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Deberán pagar $36 millones más intereses por la muerte de un vecino de La Loma

Condenaron a la Provincia y a la Municipalidad por la trágica inundación de 2013 en La Plata

El Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata responsabilizó en partes iguales al Estado bonaerense y a la Comuna por la muerte de Orlando Ricardo Logiurato, ocurrida durante la histórica inundación del 2 de abril de 2013. Deberán pagar $12 millones a cada una de sus tres hijas, más intereses. La sentencia consideró que, aunque la lluvia fue extraordinaria, hubo omisiones estatales que agravaron las consecuencias del desastre.

La sentencia fue dictada por la jueza María Fernanda Bisio, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, en la causa iniciada por Nélida Beatriz Logiurato, Romina Luján Logiurato y María Soledad Logiurato Cali contra la Provincia y la Municipalidad local.

El caso se originó en la muerte de Orlando Ricardo Logiurato, padre de las demandantes, quien el 2 de abril de 2013 intentaba regresar a su domicilio cuando comenzó la lluvia torrencial. Según quedó acreditado, el hombre quedó atrapado por el avance del agua y, cuando intentaba llegar hasta la vivienda de su madre, ubicada en la zona de 35 entre 24 y 25, se perdió todo contacto con él. Al día siguiente, su familia fue informada de que debía concurrir a la Morgue para reconocer el cuerpo. La causa de muerte fue determinada como asfixia por sumersión.

Las hijas reclamaron una indemnización de $21.674.000 y atribuyeron responsabilidad tanto al Estado provincial como al Municipio por la falta de obras hidráulicas, mantenimiento y desobstrucción de los desagües, además de cuestionar la planificación urbana y la ausencia de medidas adecuadas para afrontar una emergencia de semejante magnitud.

Tanto la Provincia como la Municipalidad rechazaron la demanda y sostuvieron que las lluvias de aquel día habían constituido un fenómeno extraordinario, imprevisible e inevitable. La defensa provincial destacó que en 24 horas habían caído 392 milímetros y que en apenas tres horas se habían registrado más de 300 milímetros. Sobre esa base, ambas demandadas plantearon que se trataba de un caso fortuito que debía excluir su responsabilidad.

La jueza, sin embargo, hizo una distinción central: consideró extraordinaria la lluvia, pero no las consecuencias de la inundación.

Según la sentencia, el informe elaborado por el Departamento de Hidrología de la Facultad de Ingeniería de la UNLP determinó que el fenómeno meteorológico fue el peor registrado desde 1909. Sin embargo, el mismo estudio señaló que la tragedia obedeció a una combinación de factores, entre ellos la urbanización sobre cauces y zonas aledañas y, especialmente, la falta de una gestión integral del riesgo de inundaciones.

La magistrada también tuvo en cuenta una pericia hidráulica que concluyó que la construcción previa de determinadas obras en la cuenca del Arroyo del Gato y la implementación de medidas no estructurales, como planes de riesgo hídrico, alerta y contingencia, habrían permitido disminuir los efectos de la inundación.

Uno de los puntos centrales del fallo fue la distribución de responsabilidades entre la Provincia y el Municipio. La sentencia sostuvo que las obligaciones generales de diseño, planificación y construcción de infraestructura hidráulica corresponden a la Provincia, mientras que la Municipalidad tiene a su cargo, entre otras funciones, la limpieza, desobstrucción y mantenimiento de los desagües pluviales transferidos a su jurisdicción. También destacó las responsabilidades municipales en materia de planificación urbana y territorial.

Para la jueza, esas obligaciones fueron incumplidas. La sentencia afirma que existió una “omisión antijurídica” por parte de las autoridades y señala además falencias en la planificación urbano-territorial y en la gestión de la emergencia.

En relación con el argumento del caso fortuito, la magistrada concluyó que las precipitaciones fueron extraordinarias, pero que la catástrofe no puede explicarse exclusivamente por la magnitud de la lluvia. Recordó que la Ciudad ya había sufrido inundaciones importantes en 2002 y 2008 y que existían advertencias previas sobre el riesgo hídrico de la Región.

En ese sentido, la sentencia remarca que no existió una alerta meteorológica previa a la tormenta de más de 300 milímetros en tres horas y que, una vez advertida la magnitud del fenómeno, las acciones de mitigación fueron “tardías, caóticas e insuficientes”. También cuestiona la falta de articulación y coordinación de los recursos durante la emergencia.

La jueza concluyó entonces que la falta de mantenimiento de la red de drenaje, la ausencia de un plan de gestión del riesgo, la urbanización de zonas expuestas y el crecimiento de la superficie construida sin una adecuación equivalente de la infraestructura hidráulica agravaron los daños provocados por la tormenta.

No obstante, la sentencia reconoció que la excepcionalidad de las lluvias tuvo incidencia en el resultado. Por ese motivo, estableció una reducción del 30% de la responsabilidad total por la incidencia del caso fortuito. El 70% restante fue atribuido a las omisiones estatales. A su vez, la responsabilidad entre las dos demandadas fue distribuida en partes iguales: 50% para la Provincia y 50% para la Municipalidad de La Plata.

En cuanto a la indemnización, la Justicia rechazó el reclamo por pérdida de chance al considerar que no se acreditó que el hombre brindara una ayuda económica futura a sus hijas adultas. Tampoco reconoció un daño biológico autónomo ni tratamientos psicológicos, ya que las pericias no determinaron una incapacidad permanente ni indicaron la necesidad de terapias.

Sí hizo lugar, en cambio, al reclamo por daño moral. Las pericias psiquiátricas determinaron la existencia de tristeza, angustia y afectación emocional vinculadas con la muerte traumática e inesperada de su padre. Por ese concepto, la magistrada fijó $12 millones para cada una de las tres hijas, suma que ya contempla la reducción del 30% correspondiente a la excepcionalidad del fenómeno climático.

De esta manera, la condena alcanza a $36 millones en total, sin contar los intereses. La Provincia y la Municipalidad deberán afrontar la indemnización en partes iguales, es decir, el 50% cada una.

Además, el fallo estableció que los intereses se calculen desde el 3 de abril de 2013, fecha del hecho, hasta la sentencia a una tasa pura del 6% anual. Desde allí y hasta el efectivo pago, se aplicará la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a 30 días. El pago deberá realizarse dentro de los 60 días de quedar firme la liquidación.

La resolución también impuso las costas a la Provincia y a la Municipalidad, en partes iguales, y ordenó diferir la regulación de honorarios profesionales hasta la aprobación de la liquidación.

En definitiva, a más de 13 años de la inundación que dejó decenas de muertos en La Plata, la Justicia volvió a poner bajo la lupa la responsabilidad estatal frente a aquella tragedia. En este caso particular, el fallo no atribuyó el desastre exclusivamente a la lluvia extraordinaria: sostuvo que las deficiencias en infraestructura, mantenimiento, planificación urbana y gestión del riesgo contribuyeron a que las consecuencias fueran mayores.

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