La lista de afectados por presuntos desmanejos en la Desarrolladora Inmobiliaria ABES S.R.L. sería enorme y con gente muy conocida en la ciudad de La Plata. Hablamos de entrenadores de fútbol, empresarios importantes y hasta un colegio profesional.
Según las presentaciones judiciales que ya desembarcaron en distintas fiscalías de la Ciudad, el ardid estaría constituido en la recepción de importantes sumas de dinero en dólares, como es la operatoria de siempre en el mundo de la compra de propiedades, pero con contratos y promesas de entrega no cumplidas.
En base a esas denuncias, se sospecha que, estando cortada la cadena de pagos, se habría continuado con la captación de clientes. Y, lo peor de todo, a sabiendas de que no había forma de responder a lo pactado.
Tal vez la intención fue la de obtener fondos frescos para ir solucionando los problemas que se arrastraban con el tiempo, aunque se llegó a un punto que la situación se tornó insostenible. Por eso los reclamos y pedidos de apertura de una investigación.
De acuerdo a lo indicado por el diario EL DIA, a fines de 2025 la empresa ABES cambió de manos. Fue tras una compleja negociación, donde se analizó la cuestión societaria, el pasivo y los demás temas inherentes al giro comercial, que permitirían avanzar con un plan de acción para los tiempos que vienen, citó el matutino. También que el problema lo tienen ahora quienes manejaron la firma hasta ese traspaso.
Ocurrió por la paralización de una docena de edificios y varios otros proyectos bajo el sistema de fideicomiso en pozo que, pese a haber sido comercializados, no tendrían ejecución de obra. Por eso varias personas decidieron cruzar la instancia de las intimaciones para recalar directamente ante la Justicia, en donde pidieron que se analicen las conductas desplegadas, sus eventuales responsables y una serie de medidas cautelares como la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes.
De acuerdo a la documentación que dijo contar ese medio, por lo menos hay seis presentaciones judiciales. Las mismas tuvieron radicación en la UFI Nº 6 de Patricio Barraza (IPP 06-00-000167-26-00); la UFI Nº 15 de Cecilia Corfield (IPP 06-00-063468-25-00; IPP 06-00-063468-25-00 e IPP 06-00-062296-25-00) y la UFI Nº 3 de Gonzalo Petit Bosnic (IPP 06-00-062786-25-00), que además tendría otra de 2023 a su cargo por un desarchivo tras una excusación del fiscal Martín Almirón (UFI Nº 8).
Los apuntados, agregó EL DIA, son el abogado Diego Lacki, el que -se dijo- “se presentaba como dueño de la empresa ABES, comercializadora de edificios y vendedora de departamentos en pozo”; Macarena Núñez y Juan Ignacio Eulloque, socia gerente y apoderado de la compañía, respectivamente.
En la publicación se informó que a esos cargos llegaron desde el fallecimiento del fundador de la empresa y que su esposa, en representación de la hija menor de edad, cediera toda su porción accionaria cansada de no recibir utilidades.
Uno de los afectados es el ex entrenador de Gimnasia, Pedro Troglio, quien a través de su abogado, Miguel Molina, expresó que en junio de 2023 lo invitaron a participar de una cena en un edificio de 7 y 35, donde conoció a un grupo de personas, entre las que se encontraba aparentemente Lacki.
“Mas allá de la afinidad propia de un grupo, se evidenciaba el conocimiento que poseían los integrantes respecto de la actividad a la que se dedicaba uno de los comensales, Diego Lacki”, se expuso en el documento.
“En total -se aclaró- Pedro participó presencialmente de dos reuniones, en las que se comentaba la conveniencia y bondades de invertir en los proyectos liderados por Diego Lacki y la empresa ABES. Es así que, al interiorizarnos de los distintos emprendimientos de esa firma, y luego de mantener por fuera de las reuniones sociales, videollamadas con Lacki (...) que mostraba la solidez y seriedad de la firma que representaba”, se decidió invertir en el proyecto.
Entonces a partir de marzo de 2024, fueron dos los fideicomisos a los que adhirió Troglio. Se llamaban “Dezzeo” y “Lucero”.
En la denuncia se mencionó que Troglio hizo entrega de una importante suma en dólares, parte de lo cual, al estar fuera del país, concretó vía transferencias bancarias a cuentas de EE UU, cuya titularidad responderían a Lacki.
“Eran cláusulas atractivas para cualquier inversor y que nos servían y mucho para solventar gastos en Argentina”, se expuso en la presentación judicial. Aparte garantizaban una renta mensual actualizable hasta la culminación de las obras, aunque ni siquiera vieron la luz.
Así, frente a sus reclamos por la falta de resultados, “nos hablaban de problemas gremiales, conflictos con los proveedores e inspecciones”, detalló Molina sobre la maniobra.
Por último, mencionó que “lo que exponemos no solo constituye el delito de administración fraudulenta, siendo que Lacki depositaba en su cuenta personal off shore dinero que luego no se volcaría a la inversión convenida, sino que por averiguaciones practicadas al momento de comercializar el departamento en pozo, la empresa ya estaba en virtual cesación de pagos”.
La historia, seguramente, depará nuevos capítulos. En La Plata y alrededores hay mucha gente molesta, porque no solo se habla de un perjuicio económico, sino también de la afectación al principio de buena fe.
Del lado de Lacki desmienten absolutamente todo. Aseguran que nunca tuvo la representación ni el rol que le asignan y señalan a la vendedora de ABES como la única que estaba facultada para intervenir en cada operación comercial. Y ahora que se transfirió la compañía, serán los nuevos propietarios los indicados para resolver las inquietudes planteadas, ya que adquirieron la firma con conocimiento cabal de sus activos y pasivos.
