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Víctimas por la Paz: otra manera de enfrentar el dolor y entender la justicia

En tiempos de exigencia de mano dura, leyes implacables y cárcel “a lo Bukele”, otras voces resuenan en los agostos pasillos de tribunales, en las salas de audiencia, en los penales y en cualquier espacio donde haya una víctima con su propia historia. Es que no todas pretenden ser el personaje que sentencia “usted dijo perpetua” en El Secreto de sus Ojos.

“Otros elegimos el camino de la reparación, aunque nos hayan pasado cosas feas y violentas”, explica Pablo “Colo” Pérez, hijo de un comerciante platense que fue asesinado de un tiro en la cabeza hace 26 años, en El Dique.

Diana Márquez es abogada, mediadora y facilitadora del diálogo restaurativo. Está convencida de que “el punitivismo fue un fracaso, porque en las cárceles argentinas hay más población que nunca y eso no bajó la violencia”. Dice que lo desafiante es “cruzar el puente” para entablar “el diálogo más difícil, que es con la persona que nos hizo daño”. Y no lo plantea desde el inestable piso de la teoría, sino enraizada en el dolor de su propia experiencia. De niña, sufrió un abuso sexual intrafamiliar.

María Dávalos tenía 12 años cuando vio a dos sujetos matar a su padre a tiros. Hoy, ya con 33, está a punto de recibirse de abogada y es tallerista voluntaria en cárceles de Campana.

Los tres, junto con más de 50 personas de todo el país y una legisladora uruguaya, conforman la asociación Víctimas por la Paz, integrada por ciudadanos que, habiendo sufrido las consecuencias del delito, eligieron “convertir el dolor y la frustración en acciones positivas, rechazando la idea que el mejor modo de afrontar los conflictos se encuentre en el endurecimiento de la ley penal”. Así lo explican ellos mismos, seguros como están de que “el odio o el rencor solo profundizan la violencia.”

Aclaran, eso sí, que su “propósito no es incompatible con la acción de la justicia”, ni buscan “confrontar con otras víctimas que entienden que la solución de los problemas se encuentra en aumentar la prisión”.

LA IMPORTANCIA DE SANAR 

Diana Márquez fue una de las fundadoras de esta asociación junto con el reconocido juez penal de Necochea Mario Juliano, fallecido en 2020, a quien en 2017 se le ocurrió reunir a víctimas que “no tenían una mirada punitivista ni vengativa”, con “ofensores que cometieron delitos y querían pedir perdón”. La propuesta la sedujo desde el arranque, en parte por el trabajo que ya venía realizando en la justicia como mediadora o gestionadora de conflictos. Y también porque ella misma fue víctima de un delito que el trauma logró esconder en su memoria, hasta que lo rescató de allí una escena de la película Eclipse Total, de 1995.

“Sucede en un barco, con una nena que claramente fue abusada y al verla sentí en el cuerpo algo que me llevó para atrás. Me apoyé en la butaca y se me vinieron todos los recuerdos. Entré en una gran depresión, porque me di cuenta de que pasó en distintas locaciones, en mi casa, en la casa de mi abuela. Y yo tenía 5 o 6 años; no sabía lo que pasaba”, relata. El agresor era un tío abuelo que, además, era su padrino. Hoy Diana es directora de Victimas por la Paz y presidente de la Sociedad Argentina de Justicia Restaurativa (SAJUR), entre otras funciones que avanzan en el mismo sentido.

Diana Márquez

“Por haber podido superar muchas cosas pude ser proactiva y no quedarme en el dolor”, dice Márquez. En Víctimas por la Paz conviven personas con vidas e historias muy distintas, que se contienen y acompañan entre ellas, pero también se reúnen a pensar qué pueden aportar para la seguridad: “Estamos preocupados por eso”, admite Diana, solo que “nos ocupamos de otra forma”.

SAJUR es un actor importante para esta idea, ya que “la justicia restaurativa es la del sentido común, a veces perdido, de que quien hace un daño y se hace cargo, piensa en repararlo”, resalta Diana. Se trata de un campo del derecho que casi no tiene aplicación práctica en el mundo, salvo en Argentina. El foco está puesto entonces en la reparación más que en la sanción, aunque los encuentros que se dan en este marco no tienen incidencia directa en el resultado de un proceso penal.

