Integrantes de la “Asociación del Rifle II La Plata”, cuyo nombre de fantasía es “Asociación del Rifle Argentina” y tiene, desde octubre pasado, personería jurídica aprobada en la Provincia de Buenos Aires, pelea en favor del "derecho de todo ciudadano a tener un arma de fuego". Consideran que se trata de una atribución constitucional, reflejada en el artículo 21 de nuestra Carta Magna: “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional (...)”.
El problema, dijeron, es que el alto costo de los trámites para validar los permisos cercena cualquier posibilidad de tener un arma de manera legal. Según registros oficiales, en la Ciudad existen en la actualidad 20.527 legítimos usuarios de armas de fuego (de todo tipo), pero solo el 50 por ciento habría validado la documentación respaldatoria por los altos tributos exigidos. Así, el resto se encontraría con las credenciales vencidas.
Esta cuestión impulsó la interposición de una acción de amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 2, Secretaria Nº 3, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, contra la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
Según surge de la presentación, el reclamo de la “Asociación del Rifle II La Plata” apunta “contra la Resolución 204/2022, dictada el 22 de diciembre de 2022, por la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la cual, de manera arbitraria (...) se aprobó una actualización de aranceles (...), se incrementaron los montos máximos de las multas (...), se estableció una unidad ANMaC para la determinación del valor de los formularios y trámites (...) y “se aprobó un instructivo de sanciones pecuniarias ”, entre otras cuestiones.
En su escrito, la entidad plantea que “dicho cuerpo normativo de carácter sublegal, ha sido dictado – tal y como será descrito posteriormente – con manifiesta ilegalidad y arbitrariedad, en
abierta suplantación de atribuciones que no le han sido conferidas a la Agencia Nacional de Materiales Controlados por el Congreso de la República ni por el Ejecutivo Nacional, y su entrada en vigencia constituye una inminente amenaza al derecho de propiedad que tienen nuestros socios y todos los legítimos portadores de rifles y armas de la República Argentina, por lo que solicitaremos se deje sin efecto de manera inmediata, por inconstitucional, la referida resolución”.
La Asociación del Rifle II La Plata asumió en la acción de amparo una representación colectiva de “todos aquellos legítimos tenedores de rifles y armas de fuego de uso civil que habitan en la República Argentina”.
“En el caso que nos convoca, la causa generadora del daño masivo radica en el dictado de normas que establecen supuestos de hecho antijurídicos y sanciones pecuniarias (multas) para sancionar tales supuestos de hecho; incremento de las multas máximas y elevan los montos de las tasas correspondientes para atender los servicios administrativos y técnicos basados en índices de precios al consumidor, sin que el ente que las dicta sea competente conforme la Constitución y las Leyes para hacerlo, ni esté permitida la aplicación de este mecanismo técnico para el caso de las tasas y aranceles”, dijeron.
“Así pues, la conducta antijurídica e inconstitucional en que ha incurrido la Agencia Nacional de Materiales Controlados al promulgar una resolución sin tener expresas atribuciones para hacerlo y su próxima entrada en vigencia, amenaza con lesionar de manera directa los intereses económicos de los legítimos portadores de rifles y armas de fuego de la República Argentina, y como derivación de ello vulnera sus derechos fundamentales al verse comprometido su derecho de propiedad”.
"NO FOMENTAMOS EL ARME CIVIL"
Al crear la Asociación del Rifle II La Plata, sus integrantes aclararon que “no fomentamos el arme civil. Solo defendemos el derecho constitucional de poder acceder de manera lícita a un arma de fuego”.
En la misma línea, destacaron que “no buscamos la libre tenencia y la libre portación. Todo lo contrario. Es algo que está controlado por el Estado”. Respecto de las armas existentes en el mercado negro, mencionaron que “es algo que no se puede calcular”.
“Igual, insistimos en el concepto. Lo nuestro va por el carril contrario a esa falta de registración. Queremos que se respete la Constitución y los pactos internacionales y nos permitan ejercer libremente el derecho de poder tener un arma para defender a la Patria y a nuestra familia”, mencionaron.
Actualmente (y desde siempre) son muchos los requisitos que un ciudadano debe cumplir para acceder al permiso que le otorga el Estado Nacional de comprar un arma de fuego. Tanto que, una vez que se obtiene la credencial, esa persona pasa a ser controlada.
“El propio Estado sabe donde vivimos, guardamos las armas, de qué tipo, qué trabajo tenemos, nuestros ingresos, los antecedentes y la condición psicofísica. Por tal motivo, nos oponemos rotundamente a seguir burocratizando el circuito administrativo que demanda la ley para acceder a la credencial de legítimo usuario y, por ende, a la tenencia y/o portación de un arma lícita”, concluyeron a la espera de que la Justicia les dé la razón y ordene, como medida cautelar, que se derogue la resolución atacada.
