Un hombre de 42 años quedó detenido tras intentar matar a su pareja en el barrio San Carlos. Así lo interpretó el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien dispuso la aprehensión del acusado por golpear y arrastrar a la víctima hasta una zanja, donde hundió su cabeza en el agua en reiteradas oportunidades, "con clara intención de provocarle la muerte por asfixia", confirmaron fuentes judiciales. Por eso, la imputación es por los delitos de “homicidio agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género en grado de tentativa; resistencia a la autoridad y lesiones leves”
El caso sucedió el domingo pasado en 36 entre 131 y 132, donde el sujeto arremetió contra su pareja, de 25 años. La policía, que acudió a la escena alertada por los vecinos, encontró a la chica con una herida sangrante en una de sus cejas y la cara llena de barro. En estado de shock, reveló que su pareja la había atacado y que intentó ahogarla en una zanja.
También la pasó mal un vecino que, en un intento por auxiliarla, recibió algunas trompadas en el rostro. Los agentes que participaron del procedimiento, del Comando de Patrullas y de la subcomisaría La Unión, tuvieron que hacer dos disparos de escopeta hacia el piso para que el agresor cesara en su actitud, aunque costó que entrara en razones, ya que siguió propinando puñetazos y puntapiés, se informó.
Finalmente, tras una serie de forcejeos, el sujeto pudo ser reducido y derivado a la comisaría de intervención. Trascendió que producto de la refriega o, tal vez por las trompadas que lanzó, al margen de distintos traumatismos, el detenido sufrió la fractura de un dedo de su mano izquierda y también la pérdida de una uña.
“Sufre trastorno de ansiedad con ataques de pánico”, lanzó un allegado con acceso al caso. Como sea, de ser confirmada por el juez de garantías de intervención, la acusación podría desembocar en que el estado de aprehensión se convierta en otro más gravoso, como es la detención.
Para el fiscal Petit Bosnic, “las circunstancias valoradas como indicadores de riesgo procesal deben ser analizadas a partir de dicha normativa, y especialmente de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con rango constitucional, toda vez que el hecho se perpetró en un escenario que revela un contexto de agresión en contra de una mujer”.
“Ello impone, -agregó- asegurar la realización del debate y, por ende, demanda también poner especial atención en aquellas circunstancias que podrían impedirlo u obstaculizarlo”, agregó.
Por último, sostuvo que “existen en el presente indicadores de vulnerabilidad en la persona de la víctima que permiten inferir que podría encontrarse expuesta a influencias por parte del acusado en tanto éste recupere la libertad, configurándose por ello un riesgo procesal”.
