"En diciembre de 2005 entró en vigencia la Convención contra la Corrupción, aprobada en octubre del año 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El acuerdo de carácter internacional tuvo un claro objetivo: crear conciencia sobre esta “lacra" (tal como define a la corrupción) y destacar el valioso papel de contar con este marco para combatirla y prevenirla. En tal sentido, la Asamblea designó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción.
Estamos a pocas semanas de que comience el 2025, el año en que se cumplirá el vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención. 20 años después, aún quedan muchos desafíos por delante y requieren que aunemos esfuerzos para enfrentar este delito. Los distintos niveles de gobierno, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y la ciudadanía en su conjunto deben trabajar mancomunadamente para combatir el flagelo de la corrupción.
Las nuevas generaciones representan una cuota de esperanza en la búsqueda de soluciones innovadoras a problemas que la actual clase dirigente y empresarial no ha logrado resolver. Con aproximadamente 1.900 millones de jóvenes en el mundo, la lucha contra la corrupción es vital para el futuro de casi una cuarta parte de la población mundial. La campaña para el Día Internacional contra la Corrupción del 2024 y 2025 pone el foco en el rol de los jóvenes como defensores de la integridad, sensibilizando sobre la corrupción y sus impactos negativos. Es crucial que las nuevas generaciones se comprometan, propongan soluciones innovadoras y que sus voces sean escuchadas en el proceso de toma de decisiones.
El 9D puede ser el marco ideal para que Argentina logre avanzar en debates fundamentales. En los últimos días, un tema como Ficha Limpia ha logrado captar la atención del Congreso Nacional, los medios de comunicación y gran parte de la sociedad que entiende que estamos hablando de algo muy concreto: es el propio sistema democrático y sus instituciones el que debe mantener afuera de las listas a aquellos condenados por delitos de corrupción.
Lo que queda claro es que esta es una de las deudas de la democracia argentina. Elevar los estándares de transparencia es una condición necesaria para abordar temas urgentes como la reducción de la pobreza, la lucha contra el narcotráfico y la creación de oportunidades genuinas de integración social.
Sin embargo, deberíamos preguntarnos también si es suficiente con discutir temas como Ficha Limpia a nivel nacional, sin pensar por ejemplo en otros niveles de gobierno dentro del marco federal argentino. La experiencia indica que, si bien es necesario, no alcanzaría sólo con debatir estos proyectos a nivel nacional; es prioritario que normativas de esta índole también se traten en las provincias y en los gobiernos de cercanía. Una agenda integral contra la corrupción requiere no sólo la multiplicidad de sectores, sino a todo el Estado en su conjunto avanzando por el mismo sendero.
En los últimos años, las administraciones comunales han ganado relevancia siendo el primer punto de contacto entre el ciudadano y el Estado. Por ello, es esencial que las administraciones de segundo y tercer nivel no queden excluidas de esta discusión acerca de herramientas de transparencia y lucha contra la corrupción.
A modo de ejemplo, solo 6 provincias argentinas cuentan actualmente con normativas de Ficha Limpia, y si ahondamos en detalles en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, poco más del 25 por ciento de sus municipios tiene regulado este tema para su planta política.
Actualmente existe una asimetría legislativa en la Provincia que debe ser revisada. Mientras que la legislación vigente es muy rigurosa para acceder a un empleo dentro de una administración municipal (una imputación penal inhabilitaría a un ciudadano a acceder a ese empleo), los cargos políticos no están alcanzados por esta regulación ni cuentan con ningún nivel de exigencia y control.
¿Cómo justificar entonces que una persona con condena o imputada no puede desempeñar tareas administrativas o de servicios, pero sí asumir o postularse (y eventualmente ser elegida) para decidir sobre el futuro de los contribuyentes? Es momento de discutir a fondo este tipo de cuestiones.
En tiempos convulsionados, no solo en Argentina sino en toda la región, las democracias enfrentan deudas pendientes; la dirigencia y la ciudadanía deben elevar la vara del debate. Terminando el 2024, resulta difícil de entender que aún se ponga en duda la necesidad de exigir mayor nivel de integridad a los funcionarios públicos. Que una persona con condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción esté inhabilitada para postularse a un cargo público no debería seguir estando entre los pendientes en la agenda de debate.
A 41 años de la recuperación de la Democracia, estas discusiones básicas no solo deberían estar saldadas, sino que deberíamos estar debatiendo cómo avanzar y ajustar ciertas regulaciones ante las nuevas amenazas. La construcción de un mundo más justo y sostenible, de una Argentina y una Provincia de Buenos Aires más equitativas, solo será posible si la corrupción no se interpone en el camino".
*Luis María Ferella
Defensor Adjunto General
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
