Furfaro, abrió su extensa declaración indagatoria ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, en el marco de la investigación por el fentanilo adulterado que ya dejó 96 muertes y derivó en la detención de diez personas, entre ellos buena parte de su familia y socios.
Durante casi seis horas de audiencia, Furfaro aseguró que no pedirá su excarcelación y se mostró dispuesto a permanecer detenido “si eso garantiza que la causa se investigue hasta el fondo”. Se declaró víctima de un “sabotaje”, deslindó responsabilidades sobre la contaminación de los lotes de fentanilo y acusó directamente a su exsocio Andrés Quinteros.
Según su relato, la bacteria detectada en las ampollas no pertenece al laboratorio, sino que “es propia del ámbito hospitalario”.
La indagatoria se realizó en los Tribunales Federales de La Plata de 8 y 50. Allí, Furfaro se defendió de la imputación formulada por la fiscal Laura Roteta, quien detalló minuciosamente las irregularidades en los procesos de producción y las vulneraciones a las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), que debían cumplirse para elaborar y comercializar medicamentos de uso hospitalario.
La fiscal Roteta lo imputó por un delito gravísimo, que contempla penas de hasta 25 años de prisión. Parte central de la acusación son los informes del Instituto Malbrán, que detectaron fallas en el cierre y relleno de las ampollas de fentanilo -los lotes 31202 y 31244-, lo que habría afectado de manera directa la calidad del producto.
“Esas cuestiones de precisión correspondían a los colaboradores y técnicos contratados para eso”, fue el argumento central de la defensa, a cargo del abogado Gastón Marano. En ese mismo sentido, el empresario aseguró que él solo se ocupaba de la parte comercial, que había ido al laboratorio Ramallo apenas un puñado de veces y que confiaba plenamente en el personal técnico, al que describió como “de primera línea”.
También defendió al personal técnico, al que describió como “de primera línea”, y volvió a insistir en que todo fue consecuencia de una maniobra externa para perjudicarlo. “Yo sabía que me iban a hacer esta maldad”, había anticipado previo a su detención.
El empresario argumentó ante Kreplak que fueron “de las empresas más observadas por el ANMAT”, como una manera de rechazar una supuesta protección de sus firmas. Y señaló: “Nos tenían apuntados porque desde la industria de los laboratorios querían sacarnos del mercado porque teníamos precios muy bajos y eso no les convenía.”
Ariel García Furfaro quedó detenido el miércoles junto a otras nueve personas, entre ellas, su madre, Nilda Furfaro; sus dos hermanos, Damián y Hernán; y técnicos, directivos y accionistas de las empresas que dirigían. Además, la fiscalía imputó a otros siete gerentes o jefes de áreas que deberán presentarse en el juzgado, pero que no están privados de la libertad.
A lo largo de su declaración se explayó sobre sus empresas y contestó preguntas de la fiscalía. Señaló que “su principal preocupación y lo que le quita el sueño es la situación de las familias y de las personas damnificadas” y que va a tratar “de averiguar lo que pasó”, según dijeron sus allegados.
A partir de la extensa declaración de García Furfaro, ahora el juez platense Ernesto Kreplak tiene diez días hábiles para resolver la situación procesal del empresario, mientras la fiscal Laura Roteta avanza en la recolección de pruebas en lo que ya se considera uno de los casos de criminalidad sanitaria más graves del país.
