La sospecha cada vez es más grande y el sistema de gestión de las fotomultas, que genera millonarios ingresos para arcas oficiales y privadas, hace tiempo está en tela de juicio. Con varias investigaciones abiertas, en una de ellas, a cargo del juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta, se acaban de lanzar nuevos allanamientos en busca de pruebas. La hipótesis principal apunta a la falta de controles, por acción u omisión, para favorecer un supuesto desvío de fondos.
En este expediente ya se habían conocido las órdenes de presentación de efectos en varios municipios como La Matanza, General Pueyrredón, Roque Pérez, Junín, Olavarría, Morón, Zárate, General Rodríguez, 9 de Julio, San Isidro y General San Martín. Y ahora fueron por una universidad, la de esta última localidad, y la Fundación UNLAM. También por las empresas prestadores del servicio, Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A.
Fuentes judiciales indicaron que la medida tuvo como objeto “proceder al secuestro de todo contrato y/o convenio que los vinculen”, desde el 1º de enero de 2020 a la actualidad.
Además mencionaron que los agentes que tomaron parte de la diligencia tenían la misión de secuestrar “toda aquella documentación que formó parte de los trámites de aprobación de los contratos y/o convenios respectivos, así como todo lo referente a la liquidación y rendición de cuentas”.
Lo mismo con “todos los expedientes que se hayan llevado adelante respecto a la selección de la empresa prestataria del servicio, ya sea por licitación o a través de contratación directa y las computadoras y/o todo otro dispositivo de almacenamiento que sean allí empleados”.
En ese sentido, con el material recabado, “se está realizando un pormenorizado análisis a los efectos de determinar si hubo conductas ilícitas”, indicó un portavoz de la pesquisa.
Cabe recordar que la ley 13.927 y, su decreto reglamentario 532/09, creó el Sistema Único de Administración de Infracciones de Tránsito Provincial -también llamado Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT)- al cual los diferentes municipios se incorporan a través de la firma del Convenio de colaboración para la implementación de un Plan Integral de Seguridad Vial, con la Provincia de Buenos Aires.
También a través de esos Convenios, la Provincia de Buenos Aires habilita a los municipios firmantes a fiscalizar el tránsito mediante el uso de los cinemómetros con los que cuenta la provincia; como contraprestación por la utilización de los mismos y del SACIT, la Provincia de Buenos Aires recibe el 20 por ciento de lo producido por el cobro de las multas.
Sin embargo, según se desprende de la causa judicial, las comunas locales no realizarían el procedimiento adecuado, ya que en muchos casos no habrían llamado a licitación para una compulsa de precios entre distintas empresas privadas prestatarias de la tecnología y que estuvieran anotadas en el Registro de Proveedores.
En la fundamentación de la orden de allanamiento se consignó que “celebraron un convenio con la Universidad Nacional de San Martín, la cual luego, contrataría directamente a la empresa proveedora de tecnología; lo sugerente resulta ser que la empresa seleccionada, si bien se encuentra incluida en el Registro de Proveedores, siempre es la misma: Tránsito Seguro S.A.”.
Además que esos convenios tienen una duración de entre 4 y 5 años y que, a la hora de repartir esos ingresos, el 20 por ciento va para la Provincia por convenio marco y, del 80 por ciento restante, “se dividen entre un 20 o 30 por ciento para el municipio y el 70 u 80 por ciento para la Universidad”.
Es en este punto donde aparecen las inconsistencias, porque incluso la Universidad Nacional de San Martín, a su vez, “cede el cobro a su fundación; pero ni la UNSAM ni su Fundación se encuentran en el registro de proveedores ni se encuentran autorizados por las autoridades provinciales para ello, por lo que no hay explicación alguna del por qué reciben parte de lo recaudado por las multas”, destacó otro vocero.
Así, con varios nombres apuntados dentro de este escenario tan particular, no pasó desapercibida la orden de allanamiento que abarcó el domicilio particular de quien sería dueño, titular o responsable de las compañías mencionadas líneas arriba.
El escándalo alcanza entonces una nueva dimensión: ¿El sistema se cae o puede ser reconfigurado?. Esa sería una de las preguntas posibles. En San Isidro, por ejemplo, ya suspendieron el sistema de gestión de cobro de fotomultas por 180 días ante la presunción de severas anomalías. Y en La Plata, el juez Ernesto Kreplak analiza qué pasó con la UTN.
