En un país como el nuestro, no es raro que en la calle circulen preguntas que nadie formula en buena parte del mundo, allí donde 30, 50, o 200 años de cárcel no son otra cosa que eso: 30, 50 o 200 años preso, más allá de particularidades o excepciones previstas en leyes que no bailan al compás de los ritmos políticos o sociales.
Es por eso que a nadie extrañó que ayer, tras conocerse la condena a perpetua para cinco de los asesinos de Fernando Báez Sosa (18), la mayoría de las personas se preguntaran cuándo podrían recuperar la libertad. Lo que contempla la ley es que Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Luciano Pertossi (21) y Ciro Pertossi (22) estén presos durante los próximos 47 años de su vida, sin chances de acceder a salidas transitorias o a la libertad condicional, salvo que algún tribunal superior -Casación Bonaerense o las Cortes, provincial y nacional- alivie la condena que recibieron de los jueces de Dolores.
Parece difícil, si no se cambia la calificación del delito. Es que para el homicidio doblemente agravado (en este caso por su comisión con alevosía y el concurso premeditado por dos o más personas), el Código Penal sólo contempla la prisión perpetua. Y aunque no todos los delitos penados con perpetua tienen inhabilitada la condicional o libertad anticipada, el homicidio agravado, sí. Dicho más fácil: no hay curso, ni conversión religiosa ni buena conducta que les abra la puerta con la ayuda de un juez de Ejecución Penal.
Así lo estipularon las reformas complementarias realizadas en 2017 a la llamada Ley Blumberg de 2004, que prohibieron estos beneficios para estas condenas, al cumplir los 35 años de prisión. La Ley Blumberg fijaba el límite de los 50 años.
Así las cosas, sólo tres de los acusados de este caso emblemático están en condiciones de ver algo de luz al final del túnel. Sentenciados a 15 años como "partícipes secundarios" del crimen de Fernando, Blas Cinalli (21) Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (23) podrían acceder a salidas transitorias en cuatro años y medio, porque llegarían a la mitad de la condena al sumar los tres años que ya llevan presos. En siete años, es decir, en 2030, podrían obtener la libertad condicional al alcanzar las 2/3 partes de de la pena.
Todo esto, de nuevo, si los tribunales superiores mantienen firme la condena dictada ayer en Dolores, ya que la fiscalía y los abogados que representan a los padres de Fernando ya confirmaron que apelarán el fallo para que los 8 imputados reciban la misma y máxima condena.
De cualquier modo, todavía no pasaron ni dos décadas desde las últimas reformas, de modo que podría haber nuevos cambios a la letra de la norma o jueces que opinen ante un caso concreto, una vez que los condenados a perpetua por homicidios agravados de los últimos años alcancen la sumatoria prevista para los morigeraciones en otros delitos.
¿Entonces? Todo puede pasar. Porque esto es Argentina, donde no es descabellado preguntar cuándo podría volver a la calle alguien que acaba de recibir la máxima pena prevista en el Código Penal Nacional.
