El caso del robo de propofol en el Hospital Italiano de Buenos Aires sacó a la luz una trama inesperada: la organización de reuniones privadas y fiestas en las que se usaban fármacos de uso hospitalario, específicamente propofol y fentanilo. Las investigaciones judiciales y hospitalarias avanzan en paralelo, mientras surgen detalles sobre cómo funcionaban estos encuentros y quiénes participaban.
La muerte de Alejandro Salazar (29), residente del Hospital Rivadavia y también vinculado al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, reveló la existencia de estas fiestas. El 20 de febrero de este año, Salazar fue hallado sin vida en un departamento alquilado sobre la calle Juncal al 4600. En la vivienda se encontraron frascos de propofol procedentes del Hospital Italiano, lo que llevó a la institución a iniciar una investigación interna y presentar una denuncia judicial.
En el centro de la trama aparecen dos profesionales del Hospital Italiano que fueron separados de sus cargos y luego imputados por la Justicia: Hernán Boveri, exmédico del área de Anestesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires, y Delfina Lanusse, residente de tercer año de la misma especialidad en esa institución. Ambos fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera y el juez Javier Sánchez Sarmiento y quedaron imputados, por ahora, en una causa que busca determinar cómo medicamentos de uso restringido habrían salido del circuito interno del hospital y terminado en ámbitos privados para consumo recreativo.
El 23 de febrero, tres días después de la muerte de Zalazar, el hospital radicó una denuncia por faltante de anestésicos. A partir de esa denuncia, el expediente avanzó en el ámbito del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, con intervención de la Fiscalía N°49, que concentra la investigación en la posible sustracción y utilización irregular de medicamentos que no se comercializan en farmacias ni están disponibles fuera del ámbito hospitalario.
Fuentes judiciales aclararon que la hipótesis central no apunta a una maniobra de narcotráfico ni a la venta ilegal de sustancias, sino a una presunta administración fraudulenta en perjuicio del hospital. Se trata de drogas legales, pero de uso estrictamente controlado, cuya manipulación fuera del ámbito asistencial implica un apartamiento de los protocolos médicos establecidos.
Entonces, el expediente podría avanzar bajo la figura de hurto, con una pena máxima de dos años, o -con mayor probabilidad- en la de administración fraudulenta, que contempla penas de hasta seis años de prisión.
El avance de la investigación incluyó allanamientos realizados el 12 de marzo por la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con la información incorporada al expediente, los procedimientos dieron resultado positivo y permitieron reforzar la sospecha sobre el origen hospitalario de los anestésicos hallados en el domicilio del médico fallecido.
En paralelo, la Justicia dispuso una serie de medidas restrictivas sobre los imputados, entre ellas la prohibición de contacto entre ambos y de salida del país, mientras continúan las declaraciones testimoniales y la recolección de pruebas para reconstruir el circuito de acceso, retiro y eventual uso de esos medicamentos.
Boveri había sido presentado en distintos ámbitos académicos como un anestesiólogo con trayectoria en el hospital, con participación en espacios de formación vinculados a TIVAmérica y EuroSIVA. Su nombre también aparecía asociado a actividades científicas recientes en el campo de la anestesiología.
Lanusse, por su parte, se desempeñaba como residente de anestesiología desde septiembre de 2023. Se había formado en medicina en la Universidad Austral, donde realizó prácticas clínicas vinculadas con procedimientos anestésicos y tareas de tutoría académica en Fisiopatología e Inmunología. Allí coincidió con Chantal Leclercq, amiga suya, que luego comenzó la residencia en anestesiología en el Hospital Rivadavia, donde conoció a Alejandro Salazar.
En las indagatorias realizadas en marzo de modo virtual, las respuestas de ambos marcaron diferencias. Boveri optó por no declarar, mientras que Lanusse realizó un descargo verbal y adelantó que lo ampliaría por escrito. Según fuentes judiciales, en esa exposición hizo referencia a cuestiones personales y buscó presentarse como víctima.
En paralelo al expediente, la causa tomó visibilidad pública por la circulación de un audio de WhatsApp en el que se mencionaban supuestas reuniones denominadas “Propo fest”, en las que un grupo reducido de profesionales habría utilizado anestésicos con fines recreativos. Ese material no forma parte del expediente judicial, aunque la fiscalía analiza una línea vinculada a lo que en ese mensaje se describe como “viajes controlados”: experiencias en las que, a cambio de dinero, se ofrecería a terceros la posibilidad de alcanzar un estado de relajación mediante la administración de estos fármacos bajo supervisión.
Por el momento, esa hipótesis no fue formalizada en una imputación. Es una línea investigativa más.
"VIAJES CONTROLADOS"
Las fiestas, conocidas como “Fiesta del propofol”, se realizaban en espacios privados, según surge de la investigación. De acuerdo a fuentes judiciales y hospitalarias, había dos modalidades: encuentros de carácter sexual, en los que se invitaba a conocidos, y experiencias “vendidas” a clientes que buscaban “viajes controlados” con supervisión médica improvisada.
En ambos casos, se dosificaban los fármacos y se establecía una suerte de guardia médica. Siempre había alguien preparado con un ambú, el dispositivo utilizado para brindar asistencia respiratoria en caso de que algún participante sufriera apnea, situación que puede derivar en paro respiratorio. Entre médicos, la acción de aplicar el ambú se denomina “ambucear”.
El propio comunicado del Hospital Italiano reconoció el “robo de estupefacientes” en el área de anestesiología y detalló que se tomaron medidas inmediatas, tanto administrativas como judiciales. Ninguna de las personas involucradas continúa desempeñando funciones en la institución. A la par, se reforzaron los controles internos sobre la gestión de medicamentos y se trabaja en conjunto con la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) para analizar y prevenir casos similares en otros centros de salud.
El propofol y el fentanilo no se consiguen en farmacias. Llegan directamente desde droguerías a hospitales y clínicas, donde se emplean en procedimientos quirúrgicos y sedaciones, bajo estricta vigilancia. Ambos medicamentos poseen un rango terapéutico corto: una mínima diferencia en la dosis puede convertir un efecto terapéutico en uno tóxico o letal.
Durante las fiestas, los organizadores empleaban bombas de infusión, aparatos que permiten suministrar una cantidad constante y precisa de la droga por vía intravenosa. Esto posibilitaba que los participantes alcanzaran un estado de preanestesia, una especie de ensoñación, sin perder totalmente la conciencia. Sin embargo, el riesgo era considerable.
¿Salazar murió en uno de estos encuentros? En su departamento de Palermo no había otras personas cuando lo hallaron sin vida, pero la justicia ya pidió reunir material de cámaras de vigilancia del edificio y cercanas, para determinar recibió invitados en las horas previas.
Las redes sociales también jugaron un papel en la difusión y organización de estos eventos. Se detectaron invitaciones y comentarios relacionados con la “Fiesta del propofol”, así como mensajes de despedida tras la muerte de Salazar, a quien algunos colegas llamaban “Alito”.
