El tema de las jubilaciones y la cobertura social que brinda la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires, para aquellos que tienen contratado el servicio que ofrece la entidad, está instalado hace mucho tiempo en los pasillos de tribunales en La Plata. Es que, con el correr de los años, se habrían aplicado recortes progresivos en el subsidio que originariamente beneficiaba a los pasivos del sector, pulverizando así sus ingresos, ya que en la actualidad la quita por ese concepto es total.
En una reciente acción de amparo que recayó en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 21, un profesional retirado, con una vida de aportes, denunció: “O me quedo sin jubilación o me quedo sin sistema asistencial”. En él, explicó, ingresó a su esposa y a una hija, que es estudiante terciaria.
El accionante mencionó que una jubilación básica ronda los $800.000 mil mensuales y dijo que el costo de la obra social supera los 700.000. Por eso, consideró, que el sistema se torna inviable.
De acuerdo a lo que se conoció del caso, luego de pagar la cuota de diciembre, la jubilación del letrado reclamante quedará reducida a solo 60.000 mil pesos. Una compra en la carnicería. Con suerte sino se eligen cortes premium.
Ante ese planteo, el titular del juzgado de mención, Héctor Luján Iacomini, no hizo lugar a la cautelar solicitada para impedir que el afiliado se viera obligado a abonar el 100 por ciento de la cuota por obra social, pero admitió su competencia y dio traslado a la Caja de la Abogacía por el término de cinco días a los efectos de que haga su descargo. Ese plazo está en curso.
El abogado Marcelo Szelagowski, patrocinante del actor, manifestó al respeto: “Es una verdadera vergüenza que luego de más de 40 años de aportar el 20 por ciento de todas las regulaciones que en muchos casos son aportes millonarios, un abogado deba optar entre su jubilación o mantener su obra social. Ello rompe con el espíritu de solidaridad que debe regir la colegiación obligatoria, ya que no es válido el argumento de que `Caja y Obra Social` son instituciones distintas, ya que fueron creadas con el único fin de la solidaridad entre los abogados que tienen grandes aportes y los que no. La prueba está en que cambiaron el sistema de percepción. Cuestiones como estas ponen en discusión la colegiación obligatoria”.
JUBILACIONES CON SALDO NEGATIVO
Históricamente la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires subvencionaba a los jubilados y pensionados el 100 % de la cuota mensual de la su obra social. Sin embargo con el correr del tiempo, tal subsidio fue siendo cercenado; así las cosas en el mes de julio del año 2023 redujo el subsidio en un 20 % y en el mes de diciembre de 2024 el Directorio de la Caja lo redujo a un 30 %, con lo cual quedaba a cargo del afiliado el pago del 70 % restante, que era restado automáticamente del recibo de la jubilación.
A partir del mes de octubre de este año, se informó, la Caja de abogados eliminó el 100 % del subsidio y modificó el sistema de percepción, es decir ahora a los jubilados y pensionados no se les retiene del recibo, sino que perciben el 100 % de su jubilación, pero deben abonar “por afuera” la obra social. Ello se debió a que, según tomaron nota, en muchos casos las jubilaciones y pensiones quedaban en saldo negativo, lo cual sería un absurdo y claramente lesivo a cualquier sistema previsional.
El universo de jubilados y pensionados que actualmente poseen subsidios de sus cuotas CASA abarcaría poco más de 2.470 personas. Por eso desde la Caja se argumenta que los costos de las prestaciones habrían aumentado de manera significativa en los últimos tiempos, lo que habría incidido en la sustentabilidad del sistema. Por eso la necesidad de suspender los subsidios que se habían otorgado, en su actual extensión.
Sin embargo, para el reclamante "la alteración de las normas jurídicas que protegen mis derechos a la percepción de mis haberes jubilatorios y la estabilidad del cobro de las cuotas de CASA no pueden ser alteradas imponiendo aumentos prohibitivos mediante la quita de beneficios, con solo la mención de generalidades referidas a aumentos de los costos financieros y prestacionales, ello sin perjuicio de la clara violación de la actual normativa vigente en cuanto a las formas y modalidades de las notificaciones que ese Directorio debió disponer ante la quita
de los subsidios".
"Se debe decir que en la extensa resolución no se indican que se hayan dispuesto otras medidas de ahorro que hubiesen posibilitado o bien, revertir el supuesto deterioro de las cuentas o evitar de alguna forma o manera quitar el subsidio a la franja etaria más débil del sistema, los jubilados y pensionados", añadió.
El tema está planteado y es motivo de enorme preocupación dentro del sector de la Abogacía. Como sucede con los médicos y, otras actividades colegiadas, retirarse no parece ser la mejor opción.
