Hace ya muchos años que se debate la conveniencia, o no, de bajar la edad de imputabilidad como modo de aliviar el impacto de la participación de menores cada vez más chicos en delitos de todas las modalidades. La discusión recrudece con ciertos casos resonantes y nunca se cierra del todo, porque no se produce en el ámbito y con los actores adecuados.
En las últimas horas, y en un duro comunicado, la “Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires” salió a mostrar su postura contraria a ese proyecto, ahora sostenido desde el Ministerio de Justicia de la Nación. En ese documento, los magistrados bonaerenses del fuero sostienen que es “una medida simplista y desacertada”.
Remarcan “la dificultad que conlleva proponer modificaciones de dicho tenor sin hacer referencia a los recursos económicos que, las políticas públicas en la materia, deben asignar para la reconfiguración del sistema de infancia. Y se puso de relieve, asimismo, que aún no se habían adoptado medidas adecuadas para garantizar plenamente el principio de corresponsabilidad, que debería vincular a todos los organismos del Estado de Derecho en el marco de un sistema de promoción y de protección integral de derechos”.
"Desde La Red de Jueces Penales Bonaerenses advertimos con gran preocupación que, desde la perspectiva de los derechos de la niñez, ha habido un preocupante retroceso”.
Para los magistrados del fuero provincial “resulta de profunda inquietud el advertir que existe una cierta convergencia, en algunos sectores políticos, para avanzar aisladamente sobre la idea de bajar el piso de la punibilidad de los adolescentes, incluso a los 14 años, siendo ello una decisión todavía más regresiva, en términos de libertad, que la propuesta realizada en el año 2019”.
“La Red de Jueces penales considera imperioso hacer un llamado a la reflexión para que el recurso de la reforma legal, con el solo objetivo de bajar la edad de imputabilidad, no se presente frente a la sociedad como la única y mejor respuesta frente al delito cometido por jóvenes infractores a la ley, porque a ciencia cierta sabemos positivamente que esa no es la solución”, agregaron.
"Nos preguntamos si no sería mejor presentar a la sociedad concretas políticas públicas de Infancia y Adolescencia, a los fines de abordar ciertas conflictividades sociales que involucran a los jóvenes. Y más concretamente: ¿cuál es el programa alimentario que existe desde el Estado para satisfacer las necesidades más elementales de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país? ¿Cuáles son los índices de deserción escolar y cuáles son las medidas propuestas para promover su inserción en el sistema escolar? ¿Cuáles son las políticas de salud tendientes a tratar de manera efectiva las situaciones de consumo problemático de sustancias tóxicas en los niños y jóvenes? ¿Existen suficientes comunidades terapéuticas para afrontar esta creciente problemática? ¿Cuáles son los programas de acompañamiento terapéutico desplegados de manera continua y efectiva a través de los Servicios Locales o Zonales de Promoción y de Protección de Derechos que permitan garantizar la escucha de los niños, niñas y adolescentes?”.
Cerraron el documento concluyendo que, “en definitiva, abordar un tema tan delicado como es la reducción de la edad de punibilidad con relación a personas vulnerables, quienes por su inmadurez todavía están en plena etapa de crecimiento y evolución personal, no puede realizarse de manera simplista, sin tener en cuenta la necesidad de contar con una legislación racional que sea el producto de una política pública integral, capaz de dirimir los casos de delincuencia juvenil, con enfoque de derechos, conforme prevé la Convención sobre los Derechos del Niño”, concluyeron.