Según Márquez, “la justicia retributiva, que es la común o la que conocemos, no va a las causas de la violencia y tampoco piensa en el futuro. A las víctimas las deja solas y a los ofensores los manda a la prisión, pero el problema sigue”. Aclara la abogada que de ningún modo avalan la impunidad como solución. “Es otra cosa”, insiste.

Pone como ejemplo un encuentro restaurativo que realizaron en 2022 en la ciudad de Mercedes, a pedido de un menor que fue condenado por cometer un doble homicidio en ocasión de robo y el hijo de una de las víctimas. “Se encontraron, en articulación con la justicia, y para la víctima también fue sumamente sanador”, cuenta Márquez. La medida no tuvo incidencia directa en la etapa de ejecución en que se encontraba el proceso, aunque el joven sumó una salida transitoria más a las que ya tenía y, dicen, está integrándose bien en su entramado social.

“POR AHI, MI VIEJO ZAFABA”

Oscar Luis Pérez, fanático del Lobo, era repartidor de mercadería en kioscos de la Región. No le faltaba mucho para jubilarse, pero estiraba el retiro para no dejar en banda a los clientes “de toda la vida”. A uno de ellos fue a entregarle artículos escolares una tarde de 1998, en un sector “picante” del barrio El Dique, en Ensenada, sin saber que iba a ser lo último que haría.

“Andaba en una F100 destartalada, y cuando se retiró del negocio lo abordó un pibe que le robó 3 dólares. Los testigos cuentan que le dijo ‘no me rompas las pelotas’ y quiso cerrar la puerta de la camioneta, pero el flaco metió la mano por dentro, con una 38 y le disparó en la cabeza”, cuenta Pablo, su hijo. La noche del día siguiente Pablo volvió a ese lugar. No sabe bien por qué, aunque sí se acuerda de lo que pensó mirando la casa del asesino: “De ahí no puede salir otra cosa que un pibe que tomó esa actitud. En el mejor de los casos, un cartonero”. Y decidió que “algo había que hacer”.

Junto con vecinos y amigos organizó una movida que bautizaron con el nombre de “La Plata Solidaria”, impulsora de muchas iniciativas en la ciudad. En una de ellas, llamada “Abrigomóvil”, le tocó llevar frazadas y ropa a una casa situada a una cuadra de donde asesinaron al padre. El apellido de quien lo contactó le resultó conocido: era la hermana del homicida. Cuando él se lo dijo, ella le respondió “te quiero dar un abrazo”. Y así fue. “Para mí, ahí cerró todo”, confiesa el Colo, quien esa tarde dejó la ropa y volvió a su barrio, Tolosa, sintiéndose distinto.

El también integra la Asociación de Víctimas por la Paz.

“Es más fácil ponerse en el lugar de quien puede juzgar como Dios, que brindar contención y ayuda”, completa Pablo, seguro de la importancia de garantizar herramientas en casos extremos. “Por ahí, si el pibe que mató a mi viejo las hubiera tenido, mi papá zafaba”.

Y cierra: “Se piensan que tenemos una mirada romántica, tratando de convencer a los que tomaron el camino del delito o de la droga, pero no es así. Si roba, va preso, sólo que tenemos una mirada reparadora”.

 “QUE ENCUENTREN LA PAZ QUE YO ENCONTRÉ”

Al papá de María Dávalos también lo mataron la inseguridad y la violencia, en el convulsionado año 2002. Él tenía una panadería en su casa de Moreno, a donde solía concurrir a diario un vecino llamado Carlos, para recibir pan y facturas. “Un domingo Carlos llegó alterado. Había consumido (droga o alcohol) y le pidió a mi papá que le diera dos pesos. Él le dijo que volviera más tarde, pero la segunda vez rompió los vidrios e intentó robarle. A la tercera, fue con otro, de 19 años”, recuerda María. En la casa estaban ella, entonces de 12 años, y su padre, quien la puso a salvo saliendo para el fondo para que los agresores no la vieran. Ella sí los vio, desde la ventana de su cuarto. Y los vio matarlo de tres tiros, ya en la casa de un vecino.

“Era muy chica y al principio tenía mucho miedo”, reconoce, hasta que un rápido abordaje terapéutico la ayudó en su crecimiento. También a entender que el no tener una sed de venganza no la hacía mejor ni peor que su entorno. Su mirada era distinta.

“Escuchaba a mi familia desear que ellos sufrieran y no podía, porque yo lo escuche a mi papá, sentí su miedo, su angustia y no podría desearle eso a nadie. Por suerte mi psicólogo me dijo que no estaba loca”, apunta la joven, radicada en Escobar, en una charla con EL DIA.

