Una nueva y estremecedora evidencia se incorporó a la investigación por el triple crimen de Florencio Varela. Los investigadores encontraron un video que registra parte de las torturas que sufrieron las tres jóvenes asesinadas en septiembre del año pasado. La filmación, que hasta ahora no había trascendido, muestra particularmente el sometimiento de Lara Gutiérrez, de 15 años, antes de ser asesinada junto a Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20.
El hallazgo se produjo en el marco de una investigación por narcotráfico que lleva adelante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El material fue recuperado de un teléfono celular secuestrado a uno de los integrantes de una organización criminal y posteriormente remitido a los funcionarios judiciales que intervienen en la causa por los homicidios.
Según trascendió, la grabación tiene una duración de dos minutos y 39 segundos. En ella se observa a Lara mientras es amenazada por un hombre que le exige información y la intimida con extrema violencia. Durante la secuencia, el agresor llega a amenazarla con cortarle un dedo, una acción que finalmente habría sido concretada por sus subordinados mediante una tijera o una pinza de podar.
La voz que aparece en el registro fue atribuida por fuentes judiciales a un hombre identificado como Pablo Daniel Macalopu Cafferata, conocido en el ambiente del narcotráfico como Roger y señalado como uno de los principales responsables de la organización criminal.
De acuerdo con la información que trascendió de la investigación, el hombre no habría participado directamente de las agresiones físicas, sino que impartía órdenes a quienes ejecutaban las torturas. En el video también aparecería Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, aunque las fuentes aclararon que no sería quien amenaza a la adolescente.
La jueza Arroyo Salgado remitió la filmación el 16 de octubre pasado a su colega Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal de Morón, que tiene a su cargo la investigación principal por el triple crimen. En el expediente también interviene la fiscal Mariela Labozzetta.
El descubrimiento se produjo en una causa paralela contra la organización de Roger. Diez días antes de enviar el material, la magistrada había encabezado un procedimiento en una propiedad de La Reja, partido de Moreno, donde fueron secuestrados 207 kilos de cocaína.
Posteriormente, Arroyo Salgado procesó con prisión preventiva a los integrantes de la banda por tráfico de estupefacientes y señaló a Roger como organizador de la estructura criminal. También dispuso que fuera alojado en el Servicio Penitenciario Federal bajo un régimen de alto riesgo y separado de los detenidos por el triple crimen.
En tanto, la investigación por los asesinatos se encuentra bajo secreto de sumario, una medida dispuesta por el juez Rodríguez para preservar las actuaciones y avanzar sobre las nuevas evidencias incorporadas.
LA PISTA DEL ROBO DE COCAÍNA
El triple crimen ocurrió entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre de 2025. La principal hipótesis sobre el móvil de los asesinatos apunta a una venganza vinculada con el presunto robo de 30 kilos de cocaína, que habría sido cometido por una persona conocida de una de las víctimas.
Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron vistas por última vez alrededor de las 21.30 del 19 de septiembre, cuando subieron a una camioneta Chevrolet blanca en el cruce de Quila y El Tiburón, en Ciudad Evita, partido de La Matanza. Según la reconstrucción judicial, creían que se dirigían a una fiesta, pero en realidad habían sido engañadas.
Las jóvenes fueron trasladadas a una propiedad de Florencio Varela, donde permanecieron privadas de su libertad, fueron sometidas a torturas y finalmente asesinadas. En un primer momento, la investigación había puesto el foco en Pequeño J, un ciudadano peruano de 21 años señalado como uno de los responsables de la estructura narco.
Sin embargo, con el avance de las pesquisas surgió que por encima de él habría actuado su tío, Luis Alan Valverde Rodríguez, quien fue detenido en Perú a mediados de octubre de este año. En junio pasado, después de su extradición desde Perú, Pequeño J fue procesado con prisión preventiva por los tres homicidios. La imputación contempla homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género, reiterado en tres oportunidades y en concurso real. Además, se dispuso un embargo sobre sus bienes por 1.000 millones de pesos.
En aquella resolución, el juez Rodríguez y el secretario penal Ignacio Calvi definieron el expediente como un caso paradigmático de violencia extrema contra las mujeres por motivos de género, en un contexto de criminalidad organizada vinculado al narcotráfico y la explotación sexual.
La aparición de la filmación representa ahora un nuevo elemento para reconstruir el funcionamiento de la organización, establecer las responsabilidades de cada uno de sus integrantes y profundizar sobre las circunstancias que rodearon el cautiverio y los asesinatos de las tres jóvenes.
