En la madrugada del 3 de octubre de 2015, al menos cuatro hombres -acompañados de un quinto que se encargó de marcar el inmueble- irrumpió por la fuerza en un departamento de 29 y 81, en Altos de San Lorenzo, y desataron una balacera que terminó con la vida de Fernando Iván Couste.
Por ese caso hubo cuatro detenidos, uno de ellos Miguel Enrique Tobar (44), familiar de Iván Tobar, ex jefe de la barrabrava de Estudiantes y actual líder de una de las facciones de la UOCRA. Miguel Tobar estuvo preso desde el 13 de junio de 2019 (la última parte bajo una domiciliaria monitoreada) hasta ayer, que fue sobreseído y liberado.
Lo resolvió la jueza del Tribunal IV de La Plata, Carolina Crispiani, quien no encontró pruebas de cargo o mérito suficiente para mantenerlo vinculado al caso y llevarlo a juicio oral, bajo el sistema de jurados, tal como estaba previsto para el 13 de abril de 2026. La decisión se desencadenó tras una presentación del defensor de Tobar, Damián Barbosa.
“En la citada presentación puso en conocimiento la existencia de `hechos nuevos` los cuales -a su entender- debían ser valorados y, en consecuencia, disponerse la inmediata libertad de su asistido”, expresó la jueza en su fallo, en el que resaltó una testimonial en la que varios policías y, un fiscal, aparecerían en un intento por inducir al declarante para que incluya a Tobar entre los sospechosos de la balacera mortal, a riesgo, si no lo hacía, de sufrir represalias.
Ese testigo, que estuvo en la vivienda donde se desarrolló el atentado, decidió hacer una denuncia, pese a que optó por aceptar “la recomendación” de los instructores y evitar comprarse un problema por sus antecedentes.
Fue por eso que, siempre a raíz del planteo del abogado Barbosa, se citó a declarar nuevamente a ese testigo, junto a las dos mujeres que también habían presenciado el ataque, aquel 3 de octubre de 2015: ninguno de los tres dijo conocer a Tobar ni tampoco lo colocaron en la escena criminal.
“Dicha situación predisponía una enorme libertad para que los jueces que hemos sido designados como jueces técnicos en los juicios por jurados podamos actuar de manera neutral e imparcial”, expresó la jueza.
Corrido el traslado a la fiscal Victoria Huergo, la representante del Ministerio Público, por los antecedentes citados, no se opuso al sobreseimiento solicitado por la defensa y recomendó “remitir copia de la presente y, de todas las audiencias celebradas a la Fiscalía en Turno, para que se lleve a cabo una investigación con relación a la actuación
de los funcionarios públicos involucrados”.
“No debemos olvidar que la ley establece que la relación de la persona acusada con el delito y su culpabilidad deberán ser probados más allá de toda duda razonable. Esto significa que para llegar a la celebración de un juicio por jurados debemos contar con prueba suficiente y convincente para que pueda ser derrotada la presunción de
inocencia”, señaló Crispiani.
“Con solo releer los testimonios vertidos por las víctimas puede claramente concluirse que no están dadas las circunstancias para que el señor Tobar sea enjuiciado por su responsabilidad en este hecho. Hacerlo -adelanto- atentaría contra el principio de economía procesal, y se presentaría como un dispendio jurisdiccional
innecesario”, destacó.
“Por tal motivo, mi compromiso como operadora judicial es estar a la altura de las circunstancias que el pueblo reclama, repudiando como servidora pública los `confusos, graves y delicados episodios` que se han suscitado en la presente investigación y que han sido puestos de manifiesto ante mi persona por las víctimas directas del hecho sometido a juicio, y en dicha línea es que solicitaré se lleven a cabo investigaciones exhaustivas que permitan dar respuesta a las graves irregularidades que han sido denunciadas”, adelantó la jueza.
En definitiva, Crispiani dictó el sobreseimiento de Tobar, dispuso su inmediata libertad y mandó a investigar a los instructores de la causa. Los otros tres hombres que aún permanecen detenidos por el caso, afrontarán un juicio ordinario.
