A menos de 5 años de aquella foto que sacudió los cimientos del poder judicial de La Plata, con uno de sus integrantes más famosos saliendo esposado de una coqueta casona, el ex juez César Melazo fue condenado ayer como “coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita y autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional y encubrimiento”. En fallo dividido, le impusieron una pena de siete años y diez meses de cárcel, accesorias legales y costas.
De esta forma, los integrantes del Tribunal II de nuestra ciudad, Silvia Hoerr, Santiago Paolini y Andrés Vitali, avalaron las sospechas vertidas en la instrucción de la causa, a cargo de la fiscal Betina Lacki, quien fue la que motorizó el proceso hasta que la actual etapa del juicio oral.
En esta instancia fueron sus colegas Mariano Sibuet y María Victoria Huergo quienes se hicieron cargo de la acusación, pudiendo desarrollar la evidencia y obtener una condena que, no para pocos, fue demasiado laxa.
De todas formas, según fuentes del caso, la sentencia vino a confirmar que la llamada “Megabanda” tenía una pata judicial, sin la cual se habrían frustrado buena parte de sus planes delictivos. Y eso no es poco, teniendo en cuenta la infinidad de avatares previos al juicio.
Si bien aún no se conocen los fundamentos de la sentencia, ya que recién se publicarán el próximo 17 de abril, de una primera lectura se puede inferir que a Melazo lo colocaron en la cúspide de ese grupo ilícito, que habría sido ideado para perpetrar robos y, manejar expedientes, bajo el paraguas protector de altos funcionarios judiciales.
Lo mismo le pasó al ex comisario Gustavo Abraham Bursztyn, a quien, en el mismo rol, le
dieron siete años de prisión, más las cargas administrativas, teniendo en consideración, además, una imputación por el delito de “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional”.
En todos los casos de condena, la presidenta del Tribunal, Silvina Hoerr, propuso una sanción mayor que los otros magistrados, que terminaron imponiéndose por mayoría.
Por ejemplo, para Melazo, Hoerr propició una condena de 15 años, en consonancia con el alegato fiscal, teniendo en consideración “el rol de jefe dentro de la asociación ilícita”, y para Bursztyn, de 13, como “organizador de la asociación ilícita”.
Respecto de los otros imputados, al ex policía Gustavo Mena le dieron seis años de prisión como “coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita”; a Adrián Oscar Manes (que era policía) cuatro años y seis meses como “coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita”; a Jorge Carlos Bertoni, cuatro años como “coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita” y a Enrique Edgardo Petrullo también cuatro años, pero por el delito de “tráfico de influencias agravado”.
A partir de estos números, por el tiempo que llevaba en calidad de detenido, el Tribunal dispuso la libertad de Manes, “previa certificación de capturas pendientes y de que no se encuentren detenidos a disposición de otro magistrado”, se indicó en el resolutorio.
Lo mismo sucedió con Héctor Alfredo Vega, sospechado por los delitos de robo calificado por el uso de arma en concurso real con portación ilegal de arma de guerra y homicidio criminis causa (ver aparte), aunque en su caso por resultar absuelto de todos los cargos. A Martín Ezequiel Fernández, acusado por el delito de encubrimiento, también lo absolvieron.
En la etapa de alegatos, los fiscales Sibuet y Huergo habían pedido que Melazo fuera condenado a 15 años de prisión por asociación ilícita “en calidad de jefe”, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional -9 hechos-, en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil -4 hechos- y encubrimiento en concurso real.
A su vez, los fiscales requirieron que se investigue si el exmagistrado y otros dos imputados incurrieron en presunto enriquecimiento ilícito de funcionario público y lavado de dinero. Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, Melazo tenía “una participación fundamental en la cúspide de una asociación ilícita”.
“Melazo está sindicado como jefe de esa organización”, remarcó Sibuet y agregó que el exjuez “conocía el accionar de la banda probablemente porque conocía el plan delictivo y se necesitaba su autorización para llevarlo adelante”.
Por su parte, Huergo dio a conocer los numerosos vehículos de alta gama, a nombre de Melazo o de algún miembro de su familia; la propiedad de lotes ; varias sociedades anónimas y cuentas bancarias, que registraban extracciones millonarias y viajes al exterior.
