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Hubo allanamientos en fundidoras del Conurbano

Desmantelan un millonario negocio ilegal de robo de cables, extracción de metales y exportación al exterior

El 9 de mayo de 2025 se realizaron 14 allanamientos simultáneos en distintos puntos del Conurbano bonaerense como parte de una investigación federal sobre una red delictiva dedicada al acopio y comercialización ilegal de metales sustraídos de empresas proveedoras de servicios esenciales.

La causa, iniciada el 1° de abril bajo la carátula “Averiguación de delito – FSM 60/2025”, se encuentra a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, bajo la dirección del juez Jorge Rodríguez y la Secretaría Nº 8, de Ignacio Calvi.

Las tareas investigativas fueron llevadas adelante por personal de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales, que coordinó los operativos en los partidos de La Matanza (Rafael Castillo y San Carlos), Merlo, San Fernando, Vicente López y Tigre.

Al cabo de las diligencias hubo ocho personas detenidas y se procedió al secuestro de:

95.000 kgs de cables robados a la empresa Edenor.

4.070 kgs de cobre, entre cables y filamentos.

1.512 lingotes metálicos de unos 15 kgs cada uno (total: 22.680 kgs).

2.342 kgs de aluminio compactado.

621 kgs de monedas de curso legal.

9.763.300 de pesos en efectivo.

8 celulares

15 cuadernos con anotaciones comerciales

Varias máquinas utilizadas para el procesamiento de los materiales (compactadora, peladoras, prensadoras).

Se estima que el valor de lo secuestrado ronda los 900.000 dólares.

Detrás del delito se da una cadena compleja investigada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires: los materiales robados (principalmente cables de cobre y aluminio) eran procesados en pequeños centros de acopio para ser luego vendidos a fundidoras más grandes, que los compactaban y los exportaban a países limítrofes.

La sobrevaloración del cobre y el bronce en el mercado internacional, sumado a la demanda creciente y la falta de trazabilidad del origen, favoreció el auge de esta actividad delictiva, que ha afectado gravemente la infraestructura eléctrica y de comunicaciones en la región, generando consecuencias graves para usuarios y operadoras, incluyendo cortes prolongados, riesgos eléctricos y elevados costos de reparación.

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