Alejandro Ayala, familiar de una víctima del fentanilo contaminado en La Plata y profesional de la salud, volvió a encender la alarma sobre el uso indebido de medicamentos hospitalarios y la falta de controles dentro del sistema sanitario.
Sostuvo que lo que hoy empieza a visibilizarse -fiestas clandestinas donde circulan drogas como el propofol y el fentanilo, sumado a una reciente muerte por sobredosis- no es un fenómeno aislado.
"A diferencia de lo que ocurría tradicionalmente con drogas como la cocaína o la marihuana, hoy los
circuitos de abuso están cada vez más vinculados a medicamentos hospitalarios y no hospitalarios de alta potencia, diseñados sólo para uso médico y con riesgos significativamente mayores".
circuitos de abuso están cada vez más vinculados a medicamentos hospitalarios y no hospitalarios de alta potencia, diseñados sólo para uso médico y con riesgos significativamente mayores".
“Cuando un caso sale a la luz, suele ser indicio de muchos otros que permanecen invisibles”, advirtió, aludiendo a un circuito que, dice, crece por la falta de trazabilidad efectiva.
El caso del anestesiólogo Alejandro Zalazar, fallecido tras consumir propofol y fentanilo, volvió a poner el tema en agenda. Para Ayala, este episodio debe leerse como parte de un problema estructural y vincula a las llamadas “PropoFest” con la crisis del fentanilo contaminado registrada en 2025, que afectó a terapias intensivas en distintos puntos del país y dejó más de un centenar de víctimas fatales. En La Plata, donde el impacto fue significativo, el caso expuso una falla crítica del sistema.
“En ese momento no se pudo reconstruir con precisión a qué pacientes se les habían administrado las ampollas contaminadas. No sabían dónde estaban ni quiénes las habían recibido. No era falta de información, era falta de trazabilidad”, remarca Ayala, insistiendo en que ese déficit sigue vigente.
Tras aquella crisis, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica incorporó nuevos fármacos al sistema de trazabilidad mediante la Disposición 6223/2025, incluyendo el fentanilo y el propofol. Sin embargo, Ayala advierte que la medida no resuelve el problema de fondo.
“El sistema permite seguir el medicamento hasta su distribución, pero no controla lo que pasa dentro del hospital, que es el punto más crítico”, señala. Y suma: "Corrige el listado, pero no resuelve el problema. Tampoco aborda el punto más crítico: la administración al paciente. El sistema sigue sin poder asegurar quién recibió cada ampolla, en qué condiciones y qué ocurrió con ella.
Agrega que la implementación depende de cada provincia, lo que genera controles desiguales y, en muchos casos, insuficientes. Para Ayala, esa debilidad estructural habilita desvíos, uso indebido y circulación por fuera del circuito sanitario.
“Sin trazabilidad real, es muy difícil controlar stock, detectar faltantes o evitar que estos fármacos terminen en otros ámbitos”, explica.
En un escenario donde el uso recreativo de estos medicamentos comienza a replicar patrones internacionales similares a los observados en Estados Unidos, Canadá y Europa, Ayala insiste en que el problema dejó de ser técnico. “Es un riesgo sanitario concreto”, afirma. Las fiestas clandestinas, la muerte del anestesiólogo y la tragedia del fentanilo contaminado no son hechos aislados, concluye Ayala, sino distintas manifestaciones de un mismo sistema que aún no logra controlar medicamentos de altísimo riesgo.
