La investigación de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron hallados en el fondo de una casa de Florencio Varela, dio un vuelco a partir del aporte de una testigo de identidad reservada: dijo que la masacre fue ordenada desde la cárcel.
Apuntó contra Joseph Freyser Cubas Zavaleta, un supuesto narco peruano de 31 años que está detenido en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA) a la espera de su extradición a Perú.
Había sido detenido por detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la PFA el 27 de agosto pasado en Lanús, porque tenía una orden de captura emitida por la Justicia de Perú por el “tráfico ilícito” de drogas.
Sería integrante de la organización narco criminal conocida como Los Pulpos, que opera, principalmente, en la ciudad peruana de Trujillo. Le endilgan haber captado bajo amenazas a una joven, para que transporte unos cinco kilos de cocaína a España.
La principal hipótesis hasta ahora era que el triple crimen había sido "diseñado" y ordenado por Tony Janzen Valverde Victoriano, apodado Pequeño J, un joven de 20 años detenido en Perú, su país natal, a la espera de ser extraditado a la Argentina.
“Es un desquiciado. Decidió disciplinar a sus lugartenientes mostrando lo que es capaz de hacer para construir autoridad”, había dicho el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre Pequeño J pocas horas después de haber encontrado los cadáveres de Verdi, de 20 años; Del Castillo, de 20, y Gutiérrez, de 15.
Ahora, con la declaración de la testigo de identidad reservada (una detenida en una causa por narcotráfico) ante el fiscal de La Matanza que investiga la causa, Adrián Arribas, quedó bajo la lupa Cubas Zavaleta.
La testigo sostuvo que los sospechosos detenidos hasta el momento en la causa por la masacre cumplen órdenes de Cubas Zavaleta, quien, según la misma declarante, tiene un teléfono celular y con una libreta de verde en la que figurarían datos que probarían su participación intelectual en los homicidios de Varela.
Con esa información, el fiscal Arribas solicitó allanar la celda donde está alojado el sospechoso, en el edificio del Cuerpo de Policía Montada de la PFA, en la avenida Figueroa Alcorta y Cavia, en Palermo. El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara hizo lugar al pedido. Y personal de la DDI La Matanza realizó el procedimiento.
Secuestró un cuaderno con tapa verde con anotaciones, 11 papeletas donde estaban registrados números telefónicos, copias del libro de guardia, libro de registro de visitas y libro de pertenencias. Ahora todo será material de análisis, detallaron fuentes oficiales.
El allanamiento de la celda donde está alojado Cubas Zavaleta no fue la única novedad en la pesquisa. En las últimas horas fue detenida Mónica Débora Mujica, esposa de Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los sospechosos tras las rejas y para quien el fiscal Arribas ayer pidió la prisión preventiva
Según un testigo, tras el triple crimen, Mujica se habría descartado del teléfono celular de su marido. La declarante también dijo que el móvil del triple crimen fue el robo de un cargamento de droga a Sotacuro, apodado El Duro, aparentemente bajo la modalidad de viudas negras.
Este viernes el fiscal Arribas y sus colegas Claudio Fornaro y Diego Rulli pidieron la prisión preventiva para Sotacuro Lázaro, de 41, y otros siete sospechosos.
“Respecto a las características del hecho, se desprende el alto grado de agresividad demostrado por parte de los encausados, quienes no conformes con llevar a cabo la sustracción en estudio, mutilaron salvajemente a las víctimas hasta conducirlas al inevitable desenlace fatal, lo que demuestra a las claras su total desprecio por la vida humana en su máxima expresión”, sostuvieron los representantes del Ministerio Público en un dictamen de 277 páginas presentado ante el juez de Garantías Fernando Pinos Guevara.
Los fiscales pidieron la prisión preventiva para Celeste González Guerrero, de 28 años; Milagros Florencia Ibañez, de 20; Iara Daniela Ibarra, de 19; Matías Agustín Ozorio, de 28; Maximiliano Parra, de 18; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25, y Ariel Jiménez, de 29, argumentando que "existen indicios vehementes de que los imputados tratarán de eludir la acción de la Justicia, teniendo en cuenta las características y la violencia, frialdad, e impunidad con la que se comportaron a lo largo de la ejecución del hecho, como así la pena en expectativa del delito que aquí se les imputa”.
