La perito platense Emma Virginia Creimer, que intervino en la causa por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro en la localidad de Villarino, ocurrida en abril de 2020 (plena pandemia), quedó bajo la lupa a partir del informe técnico que presentó para sostener la hipótesis de homicidio. Por ese trabajo fue citada a indagatoria, sospechada de haber falseado datos, aunque la audiencia quedó en suspenso tras una recusación presentada por su defensa. Por este caso había tres policías investigados.
Según fuentes judiciales, la forense recusó al fiscal Santiago Ulpiano Martínez y al propio juez federal N° 1 de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, quien hizo lugar al requerimiento, por lo que debió suspenderse la diligencia que estaba prevista para el viernes pasado, en la sede de la calle Alsina 317. Los mismos voceros adelantaron que el próximo miércoles se realizará la audiencia de recusación, en la que se empezará a definir su suerte en esta incidencia.
A su vez, Creimer solicitó que - en caso de avanzar el pedido de indagatoria- el acto procesal se realice por vía telemática y no presencial, ya que reside en La Plata. En concreto, a la médica la acusan de plantar pruebas (falso testimonio) para perjudicar a tres funcionarios policiales.
Astudillo Castro desapareció el 30 de abril de 2020 y su cuerpo fue encontrado el 15 de agosto de ese año en un cangrejal. Por esa situación, Creimer había concluido que la investigación por la desaparición del joven fue “ineficaz, ineficiente, tardía y defectuosa”.
En su trabajo de casi 200 fojas, la perito platense indicó que la custodia del cuerpo y la ropa de Facundo no debió estar a cargo de una fuerza policial y cuestionó la forma en que se realizó su levantamiento. Según la experta, las conclusiones de la autopsia ignoraron el contexto descripto en la causa, como por ejemplo el hallazgo de una de las zapatillas del joven en perfecto estado al lado de sus restos esqueletizados, y de un cabello en uno de los patrulleros que coincide con el ADN de Facundo, entre otros varios elementos.
Creimer arribó entonces a diferentes conclusiones con los mismos datos, a saber: el informe de entomología sobre las especies encontradas sobre sus huesos “habilita a pensar en la posibilidad de que Castro no haya muerto en ese lugar y que sus restos hayan sido plantados”.
Sin embargo, se cree que los peritos propuestos por la querella buscaron “embarrar la cancha” para que tres policías de Villarino fueran vinculados a la desaparición del joven. La autopsia, a cargo del reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense, determinó que Facundo murió ahogado y que no tenía lesiones previas ni se advertía la participación de terceros en el hecho.
Creimer siempre apuntó a la hipótesis del homicidio y llegó a afirmar que el joven había sido sumergido en cal, pese a no haber visto nunca sus restos.
UN CONDENADO
Por su intervención en este mismo expediente, una persona ya fue condenada. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó días atrás la sanción a 7 años de prisión contra el instructor de perros Marcos Herrero, por haber plantado evidencia y cometido falso testimonio.
Con los votos de los jueces Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña, por mayoría, se rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Herrero, quien había aludido que las declaraciones vertidas por su defendido no eran falsas, sino “interpretaciones técnicas basadas en su experiencia profesional”.
Sin embargo, en el resolutorio se indicó que el cúmulo probatorio “impone la conclusión de que Herrero faltó a la verdad para la cual fue convocado, que es la verdad científica, comprobable por las reglas de la ciencia y la técnica”.
“Sus postulados deben considerarse carentes de verificabilidad, imprecisos, frágiles y dogmáticos, sin que se haya podido corroborar -ni siquiera mínimamente- su contenido”, agregó el fallo.
“La conducta del imputado revela una clara voluntad de falsear la realidad, construyendo deliberadamente una narrativa basada en un supuesto método propio, que carece de todo sustento científico y no se enmarca en ningún estándar reconocido por la disciplina”, completó.
CASO Y CONTEXTO
Astudillo Castro (22) desapareció el 30 de abril de 2020, después de que salió a dedo desde la localidad de Pedro Luro hacia la ciudad de Bahía Blanca -debía recorrer unos 120 kilómetros- para visitar a su exnovia, en el contexto en el que regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional como medida sanitaria frente a la pandemia de COVID-19.
La norma prohibía la circulación en la vía pública, salvo al personal denominado "esencial", y establecía la intervención de las fuerzas de seguridad para que hicieran cesar la acción de quien la violara.
El joven había pasado la noche del 29 de abril en la casa de un amigo y en la mañana del 30, a las 5, inició el viaje a pie por la Ruta Nacional N°3. Tras recorrer los primeros 30 kilómetros del trayecto, Facundo arribó a Mayor Buratovich, donde llegó gracias a un automovilista que lo acercó. El joven tuvo allí su primer encuentro con una autoridad policial alrededor de las 10.
A partir de entonces, la investigación se abre en una serie en incógnitas; la evidencia forense obtenida en diferentes procedimientos, los datos técnicos que se desprenden de dispositivos de telefonía celular y las declaraciones testimoniales relevadas no son suficientes para conformar un relato uniforme y cronológico del derrotero de Facundo.
OTROS INFORMES
Virginia Creimer intervino en numerosos casos de muertes bajo custodia policial con informes que derivaron en condenas, muchas luego cuestionadas. Por ejemplo, en la muerte de Gastón Duffau, dijo que lo habían ahorcado con la toma mataleón y torturado en un patrullero, incluidas lesiones compatibles con “tonfas policiales”.
En la muerte de Brian Sotelo refirió a la supuesta toma mataleón y puntapiés con borceguíes. En la de Daiana Abregú, que los policías la ahorcaron y que tenía signos de defensa.
En la muerte de Franco Casco dijo que los policías también lo habían ahorcado con la toma mataleón y lo tiraron al agua vivo con peso para hundirlo. En el caso que tuvo como víctima a Carlos Orellano, que los policías lo habían ahorcado y lo descartaron en un curso de agua.
Por otro lado, fue muy criticada su participación en el juicio que terminó en condena de 35 años contra Lucas Puig, el docente acusado de abuso, quien falleció en situación de detención, ya que su aporte técnico se hizo en base a conclusiones dogmáticas, sin tener contacto con las víctimas.
