Felicitas Alvite, más conocida como “la Toretto de La Plata”, debió asistir a una audiencia en la sede de los tribunales, en la que la jueza Marcela Garmendia quiso escuchar a las partes en la causa que tiene a la joven acusada y detenida por la muerte de un motociclista en un incidente vial, ocurrido el pasado 12 de abril en la esquina de 13 y 532. La magistrada convocó a la audiencia antes de definir si le dicta a Alvite la prisión preventiva o la falta de mérito y si mantiene al frente de la pesquisa al fiscal Fernando Padovan, que fue recusado por la defensa. Tiene tiempo hasta mañana para resolver.
Respecto de la audiencia, trascendió que Alvite “se la pasó llorando” y, cuando le dieron la oportunidad de hablar, “pidió perdón”. Además de la acusada, estuvieron presentes sus abogados, Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri; los representantes del particular damnificado (la familia de la víctima, Rubén Walter Armand), Fernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola; el titular de la UFI Nº 12 y los padres de Alvite. A su turno, cada uno se expresó ante la jueza Garmendia.
Padovan se mantuvo en sus convicciones, que lo llevaron a requerir la preventiva y, eventualmente, la elevación a juicio de la causa, y rechazó los cargos en su contra para ser corrido de la investigación. La defensa insistió en que el fiscal no cuenta con elementos para requerir la preventiva, por las pruebas que se produjeron a partir de la detención de “la Toretto”, sobre todo las testimoniales, que a su criterio echaron por tierra la idea de la picada.
También volvieron a hablar de que Alvite no se escapó, colaboró y reconoció su error y que no está acreditado en autos el homicidio simple con dolo eventual. El particular damnificado, por su parte, apoyó el trabajo fiscal, lo ponderó y entendió que Alvite debe continuar presa hasta el juicio oral.
Se supo que la joven, antes de la audiencia, fue asistida por los médicos de la Alcaidía, quienes aconsejaron que continúe con el tratamiento en base a clonazepam, ya que no advirtieron las afecciones de salud que denunciaron sus representantes letrados. Ahora, la jueza Garmendia tiene la última palabra.