Además de la prisión preventiva, los representantes del Ministerio Público le solicitaron al magistrado que decline su competencia en favor del fuero federal “en razón a que en el caso en estudio debe prevalecer el aspecto destinado a propender una persecución penal estratégica y que tal como veremos, la intervención de la Justicia Federal se vislumbraba como la mejor solución para asegurar una mayor eficacia de la investigación y cumplir con los fines de la ley 23.737, vinculada a los delitos de estupefacientes, en la que participan organizaciones multiterritoriales”.
En su presentación, los fiscales sostuvieron que “entre las 22 del 6 de septiembre pasado y las 21.30 del 19 del mismo mes, en lugar indeterminado, presumiblemente varias personas (no identificadas a la fecha) organizadas mediante un previo plan común, acordaron la sustracción de varios kilos de sustancias ilícitas (provenientes del tráfico de drogas y destinadas a la venta al menudeo en Florencio Varela) a una organización de estructura celular con clara estabilidad y permanencia en el mercado del narcotráfico y que se encuentra integrada por Villanueva Silva, González Guerrero, Valverde Victoriano, Ozorio, Giménez, Sotacuro Lázaro, alias El Duro, Ibañez, Manuel David Valverde Rodríguez, David Gustavo Morales Huamani, apodo el loco David o el Tarta, Alex Roger Ydone Castillo, Parra, Ibarra, y NN Caucasico, -entre otros que conforman la comunidad delictiva".
Los autores del robo de la droga habrían sido allegados a las víctimas del triple crimen, según explicaron Arribas, Fornaro y Rulli.
“Por medio de maniobras de engaño, y ardides -aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad-, integrantes de la organización narco criminal lograron establecer un vínculo de confianza con Lara, Morena y Brenda por lo que el 19 de septiembre pasado, a las 21.29, en las inmediaciones de la Quila y El Tiburón, en Ciudad Evita, en La Matanza, consiguieron que las chicas subieran a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que viajaban al menos tres personas. En el vehículo fueron trasladadas a una casa de Florencio Varela [la escena del triple crimen], donde supuestamente se realizaba una supuesta fiesta”, expresaron los investigadores judiciales al fundar la solicitud.
Según se afirmó en el citado dictamen, “tras ingresar en la casa, los agresores les hicieron saber a las chicas, dos de 20 años y una de 15, sus verdaderas intenciones: la recuperación de la droga presumiblemente sustraída, por lo que retuvieron a las víctimas en contra de su voluntad, privándolas de esta manera ilegalmente de su libertad, obligándolas a permanecer en el lugar, para lo cual fueron maniatadas y amordazadas”.
Entre las pruebas con las que los fiscales fundaron los pedidos de prisiones preventivas, figuran los seguimientos de los vehículos realizados a través de distintas cámaras de seguridad que registraron el paso de la camioneta Chevrolet Tracker blanca desde La Tablada hasta Florencio Varela. Al llegar al sur del conurbano se sumó el Volkswagen Fox tripulado por Alex Ydone Castillo, Sotacuro e Ibáñez.
“En el referido contexto situacional y estando las víctimas en un completo estado de indefensión, es que al menos todos los antes nombrados, actuando de común acuerdo conforme a una convergencia intencional, delineada, planificada y previamente establecida, obrando de modo seguro, a traición y sin posibilidad de defensa, es que con claras intenciones de causar la muerte de las mismas para ocultar el hecho delictivo cometido previamente, y mediante el empleo de golpes de puño, patadas, como así con la utilización de elementos filo punzo cortantes comenzaron a lesionar a las víctimas de manera tal a que previo a llegar al designio criminal final con su accionar aumentaron de forma deliberada, e inhumana el sufrimiento de las jóvenes, provocándoles lesiones agónicas (amputaciones, luxofracturas -entre otras-) que indefectiblemente las fueron llevando a la muerte", se consignó en el citado dictamen.
