El ex comisario Luis Raúl Ponce, de 72 años, presentó un pedido formal de domiciliaria, que ahora deberá evacuar el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Oyhamburu y el titular de la Cámara Penal, Eduardo Raúl Delbés.
La historia de Ponce es increíble. Se probó que fue quien ordenó la detención del albañil Andrés Núñez (30) en la noche del 27 de septiembre de 1990, a quien encontraron muerto e incinerado en un campo de la localidad de General Belgrano.
Después de eso, a Ponce se lo tragó literalmente la tierra. Por 22 años. Estaba en Junín de los Andes gozando de buena fama, como "un hombre tranquilo, de entrecasa, padre de familia y esposo dedicado”. Así lo definían a quien creían que se llamaba Raúl Alberto Peralta.
Por eso la sorpresa fue grande cuando los amigos y conocidos se enteraron de que había sido detenido por la PSA cerca de Bariloche, después de un tiroteo. Enseguida les dijeron que su nombre verdadero era César Heriberto Peralta y que se trataba de un ex policía santafesino buscado por delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, la sorpresa derivó en confusión y en incredulidad cuando se supo que en realidad su verdadera identidad era Luis Raúl Ponce, un ex comisario bonaerense prófugo por el crimen de Núñez.
Casado durante 12 años con una jueza de faltas, la denuncia de un hombre que quería cobrar una recompensa de 100 mil pesos por César Heriberto Peralta, desmoronó la farsa, que hasta entonces creía perfecta.
Así lo trajeron esposado para La Plata, donde en 2017 fue condenado a la pena de reclusión perpetua -e inhabilitación absoluta perpetua- por encontrárselo coautor funcional penalmente responsable de los delitos de “privación ilegal de la libertad calificada en concurso real con torturas seguidas de muerte” contra Núñez.
El jueves pasado, la viuda de Núñez, Mirna Gómez, fue junto a familiares y amigos a la sede de calle 8 entre 56 y 57, para participar de una audiencia y repudiar el pedido de domiciliaria.
También estuvo Nelba Graciela Segovia, la pareja de Ponce, quien se constituyó en garante para alojarlo en su domicilio del barrio Altos de San Lorenzo. La decisión final se conocería en los próximos días. El caso, por su relevancia histórica y simbólica, es seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos, referentes políticos y distintos actores del ámbito judicial
