Por el escándalo de las tarjetas de débito en la Legislatura bonaerense, donde la Justicia sospecha que funcionaba una organización delictiva dedicada a extraer fondos de manera espuria y a raíz del auto del 21 de noviembre de 2023, que modificó y amplió la prisión preventiva oportunamente dictada para Julio Segundo Rigau, -uno de los implicados-, al que le endilgaron los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública reiterados, al menos en 136 hechos, su equipo de abogados defensores, que integran Alfredo J. M. Gascón, Miguel Molina y Alfredo M. Gascón, presentó hoy un recurso de apelación, que deberá ser resuelto por la Sala III de la Cámara Penal.
En cuanto a los fundamentos del planteo, se sostuvo que "la dinámica infundada y acomodada acusación pacíficamente asumida por el juzgador, evidencia desde sus inicios el desaguisado investigativo que sistemáticamente hemos tachado de nulo".
"La acusación iniciada como hurto recorrió un camino en el que pasó por atribuir una defraudación a los empleados titulares para desembocar ahora en que los testigos pasan a integrar conjuntamente con nuestro asistido una ilegal empresa. El absurdo resulta patente", sostuvieron.
Para la defensa de Rigau, "la restricción de libertad que actualmente padece en rigor aparece como absolutamente desproporcionada, al punto de considerarla como un virtual adelanto de pena".
Solicita demás la nulidad del peritaje al celular del encartado, por cuanto "se ha privado de la intervención del perito de parte y se ha accedido su teléfono desoyendo las expresas y posiciones del señor juez garante, previo a la apertura del teléfono, manipulación, extracción de información y procesamiento de la misma, para su posterior utilización en el agravamiento de la imputación".
Sostiene en ese sentido "se ha accedido a la intimidad de Rigau sin que exista orden válida que la autorice".
