La audiencia imputativa por la seguidilla de homicidios narco en Rosario permitió exhibir a los fiscales los indicios que demostrarían que la orden partió desde la cárcel, en represalia por el endurecimiento de las condiciones de detención de los delincuentes de “alto perfil”. También argumentaron que los crímenes fueron encargados a menores y que éstos cobraron 400 mil pesos por ejecución, informaron fuentes judiciales.
Frente a la jefa de los fiscales de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, y el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario sostuvieron que el adolescente de 15 años detenido por acribillar al playero Bruno Bussanich, el 9 de marzo, también mató al taxista Héctor Raúl Figueroa, en lo que fue el primer asesinato de la saga que desató la conmoción social y paralizó a esa ciudad de Santa Fe.
En la lectura de su acusación precisaron que Alejandro Núñez, alias Chucky Monedita, encargó los dos primeros asesinatos (el de Figueroa y, al día siguiente, el del también taxista Diego Celentano) desde el penal de Piñero, donde está preso. Lo habría hecho, sostuvieron, a través de su pareja, “La Doña”, que cursa prisión domiciliaria en Funes, que se habría encargado de reclutar a sicarios menores de edad, inimputables.
Según los fiscales, los ideólogos de los ataques habrían organizado una reunión tras el primero de los crímenes para ordenar otro. La paga sería de 400 mil pesos. El reclutador de los gatilleros adolescentes, miembros de una banda del barrio Santa Lucía, habría sido un joven que está con arresto domiciliario a disposición de un juzgado de Menores. Este mismo sujeto les proporcionó el arma para asesinar al colectivero Marcos Daloia, conductor de la línea K de trolebuses, quien se convirtió en la tercera víctima de la seguidilla.