El fiscal platense Fernando Padovan solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga el incendio y derrumbe del depósito de la firma Al Tecno, ocurrido el 16 de julio de 2025 en la calle 48 entre Diagonal 77 y 3, donde se vivió un infierno pocas veces visto en la Ciudad, el cual puso incluso en riesgo la vida decenas de vecinos y provocó importantes daños materiales.
La acusada es Roxana Aloise, presidenta de la empresa Al Tecno S.A., quien fue imputada por “estrago culposo agravado y desobediencia, en concurso real”.
Según el requerimiento, existen pruebas suficientes para que la empresaria enfrente un juicio oral por haber mantenido en funcionamiento un depósito que había sido clausurado por el Municipio semanas antes del siniestro.
De acuerdo con la investigación, el fuego se inició en el predio de una antigua estación de servicio -que supo ser utilizada como cochera- y donde se almacenaban electrodomésticos, al parecer, sin habilitación ni medidas de seguridad de ningún tipo.
Las llamas se propagaron rápidamente por el edificio y terminaron afectando gran parte de la estructura, provocando el colapso de los pisos superiores.
Uno de los aspectos más graves puntualizados en el expediente fue el riesgo que corrieron los vecinos linderos. Entre ellos se encontraba Martina Píccoli, quien dormía en su vivienda contigua cuando comenzó el incendio y logró escapar gracias a que un vecino la despertó a los gritos.
Según declaró ante la Justicia, salió de la casa apenas con su celular, las llaves y el pijama puesto. Minutos después observó cómo parte del edificio incendiado se derrumbaba sobre su vivienda. La joven aseguró que, de no haber sido alertada a tiempo, probablemente habría muerto atrapada entre las rejas de seguridad y el humo.
El derrumbe destruyó gran parte de su propiedad, incluyendo sectores de la cocina, un estudio donde trabajaba y otros ambientes que quedaron inhabitables.
En la acusación también se destacó que el depósito había sido inspeccionado y clausurado por la Municipalidad de La Plata semanas antes del foco ígneo.
La documentación incorporada al expediente señala que el 25 de junio de 2025 inspectores municipales constataron que el lugar funcionaba como depósito de electrodomésticos sin habilitación correspondiente y sin medidas de seguridad contra incendios.
Tras la inspección se labró un acta contravencional y se dispuso una clausura preventiva. Días después, el Juzgado de Faltas confirmó la medida y notificó formalmente a la empresa.
Sin embargo, según la Fiscalía, la actividad comercial continuó normalmente.
En ese punto, dos trabajadores del depósito prestaron declaración testimonial y señalaron directamente a Roxana Aloise como la persona que impartió las órdenes para continuar operando pese a las clausuras.
Los empleados relataron que durante las inspecciones municipales recibieron instrucciones para no permitir el ingreso de los inspectores y para no firmar documentación oficial.
Además, afirmaron que, pese a la colocación de fajas de clausura, al día siguiente el depósito volvió a funcionar normalmente y las cintas ya habían sido retiradas.
Ambos coincidieron en señalar que el establecimiento carecía de habilitación municipal y que tampoco contaba con sistemas de detección o prevención de incendios. Según sus testimonios, la única alarma instalada era contra robos.
Una de las pruebas más importantes incorporadas al expediente es el informe realizado por la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina. Los peritos concluyeron que el incendio se habría originado por una contingencia eléctrica vinculada a un fallo eléctrico en la planta baja del edificio.
A partir de ese instante se produjo un incendio generalizado, que afectó varios pisos y terminó provocando el derrumbe parcial de la estructura.
Las filmaciones obtenidas por las cámaras, según consta en la causa, permitieron descartar la participación de terceros en el inicio del fuego. Así el fiscal Padovan consideró probada la responsabilidad de la titular de la firma Al Tecno S.A.
Para la Fiscalía, la conducta atribuida a Roxana Aloise encuadra en los delitos de estrago culposo agravado y desobediencia, ya que habría ignorado deliberadamente las órdenes de clausura, manteniendo en funcionamiento un depósito que operaba sin habilitación y sin medidas de seguridad.
Además, el requerimiento sostiene que la imputada era la máxima responsable de la empresa y tenía pleno conocimiento de las inspecciones, las infracciones detectadas y las órdenes de cierre.
Concluida la etapa de instrucción, la fiscalía solicitó que el expediente sea remitido a un Juzgado Correccional para la realización del juicio oral, donde se determinará la responsabilidad penal de la empresaria en uno de los incendios más impactantes ocurridos en La Plata durante los últimos años. Igual se abren instancias de negociación judicial, que pueden cerrarse con alguna salida alternativa al debate.