El testimonio de María resultó clave para condenar a los responsables en el juicio oral, aunque ella no obtuvo con aquel cierre la paz que le prometieron. Estaba en otro lado.

María Dávalos

Hoy está a punto de recibirse de abogada y desde hace algunos años trabaja junto a Víctimas por la Paz como tallerista voluntaria en dos penales del complejo penitenciario de Campana.  “Hacemos talleres literarios, de reflexión, de madera y para fomentar el trabajo en las cárceles, para que cuando salgan no vuelvan a delinquir”, detalla María, convencida de que hay delitos que se pueden prevenir.

Nunca intentó un encuentro restaurativo con quienes mataron a su padre por respeto a su madre, que no piensa igual, pero si pudiera sentarse a tomar un café con ellos les diría lo que le dijo al juez que les dio salidas transitorias: que ojalá encuentren “la paz que yo encontré”.

“Mi papá ayudaba a mucha gente y no quiero perder esa esencia. Soy una persona feliz, que aprecia mucho la vida. Tengo gente que me quiere, mi futuro marido, mis animales. Y a todo le veo algo bueno”, celebra.

En una de las cárceles a las que asiste, los internos pintaron en un mural la figura de un hombre y una nena, con la inscripción Víctimas por la Paz y el nombre del papá de María.

El mural en la cárcel de Campana

“Los asesinos ya están libres, pero mi papá nunca volvió a casa. Si puedo prevenir que a una familia le pase lo mismo, mi papá tendrá la justicia que merece”.

 

“TENEMOS MUCHAS HERRAMIENTAS, PERO NO EL DERECHO A PERDONAR”

El 13 de abril del 2015, un principio de incendio en un galpón de agroquímicos de la empresa fumigadora Shipingsuarence, propiedad de los hermanos Emiliano y Fernando Cañada, provocó un vertido de venenos hacia el sistema cloacal de Quequén. Al entrar en contacto con el agua, los agroquímicos produjeron gas fosfina, que causó la muerte de Melisa Fernández y provocó heridas en una veintena de vecinos. La fiscal del caso les imputó a los responsables un delito doloso, pero, antes del juicio, Mercedes, la madre de Melisa y los acusados protagonizaron un encuentro restaurativo, que terminó con ellos abrazados y llorando.  “Yo no siento odio por nadie, ni soy Dios para perdonar. Siento dolor, pero no me interesa que vayan a la cárcel porque ya entendí lo que pasó”, argumentó Mercedes.

Un homenaje a Melisa, la joven que murió por gases tóxicos en Quequén. Su madre y los responsables participaron de un encuentro de justicia restaurativa

En el alegato final del juicio, la fiscalía pidió condena por un delito culposo, con una pena en expectativa de menos de tres años.

Alejandro David es juez de Ejecución Penal de San Isidro e integra la asociación Víctimas por la Paz, no porque haya sufrido un delito en carne propia, sino para “entender un poco mejor lo que necesitan” quienes sí atravesaron por eso. En particular desde la sanción de la Ley de Víctimas, en 2021, y porque su rol es el de velar que se cumpla la pena, además de otorgar, o no, beneficios procesales.

Alejandro David

“Desde que las víctimas tienen voz en el proceso vemos que el discurso de mano dura no obedece a la realidad, porque la participación debe rondar el 20 por ciento y la mayoría no pide más que ser informado. De hecho, me han sorprendido personas que piden que le den otra oportunidad (al condenado) o que entienden que si cumplió la pena puede salir”, detalla David.

Considera que la justicia restaurativa es “coherente con los orígenes del derecho penal” –partes resolviendo un conflicto con un juez como mediador-, “porque desde lo judicial estamos totalmente alejados de las víctimas. Aplicamos la pena, pero el conflicto sigue estando”. En ese punto recuerda el caso de un hombre al que le prendieron fuego su auto y condenaron a los responsables. “Cuando lo llamé me dijo que los conocía desde chicos y que hubiera preferido que le arreglaran el auto. El seguía con el auto quemado y los chicos presos. Perdieron todos”.

Lamenta David que la ley haya otorgado muchas herramientas, salvo, “el derecho a perdonar. Hay delitos de acción pública en los que el perdón de la víctima es irrelevante y la condena se cumple igual. Y el perdón es tan importante como el ser perdonado”.

 

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