Con motivo del anteproyecto de reforma integral del Código Penal de la Nación Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional remitió al Honorable Congreso de la Nación, La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió un documento, que alertó sobre los riesgos de "un tratamiento a libro cerrado, en forma precipitada o con un debate limitado".
El comunicado dice:
"A la vez que adherimos y hacemos propio el pronunciamiento de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP), dejamos sentado que la sanción de una ley de estas características demanda un amplio y exhaustivo diálogo, que necesariamente debe involucrar a los especialistas en la ciencia jurídica, pero también a los operadores del sistema judicial que trabajan a diario en su aplicación.
La necesidad imperiosa de entablar un debate abierto, público y profundo de esta naturaleza es una condición fundamental en el marco de una sociedad pluralista y democrática, no sólo porque de este modo se confiere una mayor legitimación de origen a una norma crucial –en la vida de una sociedad, como es un Código Penal–, sino también porque de este modo se pueden evitar defectos estructurales y de redacción que, más temprano que tarde, desembocarán en problemas para su interpretación e implementación a cargo de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial.
Tal como sostuvo uno de los más importantes filósofos del derecho, como fue Hart, las normas primarias que sanciona un parlamento recién tienen el estatus de derecho cuando, una regla de reconocimiento, determina sus alcances y los operadores del sistema se sienten obligados a aplicarla de tal modo.
Por lo tanto, la propuesta de cambiar íntegramente un Código Penal que –con sus luces y sombras– ha regido el derecho penal argentino durante más de un siglo, también es necesario extenderla a esas reglas de reconocimiento que se consolidaron durante generaciones de juristas y jueces, a través de la doctrina y la jurisprudencia nacional. De allí que, desde todo punto de vista, resulta desaconsejable legislar de un modo exprés o sancionar el nuevo cuerpo normativo de manera precipitada, sin haber escuchado, en lo posible, a la mayor cantidad de expertos en la materia, acerca de la operatividad real de un nuevo Código Penal, y del impacto que el mismo habrá de producir en nuestras alicaídas cárceles, que como advirtió la Constitución Nacional de 1853, “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice” (art. 18, CN).
Sin perjuicio de ello, algunas informaciones estadísticas justifican adoptar algunos recaudos, y alertar sobre los riesgos a los que conduce una regulación punitiva cuyo único norte es la mayor severidad, abandonando por completo el programa resocializador que está inserto en nuestro programa constitucional (art. 75, inc. 22, CN).
Para ello es pertinente recordar que hacia el año 2023 el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (ley 26.827) ya informaba que en la República Argentina había un total de 128.010 personas privadas de la libertad, con una tasa de prisionización de 274,4 cada 100 mil habitantes, con una capacitad total de plazas penitenciarias de 79.423, lo que expresaba una tasa de ocupación carcelaria del 142,7%.
Ahora bien, cuando se analiza el caso de la provincia de Buenos Aires, la situación se torna mucho más acuciante. En efecto, según el Registro Único de Detenidos (ley provincial 13.284), dependiente de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, informó que hacia el año 2024, se registraban 66.991 personas privadas de la libertad (62.387 en establecimientos penitenciarios). Esto implica una de las tasas de prisionización más elevadas de la región, alcanzando de cifra de 376 cada 100 mil habitantes. Se trata del 52.3% del total de detenidos del país. Por su parte, aunque la capacidad total ha ido variando en los últimos años la tasa de superpoblación ha oscilado entre un pico del 215% que se registró en el año 2022 a un 194,7% en 2023 y un 150% hacia 2024. Pero, en cualquier caso, una tasa de convergencia entre plazas disponibles y cantidad de detenidos requeriría una sostenida inversión de más de medio siglo. Esto es así porque la tasa de prisionización ha ido marcando un progresivo aumento desde el año 2012, cuando era de 198 detenidos por cada 100 mil, con registros anuales incrementales del orden del 9%. Así se pasó en diez años de un total de 31.303 personas privadas de su libertad a los 66.991 actuales.
Esta información objetiva, que emerge de los registros públicos de organismos institucionales creados por leyes nacionales y provinciales, demuestran que no existe nada parecido a una puerta giratoria, como repetida y erróneamente se insiste en medios de comunicación y redes sociales. Desde hace más de veinte años que las tasas de encierro vienen registrando un incremento exponencial. Esto no solo es producto del agravamiento de penas y de reducción las salidas previstas en el régimen progresivo de ejecución (ley nacional 24.660 y provincial 12.256), sino también de un mayor ingreso de detenidos, más celeridad en el tratamiento de los procesos y el aumento de condenas por medio del juicio abreviado.
De este modo la creación de nuevos tipos penales, aumento de escalas punitivas para los existentes, formas más rigurosas de ejecución, y de una imputación más amplia con la adecuación de la parte general del Código Penal, únicamente agravarán el cuadro de situación descripto, sin que con ello se registre un correlato en las demandas de seguridad pública que se predican.
Más allá de las bondades, y críticas, que pueda anidar cada uno sobre los méritos de la propuesta de reforma, un aspecto sobre el cual la academia tiene mucho para decir, en el caso de La Red de Jueces Penales Bonaerenses abrigamos la esperanza y la pretensión de poner en evidencia unas verdades inocultables a esta altura de nuestra experiencia democrática, como de sucesivas reformas del sistema penal, que lo ha ido tornando en uno de los más severos de la región, a saber: las leyes no proporcionan soluciones mágicas. Así como no se termina con la pobreza porque una ley así lo disponga, tampoco la inseguridad se acaba por sancionar leyes cada vez más severas; las leyes penales tienen efectos concretos en los sistemas de administración de justicia y en los sistemas penitenciarios; pero el impacto de ellos debe ser económicamente dimensionado, si se pretende diseñar una política criminal eficaz.
Esto implica contar con recursos públicos sostenidos en el tiempo para construir nuevos institutos de encierro, en todas las jurisdicciones del país, y destinar ingentes partidas presupuestarias para la formación y capacitación del personal penitenciario, gastos en alimentación, abrigo y medicación de internos, programas de resocialización en talleres y establecimientos educativos. A su vez, se deben expandir los sistemas judiciales para absorber adecuadamente la gestión de casos.
Sin una estimación razonable de los recursos públicos necesarios para aumentar la tasa de prisionización, como finalmente se propone por medio del mensaje de elevación del anteproyecto de Código Penal, la sanción del mismo únicamente provocará graves conflictos sociales y lesiones masivas a los derechos constitucionales con el consecuente detrimento para el Estado de Derecho.
En tal sentido desde La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, peticionamos ser convocados al debate parlamentario para hacer oír nuestra voz y experiencia, participando de un diálogo abierto y democrático sobre una norma que tanta relevancia social e institucional tiene para todos los argentinos.
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires
La Plata, 17 de diciembre de 2025.
María José Lescano
Presidenta
Julio Andrés Grassi
Secretario".
