Luego de una minuciosa investigación, que se extendió a lo largo de nueve meses, la Justicia y la Policía habrían logrado verificar la existencia de dos grandes líneas de distribución de cigarrillos, que operaban entre las provincias Buenos Aires y Santa Fe, con dos tipos de actividades: la legal y la que no lo sería tanto.
En territorio bonaerense, de acuerdo a la información oficial que recibió este diario, la base operativa se encontraba en Berazategui, mientras que la otra cabecera funcionaba en Rosario.
El mercado que se abastecía, siempre en base a las fuentes del caso, era enorme, ya que atravesaba distintas localidades del Conurbano, fundamentalmente en la zona oeste, y llegaba incluso a La Plata.
Respecto a la mercadería, “se determinó en forma precisa que, si bien el producto era original y, en su calidad idéntico al comercializado en forma legítima, había una parte de producción en negro, que era disimulada mediante la utilización de instrumentos fiscales (estampillas de impuesto al cigarrillo) apócrifos”, precisaron los mismos voceros.
“Los cigarrillos ilegales eran mechados, en forma aleatoria, con la mercadería legítima”, explicaron para después decir que “se certificó que los elementos involucrados no operaban en forma involuntaria, dado que se logró verificar mediante escuchas telefónicas y otros registros que surgieron mediante compulsa en redes sociales, que los investigados tenían conocimiento de que se trataba de alternativos”.
Los pesquisas destacaron que, con estas maniobras, “las empresas lograron hacerse de incontables ganancias en negro, dado que tributaban solo por una parte de sus ingresos, mientras que el resto era incorporado a su patrimonio sin realizar el aporte impositivo correspondiente”.
Cabe recordar que, en el caso de los cigarrillos, según la Ley 24.674, el gravamen es del 70 por ciento.
Por ejemplo, indicaron, “en la semana previa a las elecciones habían ingresado la suma de 19 millones de pesos y, como producto de la devaluación aplicada al día siguientes de los comicios, uno de los involucrados compró una camioneta Ford Raptor valuada en 120.000 dólares para capitalizarse”.
La causa tramita ante un Juzgado Federal de Quilmes y está caratulada como “Falsificación de Timbres, Sellos y Marcas”.
En los procedimientos colaboró personal de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la DDI de Moreno-General Rodríguez, que incautó gran cantidad de cajas con tabaco, cigarrillos, etiquetas y otros elementos de interés.
El grupo, se indicó, tenía su apoyatura en las redes sociales, donde realizaban publicaciones constantes para ofrecer el producto con “jugosas promociones”, gracias al enorme margen que le quedaba por el no pago de tasas o contribuciones.
En el organigrama de la estructura, hay 13 personas identificadas: 11 hombres y dos mujeres y que, varios de ellos, tenían lazos familiares entre sí. En el caso de nuestra ciudad, las sospechas recaen sobre un hombre de unos 35 años, que además estaría relacionado con un comercio dedicado al equipamiento vehicular.
LA PUNTADA INICIAL
La investigación, en base a las constancias documentales, se inició con fecha 30 de noviembre de 2022, a raíz de una información que dio cuenta de la circulación -en el mercado de cigarrillos- de productos procedentes de la provincia de Santa Fe y que eran distribuidos por varios sujetos en zona sur y oeste del Conurbano, La Plata y también en CABA. Por eso se efectuaron vigilancias y seguimientos encubiertos, de personas y rodados, que motivaron posteriores órdenes de registro.
Al momento, la Justicia no emitió ninguna orden de detención. “Todavía se realizan las tareas de clasificación de los materiales incautados y se espera el resultado de varias diligencias aún en trámite”, expresó un funcionario con llegada al expediente.
