Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente del Senado bonaerense, siguen detenidos en el marco de una investigación judicial que habría desnudado una presunta trama de abusos sexuales y de poder dentro del propio Palacio Legislativo. Más precisamente en la oficina 007.
El primero de ellos imputado en el rol de autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal y la segunda como partícipe necesaria en dos de los hechos bajo análisis.
Su situación, como se desprende de las actuaciones que lleva adelante la fiscal Betina Lacki, bajo el control del juez de garantías Juan Pablo Masi, es muy complicada. Tanto, que la defensa presume que la prisión preventiva está muy cerca para ambos.
Más allá de un pedido de prórroga para el requerimiento de esa medida, que vence el próximo 28 de enero, el abogado Gastón Maximiliano Nicocia se adelantó y le solicitó al magistrado de intervención que cite a sus defendidos para ser escuchados. Los voceros consultados indicaron que esa presentación buscaría un plafón para después ir en busca de una morigeración de las condiciones de detención, bajo el argumento de una ausencia de peligros procesales.
Para eso será clave el resultado de los peritajes psicológicos que se desarrollarán en la Asesoría de Tribunales.
También, aunque a los efectos investigativos, se aguarda el resultado de la apertura y análisis de todos los dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de la causa, que podría abrir una línea de conducción a otros posibles responsables de esas aberrantes prácticas.
Una fuente con acceso al caso expresó “hay mucha gente que está nerviosa”.
HABLARON LAS VÍCTIMAS
A resguardo, al aire libre y con sus identidades preservadas, tres mujeres hablaron de los hechos y dieron su testimonio. Las tres denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual y la reserva es obligatoria. Dos tienen menos de 30 años y la tercera apenas los supera.
Trabajan y estudian -o lo intentaron- y provienen de sectores populares y de clase media.
Se acercaron a la política desde la militancia, con una convicción común: transformar la realidad. Nunca imaginaron que ese recorrido derivaría, según sus denuncias, en una trama de abuso, manipulación y silencio dentro de una de las instituciones centrales del poder político bonaerense.
La detención de los acusados, el 29 de diciembre de 2025, marcó un antes y un después. “Estamos fuertes”, dicen. “Sentimos que volvimos a vivir”, en una entrevista concedida al diario Clarín. Aseguran también que hay más víctimas, algunas de las cuales no denunciaron formalmente.
Rodríguez y Silva Muñoz fueron referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana, un espacio kirchnerista que se desprendió de Unidos y Organizados y que luego pasó a integrar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que lidera el actual Gobernador. Ambos ocupaban roles de conducción política y formación militante. Rodríguez, además, fue docente en el colegio secundario del club Estudiantes de La Plata, ámbito desde el cual -según surge de la investigación- habría captado al menos a una de las víctimas.
Ambos acusados fueron nombrados en la Cámara de Senadores por el exvicegobernador Gabriel Mariotto
En la causa también se lo señala a Rodríguez como sensei de la presunta secta “La Orden de la Luz” que, de acuerdo a las pesquisas judiciales, utilizaba mails con lenguaje encriptado. Las víctimas son representadas por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, quienes describen un patrón reiterado: captación a través de la militancia, promesas de acompañamiento, inserción laboral en el Estado, contratos con altos ingresos y exigencias de devolución de parte del salario “para tareas militantes”.
Una relación de poder asimétrica que, según las denunciantes, derivaba en sometimiento.
Es que, con el tiempo lo económico se convirtió en una herramienta de coerción. "Cuando ya dependés de un trabajo y esa persona sigue estando dentro de la Legislatura, ejerce una situación de poder, aunque no estés bajo su órbita directa", afirmó la denunciante en una entrevista.
El quiebre se produjo cuando comenzaron a notar que las jóvenes con las que militaban eran cada vez más chicas. "Empezaron con pibas de 15, 16 y 17 años. Ese fue un click. Dijimos: 'Hasta acá, hay que denunciar'".
DERROTERO JUDICIAL
La primera denuncia se realizó en 2014. En 2019 se sumaron nuevos casos y, con el paso de los años, otras mujeres se animaron a presentarse ante la justicia. En 2025 aparecieron dos denunciantes mñas y, hasta el momento, son cinco.
Otra de las mujeres describió situaciones de hostigamiento posteriores a la denuncia. Según contó, se cruzaba a los acusados en ámbitos militantes, sindicales y hasta cerca de su domicilio. "Pasaban por la puerta de mi casa, por la puerta de mi trabajo, se acercaban a mi familia. Viví mucho tiempo con miedo", recordó, sin pasar por alto que recién el año pasado pudo acceder a medidas de protección.
Pasando en limpio: actualmente son tres las investigaciones que existieron o existen en el fuero penal: la primera se inició en 2014, aunque no fue caratulada originalmente como abuso sexual sino como lesiones calificadas y se encuentra archivada y a ella se suman dos investigaciones más, cada una con dos víctimas y continúan abiertas. En total, cinco mujeres denunciaron hechos, aunque una de esas causas ya no está activa.
