Acusado de brindar cobertura judicial a una banda de policías y abogados que extorsionaban a narcos, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires destituyó de su cargo, por mayoría, al fiscal de San Isidro Claudio Scapolan. Se cree que la banda llegó a robar un enorme cargamento de cocaína en un operativo.
El jurado lo encabezó la presidenta de la Cámara I en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, ya que los jueces de la Suprema Corte provincial y de la Cámara de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso. La secundaron los conjueces legisladores Juan Pablo Allan (senador por Juntos), Daniel Lipovetzky (diputado por Juntos), Walter Carusso (diputado por Espacio Abierto Juntos), Sofía Vannelli (senadora por el Frente Renovador-Todos) y María Eugenia Brizzi (diputada por Juntos) y los conjueces abogados Carlos Valdez, Héctor Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Spinelli.
“Con la prueba reunida durante el juicio y con la evidencia incorporada por lectura, considero acreditada las imputaciones formuladas por la acusación contra el agente fiscal Scapolan, en los siguientes términos: se han verificado graves irregularidades en los procedimientos a su cargo, así como también quedó comprobada la incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones”, sostuvo en su voto la jueza Bourimborde.
A partir de la acusación que formuló en su contra el procurador general ante la Suprema Corte Bonaerense, Julio Conte Grand, Scapolan había sido suspendido de sus funciones el 22 de diciembre pasado, por nueve votos contra uno del Jurado de Enjuiciamiento. Se dispuso además el embargo del 40% de su sueldo.
Sólo votó en contra de la destitución de Scapolan la senadora Vannelli (Frente Renovador-Todos), que en diciembre también había votado en contra de admitir la acusación contra el fiscal ahora destituido. Además de la destitución, el jury decidió, también por mayoría, la inhabilitación para ocupar otro cargo judicial.
Durante su alegato, el fiscal general de Pergamino, Mario Gómez, designado por Conte Grand y a cargo de la acusación, había dicho que Scapolan “ha sido incompetente y negligente en el ejercicio de sus funciones y que “cometió graves irregularidades en los procedimientos bajo su dirección”.
“Acá hay un fiscal que cometió un delito, y ese delito se encuentra objetiva y subjetivamente probado”, sostuvo Gómez antes de pedir la destitución de Scapolan por mal desempeño. .
El fiscal general de Pergamino explicó que el acusado “intervino en procesos de competencia federal” y en jurisdicciones que no eran de su competencia. “Se anularon procedimientos en los que participó porque estaban plagados de irregularidades”. Y, agregó: “Cuando tomó intervención Scapolan se producían aprietes, amenazas, extorsiones, robos, tráfico de estupefacientes, participaban agentes encubiertos que no eran policías y [ocurrían] verdaderos saqueos a las personas allanadas”.
Hasta el 24 de julio de 2020, cuando se hizo pública una investigación judicial que lo tiene bajo sospecha, Scapolan estaba a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de la Oficina Fiscal de Distrito Sede Central de San Isidro. Ese día, tras un pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó allanar la oficina de Scapolan en los tribunales de San Isidro y lo procesó como jefe de una asociación ilícita también integrada por policías y abogados. Entre otros delitos, este grupo habría robado cargamentos de cocaína a bandas narco y habría extorsionado a delincuentes vinculados con el narcotráfico.
Scapolan, de 52 años, actualmente no está procesado por el grave delito que le atribuyó Arroyo Salgado, ya que en junio pasado la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el cargo de asociación ilícita. Sí, confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público en relación con el operativo Leones Blancos, donde se secuestró casi media tonelada de cocaína, mientras que entre 520 o 560 kilos de esa droga fueron robados por los uniformados a cargo del operativo, según definió la acusación.
En el jury, Scapolan analizó la prueba presentada por la parte acusadora. “En este debate la doctora Arroyo Salgado solo se contradijo. Fue contradictoria. Sus dichos no tienen el peso que le ha intentado otorgar la acusación”, dijo. Recordó que los superiores de Arroyo Salgado [la Sala I de la Cámara Federal de San Martín] le revocaron una resolución “porque solo se fundaba en suposiciones”.
Respecto del fiscal Domínguez, Scapolan explicó: “No fue capaz de verter un concepto afirmativo. Es difícil bajo juramento decir verdad lo que fácilmente se firma fuera de control, no solo de las partes, sino de los señores jueces”. También sostuvo sobre otro testigo, el abogado Damián Odetti: “Solo voy a decir, en este momento, que todo el jurado notó su locuacidad e hiperactividad, típico del consumo de alguna sustancia”.
De otro testigo de la acusación, Carlos Daniel Maidana, que en la causa declaró como “arrepentido” ante el fiscal Domínguez, afirmó: “Durante dos años, sostuvimos que la versión del señor Maidana era mentira y lo acreditamos en la causa. En dos oportunidades la Cámara Federal de San Martín dijo que era falso. Demostró que el teléfono que me pertenecía a mí no estaba en el lugar [del allanamiento conocido como Leones Blancos]”.
Sobre el operativo Leones Blancos, Scapolan sostuvo que ni él ni sus secretarios Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, –que fueron detenidos con prisión preventiva y luego recibieron la falta de mérito y obtuvieron la libertad– estuvieron en el lugar cuando la policía bonaerense interceptó la camioneta donde se secuestró el estupefaciente.
“No participamos de ninguna interceptación. El listado de antenas demuestra que a las 20.34 [del día del procedimiento] cuando la policía ya estaba en el lugar de los hechos, mi teléfono se encontraba a más de 20 kilómetros de ese lugar. Recién a las 21.22 llegué”, recordó Scapolan. Sobre el supuesto robo de estupefacientes, Scapolan afirmó: “Por tercera vez lo voy a decir: Maidana negó que eso haya ocurrido. La única prueba que existía acerca de un supuesto robo de estupefacientes era la versión de Maidana coaccionada. Es lo que escribió el doctor Domínguez para poder cerrar el paquete de su causa. Sin Maidana no tenía nada. Y Maidana dijo aquí como se produjo el acto”.
Scapolan, en todo momento, apuntó al accionar de la policía. Recordó otro operativo, donde intervino un juzgado federal, y que “el personal policial que fue al lugar negoció libertades y pidió dinero”. Y agregó: “¿La policía roba en los procedimientos? Y, es probable. Pero la policía no roba en presencia del personal judicial, eso nunca ocurrió”.
En la parte final de su alegato, Scapolan dijo: “Nada de lo producido permite sostener, con el grado de certeza que este mismo jurado ha sostenido debía probarse en la audiencia, los hechos que son materia de acusación”.
Sobre la defensa que hizo Scapolan en el juicio, la jueza Bourimborde concluyó que “resultó poco verosímil y más bien rayana a la incredulidad”
